La Corte Suprema de Estados Unidos habilita a los estados a prohibir la participación de atletas transgénero en equipos femeninos

La Corte Suprema de Estados Unidos estableció este martes un precedente nacional al permitir que los estados limiten la participación de atletas transgénero en equipos femeninos, una decisión que modifica el marco legal del deporte escolar y universitario en el país.

La sentencia refiere directamente a leyes de Virginia Occidental e Idaho, pero su alcance se extiende a otros 25 estados con regulaciones similares.

Según informó The New York Times, la resolución define el alcance del Título IX de la ley federal de educación y la cláusula de igual protección de la Constitución en el ámbito deportivo.

Un nuevo estándar legal para el deporte femenino

En el fallo, la Corte Suprema determinó que las instituciones educativas pueden definir la elegibilidad para equipos femeninos en función del sexo biológico. La opinión mayoritaria, redactada por el juez Brett Kavanaugh y respaldada por John Roberts (presidente), Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, revocó decisiones previas de tribunales de apelación y ordenó la reapertura de los procesos en instancias inferiores.

La sentencia interpreta que el término “sexo” en el Título IX, así como en la enmienda Javits y su reglamentación, se refiere estrictamente al sexo biológico en el contexto de la competencia deportiva.

De acuerdo con The New York Times, el tribunal consideró que esta interpretación responde a la intención legislativa original y a la estructura histórica de la normativa federal, que desde hace décadas permite equipos separados por sexo en función de la habilidad competitiva o el tipo de disciplina.

En el texto oficial del veredicto se afirma que el Título IX autoriza a las escuelas a mantener equipos femeninos y masculinos determinados por el criterio biológico y que, por lo tanto, los estados pueden reservar los deportes femeninos a mujeres biológicas.

El fallo subraya que la normativa federal ya contemplaba la separación de equipos y que esa estructura reconoce “las diferencias físicas entre hombres y mujeres biológicos”.

Consecuencias en la política deportiva y en la vida escolar

Durante los últimos seis años, 27 estados aprobaron leyes para reservar los deportes femeninos a mujeres biológicas. La sentencia del máximo tribunal se conoce tras una serie de debates y reformas en organismos como la NCAA (National Collegiate Athletic Association), el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos y el Comité Olímpico Internacional (COI), que en 2025 y 2026 introdujeron restricciones similares en sus reglamentos, según detalló The New York Times.

Los estados que impulsaron estas leyes argumentaron que la segregación por sexo biológico garantiza la seguridad y la equidad competitiva en el deporte femenino. El tribunal validó estos fundamentos al considerar que las diferencias físicas justifican la limitación de los equipos femeninos a mujeres biológicas y que esa política cumple con la exigencia constitucional de la igual protección ante la ley.

La sentencia también niega la obligación de establecer excepciones para atletas transgénero que hayan recibido bloqueadores de pubertad u hormonas. Según el documento judicial, “ni el Título IX ni sus reglamentos exigen ese tipo de excepción”, y evaluar caso por caso el impacto del tratamiento hormonal en el rendimiento resultaría “casi imposible de administrar de manera equitativa”. La Corte asignó a los legisladores y a las autoridades educativas la responsabilidad de fijar los criterios de elegibilidad.

En el caso de Virginia Occidental, la ley analizada fue la Save Women’s Sports Act, sancionada en 2021, que prohíbe que estudiantes varones participen en equipos femeninos y define el sexo por la biología. En Idaho, la Fairness in Women’s Sports Act, promulgada en 2020, establece lineamientos equivalentes.

Debate constitucional, posturas disidentes y desafíos de implementación

En el plano constitucional, la Corte Suprema sostuvo que las clasificaciones por sexo son válidas si muestran una “relación sustancial” con un objetivo gubernamental importante, como la seguridad o la equidad competitiva.

El tribunal descartó trasladar el precedente de Bostock v. Clayton County —relativo a la discriminación laboral por identidad de género bajo el Título VII— al ámbito deportivo, señalando que el contexto laboral y el de la competencia atlética presentan diferencias sustanciales, según The New York Times.

La jueza Sonia Sotomayor, acompañada por Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, manifestó una opinión parcialmente disidente. Si bien coincidió en que la demanda basada en el Título IX no prosperaba, consideró prematuro cerrar el expediente en relación con la cláusula de igual protección.

Sotomayor remarcó que, en situaciones como la de Becky Pepper-Jackson —una estudiante transgénero que inició su transición social en tercer grado, recibió bloqueadores de pubertad y hormonas, y buscó competir en equipos femeninos—, los tribunales debían analizar si estas atletas mantienen o no ventajas físicas relevantes.

Durante el proceso, Pepper-Jackson participó en competencias escolares y obtuvo el campeonato estatal de lanzamiento de bala femenino Clase AAA y el título regional en ambas pruebas en Virginia Occidental, conforme consta en el expediente judicial.

La sentencia deja abierto un interrogante sobre la aplicación práctica de la nueva doctrina: cómo verificarán las escuelas y las autoridades deportivas quién cumple con la definición de “niña” o “mujer” establecida por la Corte. Este desafío afecta a escuelas primarias, secundarias y preparatorias en todo el país y aún no está claro si se implementarán controles generales o selectivos sobre las atletas.

Con esta decisión, la Corte Suprema configura un marco legal que coloca el sexo biológico como criterio central para definir la elegibilidad en el deporte escolar y universitario en Estados Unidos, con efectos directos en el acceso, la participación y las políticas educativas en todo el territorio nacional.