Legisladores de Estados Unidos impulsan una ley para frenar las tácticas de represión de China e Irán en territorio nacional

El Senado de Estados Unidos recibió el martes 14 de julio un proyecto de ley bipartidista para elevar las penas contra agentes de gobiernos extranjeros que persigan, acosen o amenacen a personas dentro del país. La iniciativa, presentada por el senador demócrata Adam Schiff y el republicano John Curtis, responde directamente a la entrada en vigor, el 1 de julio, de la ley china de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnico, norma que Beijing reivindica como base jurídica para actuar contra disidentes más allá de sus fronteras.

La propuesta, bautizada Stop Transnational Repression Act, introduciría por primera vez una definición federal de esa práctica —todo esfuerzo de un agente de un Estado extranjero para “acosar, coaccionar o amenazar a una persona, incluso mediante la fuerza o el temor razonable a la muerte”— y añadiría hasta diez años adicionales de prisión a quienes sean hallados culpables. Asesores del Senado confirmaron a Reuters que la norma china fue un factor determinante en la presentación del proyecto.

“Se trata de un esfuerzo bipartidista para contrarrestar una amenaza nacional que no hace más que crecer, con intentos cada vez más audaces de países como China por extender su intimidación”, declaró Schiff. Curtis calificó la represión transnacional de “ataque a nuestra soberanía y nuestras libertades”.

La ley que detonó la iniciativa fue aprobada en marzo de 2026. Su artículo 63 establece que organizaciones e individuos fuera de China pueden ser considerados legalmente responsables si han “socavado la unidad étnica” o “incitado a la división étnica”. El viceministro de Justicia chino, Hu Weilie, confirmó el 24 de junio la vocación extraterritorial de la norma, y expertos en derechos humanos de la ONU advirtieron en abril de sus “graves implicaciones” para la autonomía cultural y religiosa de uigures, tibetanos y mongoles.

El portavoz de la embajada china en Washington, Liu Chang, rechazó la premisa del proyecto. Según Reuters, Liu afirmó que el concepto de represión transnacional es “completamente fabricado” y que el gobierno chino “respeta estrictamente el derecho internacional y la soberanía en materia de aplicación de la ley de otros países”.

La iniciativa acumula precedentes judiciales. En mayo de 2026, un jurado federal en Brooklyn declaró culpable a Lu Jianwang, ciudadano estadounidense de 64 años, de actuar como agente no registrado del gobierno chino. Los fiscales probaron que Lu abrió y operó desde enero de 2022 una comisaría encubierta en el barrio chino de Manhattan bajo órdenes del Ministerio de Seguridad Pública chino. El FBI recuperó un cartel con la inscripción “Estación de Servicio al Exterior de la Policía de Fuzhou, Nueva York, EEUU”. Lu enfrenta una pena máxima de treinta años. En un caso vinculado a Irán, dos hombres fueron condenados este año a diez y quince años respectivamente por una conspiración para asesinar a un activista iraní-estadounidense de derechos humanos.

Freedom House ha documentado 1.219 incidentes físicos de represión transnacional entre 2014 y 2024, perpetrados por 48 gobiernos en 103 países. China encabeza ese recuento con 272 casos —el 22% del total—, con métodos que van desde asesinatos y secuestros hasta deportaciones ilegales. Los blancos preferentes son activistas prodemocracia, disidentes y minorías étnicas: uigures, tibetanos y comunidades favorables a Taiwán, que denuncian el envío sistemático de agentes para vigilarlas e intimidarlas fuera de China.

Si el proyecto prospera, los tribunales federales contarían por primera vez con una herramienta penal diseñada para perseguir esas operaciones en suelo propio. El historial reciente —comisarías clandestinas, complots de asesinato orquestados desde el exterior, redes de vigilancia sobre diásporas— indica que esa laguna legal tiene costes concretos.