La Corte Suprema habilitó a la administración de Trump a poner fin a las protecciones para haitianos y sirios

La sentencia revierte fallos de tribunales federales y habilita que las autoridades retiren el Estatus de Protección Temporal (TPS) a más de 350.000 personas de Haití y a unas 6.100 de Siria

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El juez Samuel Alito afirmó que la ley bloquea la revisión judicial de las decisiones del secretario de Seguridad Nacional sobre la designación, extensión o fin del TPS (REUTERS/Brian Snyder).
El juez Samuel Alito afirmó que la ley bloquea la revisión judicial de las decisiones del secretario de Seguridad Nacional sobre la designación, extensión o fin del TPS (REUTERS/Brian Snyder).

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que el gobierno podrá cancelar las protecciones humanitarias temporales para inmigrantes haitianos y sirios que residen legalmente en el país, una decisión que abre la puerta a deportaciones desde este año, informaron Reuters y CBS News.

El impacto excede a esos dos grupos. Según The Washington Post, la resolución puede repercutir sobre 1 millón de inmigrantes de 17 países que tenían Estatus de Protección Temporal (TPS) cuando Donald Trump volvió a la Casa Blanca.

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Incluso, el Departamento de Seguridad Nacional ya intentó dejar sin efecto las protecciones para 13 de esos países, entre ellos Haití y Siria, además de otros que el Departamento de Estado considera de alto riesgo.

El fallo refuerza la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional sobre el TPS

Tras la asunción de Trump, Kristi Noem, entonces secretaria de Seguridad Nacional, adoptó medidas para anular las designaciones de TPS de Siria y Haití. Argumentó que mantener ese estatus iba en contra de los intereses nacionales de Estados Unidos, indicó Reuters.

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Jueces federales en Nueva York y Washington impugnaron la cancelación del programa para más de 350.000 haitianos y unos 6.100 sirios. Sin embargo, el nuevo fallo revierte esas decisiones con el fundamento de que los jueces no tienen autoridad para revisar las determinaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre la terminación del TPS.

De acuerdo con The Washington Post, la administración de Trump argumentó que la ley impide cualquier revisión judicial de las determinaciones del secretario de Seguridad Nacional sobre la designación, extensión o terminación de ese estatus. El juez Samuel Alito escribió que el texto legal es “claro” y que su significado es “muy amplio”.

La exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, argumentó que mantener el estatus de TPS a haitianos y sirios iba en contra de los intereses nacionales de Estados Unidos (AP/Rebecca Blackwell).
La exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, argumentó que mantener el estatus de TPS a haitianos y sirios iba en contra de los intereses nacionales de Estados Unidos (AP/Rebecca Blackwell).

En desacuerdo con la mayoría, la jueza Elena Kagan, acompañada por Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, sostuvo que el fallo implica que el gobierno no necesita cumplir con los procedimientos previstos en otras disposiciones de la ley.

Kagan, citada por The Washington Post, advirtió sobre el efecto práctico de la sentencia: “Después de hoy, una secretaria puede anunciar al mundo que no consultó con nadie, más aún, que no evaluó en absoluto las condiciones del país antes de decidir, extender o terminar una designación de TPS. Los tribunales no tendrán poder para intervenir, a pesar de que el Congreso dotó a la ley del TPS de requisitos sobre la forma (completamente diferente) en que la Secretaria debe tomar su decisión”.

La decisión también restringe futuras impugnaciones sobre otras revocaciones del mismo estatus. El fallo limita la capacidad de los inmigrantes y de las organizaciones que los representan para demandar al gobierno por supuestas violaciones de la ley federal al terminar el programa, precisó CBS News.

La jueza Elena Kagan advirtió que la sentencia permite terminar el TPS sin evaluar las condiciones del país y sin control de los tribunales (REUTERS/Evelyn Hockstein).
La jueza Elena Kagan advirtió que la sentencia permite terminar el TPS sin evaluar las condiciones del país y sin control de los tribunales (REUTERS/Evelyn Hockstein).

