Florida propone ampliar la exención de impuestos para propietarios, pero el plan podría terminar encareciéndole el alquiler a quienes no tienen casa propia. Esa es la advertencia que lanza un grupo de críticos, economistas y organizaciones de vivienda ante una enmienda constitucional que los votantes del estado deberán aprobar o rechazar en noviembre.
El Florida Policy Institute (FPI) calcula que, si la enmienda pasa, los gobiernos locales de todo el estado perderían cerca de USD 4.800 millones en ingresos por impuestos a la propiedad. Solo el condado de Martin perdería más de USD 67 millones.
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Para cubrir ese faltante, los municipios tendrían tres salidas: recortar servicios, usar sus reservas o subir las tasas impositivas.
Qué propone la enmienda y a quién beneficia
La propuesta del gobernador Ron DeSantis eleva la exención de homestead —el beneficio fiscal para viviendas habitadas por sus dueños— a USD 150.000 el primer año y a USD 250.000 el siguiente.
Los propietarios con esa exención quedarían protegidos incluso si los municipios suben las tasas. El agente inmobiliario Michael Caputo lo explicó a WPTV: “No les debería afectar en absoluto”.
El problema está en quienes quedan fuera del beneficio. Los propietarios de inmuebles en alquiler no acceden a la exención de homestead y, si las tasas suben, asumirían ese costo, según FPI.
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El riesgo para los inquilinos
Caputo reconoció ante WPTV que los arrendadores podrían trasladar ese gasto a sus inquilinos: “Eso podría pasar. Somos el punto cero de donde todos quieren estar”.
Los inquilinos ya enfrentan dificultades para acceder a vivienda asequible. Un análisis del Senado de Florida de 2025 encontró que solo hay 24 unidades de alquiler accesibles y disponibles por cada 100 arrendatarios de ingresos extremadamente bajos.
En Miami-Dade, más de la mitad de los hogares son de alquiler —alrededor de 515.000 unidades sobre un total de más de un millón, según datos de 2025 del Miami-Dade Beacon Council—.
El consejo editorial del Miami Herald señaló que esos inquilinos “están entre los más agobiados por los costos en el país” y que la propuesta no les ofrece ningún alivio directo.
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Lo que ven quienes trabajan con familias vulnerables
Mike Readling, director ejecutivo de Habitat for Humanity del condado de Martin, dijo que el 95% de las personas que llegan a pedir ayuda son inquilinos. “La situación habitacional es muy grave”, dijo a WPTV. “Ha empeorado progresivamente. Llegan familias todos los días”, agregó.
Para Readling, la rebaja fiscal no alcanza a la población que su organización atiende: “No les va a ayudar en absoluto”.
El abogado John Tolley coincidió en que los gobiernos locales tendrán opciones limitadas si los ingresos caen. “Es una posibilidad si se encuentran en una posición en la que no tienen tanto dinero como el que necesitan actualmente”, dijo a WPTV.
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La medida que podría amortiguar el impacto en los alquileres
La enmienda también incluye una medida que podría amortiguar el impacto sobre los alquileres. El tope anual de aumento en el valor imponible de propiedades no residenciales —como edificios de apartamentos, locales comerciales y terrenos vacíos— bajaría del 10% al 5% a partir de 2027.
El abogado Tolley ve ahí un contrapeso: “El hecho de que puedas tener menos impuestos podría generar una tendencia a que los alquileres bajen incluso más de lo que estaban antes”.
El agente inmobiliario Caputo también considera probable que muchos municipios no suban las tasas. Y si los arrendadores enfrentan mayores costos, dice, el mercado podría equilibrarse por oferta y demanda: “Si no les funciona, tendrán que reajustar sus precios”.
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Las voces críticas y el umbral que debe superar
El editorial del Miami Herald advierte que la propuesta podría generar nuevas tarifas y cobros por servicios que hoy son gratuitos —como el uso de parques o bibliotecas— y que el mayor golpe lo recibirían los residentes de menores ingresos.
Esteban Santis, director de investigación del Florida Policy Institute, escribió en su análisis que “para compensar la pérdida de ingresos, las localidades tendrían que aumentar impuestos y tarifas o hacer recortes presupuestarios, lo que en la práctica llevaría a un traslado de costos”.
La enmienda necesita el respaldo del 60% de los votantes para entrar en vigor. Los inquilinos, que representan más de la mitad de los hogares en condados como Miami-Dade, serán parte de ese electorado.
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