Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una campaña para revocar la ciudadanía a inmigrantes naturalizados acusados de haber obtenido su estatus mediante fraude, crímenes graves o vínculos con terrorismo. La administración de Donald Trump anunció que el operativo incluye casos en tribunales federales de todo el país, con acciones dirigidas a ciudadanos nacidos en el extranjero provenientes de Bolivia, China, Colombia, Gambia, India, Irak, Kenia, Marruecos, Nigeria, Somalia y Uzbekistán.
Los países mencionados figuran entre los principales orígenes de nuevos ciudadanos naturalizados en la última década en Estados Unidos, según estadísticas del propio Departamento de Justicia: juntos concentraron más del 40% de personas naturalizadas en ciertos periodos recientes, representando así una muestra relevante del universo afectado.
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La medida representa un cambio en la política migratoria y marca una diferencia respecto a gobiernos anteriores, que habían recurrido a la desnacionalización de manera muy limitada. CBS News informó que, entre 1990 y 2017, el promedio anual de procesos de este tipo era de apenas 11 casos, mientras que ahora el gobierno impulsa decenas de demandas de forma simultánea.
Según el Departamento de Justicia, quienes pierden la ciudadanía quedan privados de todos los derechos legales asociados y pasan a estar sujetos a deportación inmediata.
Perfiles de los afectados y casos emblemáticos
La lista de personas en la mira de las autoridades incluye perfiles con fuerte exposición pública y judicial. Entre ellos se encuentra un sacerdote colombiano, condenado por abuso sexual de un menor. También aparecen un ciudadano de Marruecos acusado de tener lazos con Al Qaeda, un inmigrante de Somalia que admitió haber brindado apoyo material a Al Shabaab —grupo considerado terrorista por Estados Unidos— y un exagente de policía de Gambia investigado por crímenes de guerra.
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El gobierno también detalló casos de individuos que, según la acusación, usaron identidades falsas para acceder a beneficios migratorios y un hombre señalado por haber participado en matrimonios ficticios para obtener la residencia.
En paralelo, el Departamento de Justicia busca quitar la ciudadanía a Manuel Rocha, exdiplomático estadounidense que admitió haber actuado como espía para Cuba, en un caso de alto perfil judicial.
De acuerdo con The Boston Globe, el diario regional, la ofensiva constituye una “escalada significativa” en el uso de la desnacionalización, ya que el volumen de casos recientes supera ampliamente la práctica histórica y refleja una política coordinada desde el más alto nivel federal.
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Procedimiento legal y fundamentos normativos
El proceso de desnacionalización exige una acción judicial directa: los abogados del Departamento de Justicia presentan demandas civiles o penales ante cortes federales y deben demostrar ante un juez que la ciudadanía se obtuvo mediante fraude, ocultamiento de información relevante o violaciones graves a la ley migratoria. Si el tribunal acepta los argumentos del gobierno, la persona pierde su nacionalidad estadounidense y recupera el estatus legal previo, generalmente como residente permanente.
La pérdida de ciudadanía implica la pérdida automática de derechos como votar, acceder a programas sociales y la protección diplomática. Además, los nuevos residentes permanentes quedan expuestos a la deportación si incurrieron en delitos graves, según lo establece la ley estadounidense.
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El fundamento legal principal es, según el artículo 8 del Código de EE. UU. (U.S.C.) § 1451(a), que permite revocar la ciudadanía si se demuestra que fue obtenida ilegalmente o mediante fraude. En un memorando oficial de junio de 2025, el Departamento de Justicia instruyó a sus fiscales a priorizar las acciones contra personas vinculadas a terrorismo, crímenes graves, organizaciones criminales y fraudes migratorios.
Este documento, disponible en el portal institucional del DOJ, detalla criterios, categorías de prioridad y procedimientos para los casos de desnacionalización.
Reacciones sociales e impacto en la comunidad inmigrante
El anuncio de la campaña generó preocupación y debate entre la comunidad inmigrante naturalizada y sus familias. Aunque las autoridades insisten en que la mayoría de los naturalizados no está en riesgo, la magnitud y visibilidad del operativo han instalado el temor a una posible generalización del uso de la desnacionalización.
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Organizaciones de derechos civiles y defensores de inmigrantes advirtieron en diálogo con la CBS sobre el posible impacto en la seguridad y estabilidad jurídica de millones de residentes.
La política, según expertos citados por el medio Live Now Fox, podría tener consecuencias inesperadas: erosión de la confianza en el proceso de naturalización y una mayor sensación de vulnerabilidad entre quienes ya obtuvieron la ciudadanía legalmente.
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