Sin agua segura ni autoridades: el pequeño pueblo de Colorado que perdió su gobierno y fue declarado abandonado

Hartman, un pueblo de Colorado donde viven apenas 30 personas, fue declarado abandonado por el Departamento de Estado. Sus calles, sus bienes y hasta la red de agua quedaron bajo control del Condado de Prowers.

De acuerdo con Newsweek, la resolución formal se emitió el 28 de julio, después de una solicitud presentada en junio por una residente. La mujer alegó que la localidad ya no tenía junta de fideicomisarios ni secretaria municipal, que no podía organizar comicios y que tenía problemas con su infraestructura de agua.

Desde enero de 2026, cuando renunciaron todos los integrantes del gobierno local de entonces, Hartman quedó sin funcionarios con autoridad para aprobar contratos, desembolsar dinero, designar reemplazos, certificar elecciones o decidir sobre su red de agua.

La crisis del agua y el cambio legal que habilitó la declaración de abandono

El problema no era solo institucional. El pueblo permaneció bajo una recomendación de hervir el agua desde octubre de 2025 y, según la oficina de la secretaria de Estado, el sistema necesita análisis, cloro y la reparación o sustitución del tanque de almacenamiento.

La orden del subsecretario de Estado Andrew Kline sostuvo que no declarar abandonado al municipio habría dejado a los vecinos en un “limbo legal” en caso que ocurran situaciones que comprometan la salud pública: “El abandono es el único mecanismo legal en la ley de Colorado que crea una vía para que los residentes de la zona reciban agua potable limpia”.

La medida no significa que el lugar quedó deshabitado, sino que los residentes continúan allí, pero la municipalidad dejó de existir jurídicamente para que sus funciones y activos públicos pasaran al Condado de Prowers.

Antes de este año, la ley de Colorado exigía, en general, un período de cinco años sin elecciones, funcionarios o gobierno operativo antes de permitir una declaración de abandono. Ese esquema cambió en mayo de 2026, cuando una enmienda creó una excepción para municipios sin junta ni secretaria, incapaces de celebrar elecciones y propietarios de infraestructura hídrica esencial.

El cambio legal permitió acelerar el proceso en Hartman. La solicitud se entregó el 17 de junio y la audiencia se anunció para el 13 de julio, con avisos colocados en el ayuntamiento, la oficina postal, una tienda de la vecina localidad de Holly y el sitio web de la secretaría.

La audiencia expuso fallas legales, financieras y operativas en el colapso del pueblo

Durante la presentación de pruebas documentales, uno de los grupos que se opuso a la declaración señaló que varias agencias estatales y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) conocían el deterioro del sistema de agua y decidieron no intervenir, informó FOX21.

En su postura, el grupo expresó que el colapso no respondió a una mala gestión puramente local, sino a tres fallas superpuestas: un problema en una infraestructura federal financiada por el USDA, una estructura de préstamo y bonos cuestionada y un marco legal de Colorado sin mecanismos para actuar cuando un pueblo pequeño pierde un gobierno funcional.

La oficina de la secretaria de Estado explicó en la audiencia que la legislación estatal no prevé cómo intervenir cuando una ciudad estatutaria pierde quórum, cómo restaurar su gobierno si no puede celebrar elecciones, cómo nombrar autoridades temporales, cómo asistir a los residentes cuando el municipio deja de funcionar o cómo responder al colapso de infraestructura en pueblos sin sistema operativo.

Por otro lado, según The Denver Post, citado por Newsweek, el trasfondo político incluyó disputas internas, acusaciones de fraude y un altercado físico tras una reunión de la junta de fideicomisarios. Esa dinámica hizo que autoridades cercanas y potenciales operadores del sistema de agua se mostraran reacios a involucrarse.

La crisis también bloqueó el acceso práctico a fondos ya disponibles. Cuando el agua potable fue considerada un peligro, Hartman recibió más de USD 1 millón en subvenciones para reparar el sistema. No obstante, no pudieron asegurar contratos para utilizar ese dinero porque ya no tenía un gobierno en funciones, informó WJLA, afiliada de ABC.

Para los residentes, la vida diaria sigue marcada por la falta de agua segura

La declaración legal no resolvió de inmediato la situación cotidiana. Shawna Casey, una de las residentes que se opuso a la petición, contó a Newsweek que muchos vecinos aún dependen del agua embotellada para beber y cocinar mientras esperaban una solución de largo plazo.

Casey agregó que algunos residentes mayores o con discapacidad enfrentan obstáculos para conseguir agua segura y dependen de familiares, cuidadores o servicios de entrega.

“Se ha dejado a cada persona la tarea de abastecerse de su propia agua”, afirmó Casey. “Tengo una lesión en la espalda y no puedo levantar bidones de cinco galones, así que me veo obligada a hacer pedidos para retirar en Walmart y a que carguen el auto con un paquete de agua; cuando llego a casa, entro unas pocas botellas cada vez.”

Asimismo, la residente criticó que la comunicación oficial fue insuficiente desde el comienzo del proceso y que la ayuda prometida todavía no llegó.

Por otro lado, subrayó que la ley aprobada en mayo asigna responsabilidades a los gobiernos estatal y local para mantener servicios esenciales después de declarar abandonado a un pueblo. Sin embargo, no posee un mecanismo claro para hacerlas cumplir ni una vía operativa para prestar esa asistencia.

“Cuando una ley asigna responsabilidades, pero no prevé su cumplimiento, ni financiación, ni un mecanismo operativo, los residentes acaban en una situación peor que antes”, concluyó.