La contradicción del fallo con las advertencias del gobierno

El TPS fue creado por el Congreso en 1990 para proteger de la deportación a personas procedentes de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras crisis extraordinarias. La cobertura permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos por hasta 18 meses. Para ello, exige no tener antecedentes penales graves, pagar tasas y superar controles de antecedentes, detalló The Washington Post.

Haití fue incorporado al programa en 2010, tras el terremoto de magnitud 7.0, y su designación se extendió luego a quienes llegaron más tarde, en un contexto marcado además por el asesinato de su presidente en 2021 y la expansión de la violencia de las pandillas.

Siria ingresó al programa en 2012, en plena represión del régimen de Bashar al-Assad. En septiembre, la entonces secretaria Noem puso fin al TPS para aproximadamente 6.000 sirios al considerar que, tras la caída del régimen de Assad en 2024 y con una guerra civil reducida a episodios “esporádicos” y “aislados”, podían regresar a su país.

Los demandantes señalaron que el Departamento de Estado advierte a los ciudadanos estadounidenses no viajar ni a Haití ni a Siria por riesgos de terrorismo, secuestro y conflicto armado. Esas alertas, citadas por The Washington Post, incluso aconsejaban establecer protocolos de “prueba de vida” en caso de toma de rehenes.

El Departamento de Estado desaconseja viajar a Haití y Siria por riesgos de terrorismo, secuestro y conflicto armado (REUTERS/Annabelle Gordon).
El Departamento de Estado desaconseja viajar a Haití y Siria por riesgos de terrorismo, secuestro y conflicto armado (REUTERS/Annabelle Gordon).

La mayoría descartó que hubiera prueba suficiente de sesgo racial

Según CBS News y The Washington Post, el tribunal rechazó el planteo de los demandantes haitianos de que la decisión de terminar su TPS estuvo motivada por prejuicios raciales. Como prueba, habían citado las afirmaciones de Trump sobre residentes haitianos en Springfield, Ohio, a quienes acusó de matar y comer las mascotas de sus vecinos, además de su frase sobre inmigrantes que estarían “envenenando la sangre” del país.

Alito escribió que esos comentarios no demostraban que la decisión del gobierno hubiera estado impulsada por la raza. La mayoría concluyó que las justificaciones de la administración eran neutrales en ese punto y reflejaban una “evidente antipatía” hacia cómo gobiernos anteriores habían aplicado el TPS.

El magistrado reconoció el tono de esas expresiones públicas, pero determinó: “Independientemente de lo que se piense de las declaraciones citadas, son insuficientes para demostrar que la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) de Haití se basó en la raza del pueblo haitiano”.

Kagan, citada por Reuters, arremetió con dureza: “Las referencias a la suciedad, la enfermedad y el primitivismo están plagadas de estereotipos y clichés raciales. Es difícil imaginar que se hagan declaraciones similares sobre cualquier comunidad blanca hoy en día”.

A su vez, agregó: “Las declaraciones, tanto por sus connotaciones raciales implícitas como explícitas, dejan claro que la raza influyó en la decisión del Presidente de expulsar a los haitianos de este país”.

Por su parte, la Casa Blanca celebró la decisión del Tribunal Supremo a través de su portavoz, Abigail Jackson, citada por CBS News: “Nunca se concibió como una vía para obtener la residencia permanente o legal y su decisión queda a discreción del Secretario de Seguridad Nacional. La administración Trump continúa poniendo fin, dentro del marco legal, a los graves abusos contra nuestro sistema de inmigración que han perjudicado a los estadounidenses durante años”.

La sentencia supone una victoria para la agenda de Trump de restringir tanto la inmigración irregular como las vías legales de permanencia. Este mismo jueves, la Corte también resolvió que los migrantes del lado mexicano de la frontera sur no tienen derecho a solicitar asilo.

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