Estados Unidos reactiva la deportación masiva y apunta a ciudades santuario

El gobierno de Estados Unidos relanza su estrategia de deportación masiva de inmigrantes indocumentados, con especial foco en las llamadas ciudades santuario y bajo la coordinación de Tom Homan. En una entrevista exclusiva con CBS News, el actual “zar de la frontera” confirmó que la administración mantiene la promesa de llevar adelante operativos a gran escala y defender esta política como la respuesta necesaria tras varios años de políticas migratorias flexibles.

El funcionario explicó que la llegada de Donald Trump marcó el cambio definitivo en la política migratoria: “El presidente fue elegido para esto”, afirmó. Según sus palabras, las órdenes ejecutivas restablecidas permitieron “la frontera más segura de la historia nacional”, superando incluso los niveles alcanzados en su primera gestión.

Asimismo, recalcó que la prioridad es cumplir con las leyes vigentes, enfocando los esfuerzos en la localización y expulsión de quienes ya tienen órdenes de deportación.

Qué significa la estrategia de deportación masiva

Tom Homan, respaldado por el presidente Trump, lidera la renovación de la política de deportación masiva en Estados Unidos. En la entrevista con CBS News, la cadena estadounidense de noticias, detalló que la administración no da marcha atrás y prepara nuevas fases de operativos federales.

“El presidente me llamó, quería que supervisara la creación de una frontera segura y llevara adelante una operación de deportación masiva”, declaró el oficial de inmigración.

La estrategia implica priorizar la expulsión de personas con antecedentes penales, aunque el propio Homan reconoció que alrededor del 40% de los arrestados no tienen historial criminal. Esta política, defendida como una cuestión de “seguridad pública”, incluye a cualquier persona en situación irregular, incluso si no ha cometido otro delito además de la entrada ilegal.

Dónde se concentran los operativos y por qué se seleccionan esas ciudades

Las llamadas ciudades santuario, donde generalmente las autoridades locales limitan la cooperación con agentes federales, se han convertido en el principal objetivo de la nueva oleada de deportaciones. Según explicó Homan en CBS News, la falta de acceso a cárceles locales obliga a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a operar en las calles, lo que conlleva un aumento en las detenciones colaterales.

“Cuando no nos dejan entrar en las cárceles, tenemos que ir a las comunidades y, al buscar a un objetivo, muchas veces encontramos a otros que también están en el país ilegalmente. Ellos también serán arrestados y deportados”, comentó.

El funcionario subrayó que la cooperación de las cárceles estatales es clave para reducir el temor en las comunidades y la exposición de los agentes. “Más agentes en las cárceles significa menos agentes en la calle”, insistió Homan.

Desde los incidentes en Minneapolis, donde ocurrieron protestas y dos tiroteos mortales durante operativos de ICE, las autoridades federales debieron modificar los procedimientos, priorizando la coordinación con las instituciones penitenciarias para minimizar riesgos.

Cuándo y cómo se ejecutan las nuevas fases de deportación

La intensificación de las deportaciones se produce en un contexto de cifras elevadas de inmigración irregular. Homan aseguró que, desde el inicio de la actual administración, se han superado “los 800.000 procesos de remoción entre ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)”. Estad cifra, según sus palabras, supera los registros de cualquier otro año.

La meta, según precisó, es incrementar aún más el ritmo con la contratación de 10.000 nuevos agentes y la ampliación de la infraestructura de detención.

Según el funcionario, la reducción de arrestos registrada en los últimos meses se debe, en parte, al cierre temporal del gobierno y a la falta de recursos para los contratistas encargados de localizar a los objetivos. Con la reactivación de fondos y la contratación de nuevos agentes, se prevé un repunte significativo en las operaciones.

Qué argumentos respaldan y cuestionan la política

Homan defendió la política de deportación masiva como la “opción más humana” frente al aumento de muertes y delitos asociados a la migración irregular. En la entrevista con CBS News, argumentó que la apertura de la frontera bajo la administración anterior provocó récords históricos de muertes por consumo de fentanilo, así como un auge en el tráfico de personas.

Frente a las críticas que califican la estrategia de “cruel” o “racista”, Homan afirmó: “La cosa más humana que puedes hacer en la frontera es asegurarla”. Sostuvo que la reducción del 96% en el flujo irregular de personas se traduce en menos muertes, menos víctimas de delitos y mayor seguridad nacional.

Según el “zar de la frontera”, el enfoque se concentra en operaciones dirigidas a individuos específicos, aunque sin descartar a quienes se encuentren en situación irregular.

Qué impacto tienen las operaciones y qué casos generan controversia

Las acciones federales han provocado tensiones con autoridades estatales y locales. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, reiteró que su estado no solicitó el despliegue de fuerzas federales. Además, la operación en Minneapolis dejó dos ciudadanos estadounidenses muertos, casos que siguen bajo investigación.

Homan sostuvo que, si se comprueba una actuación indebida de los agentes, “deben enfrentar las consecuencias”.

El funcionario también abordó el uso de la discrecionalidad en casos particulares, como el de la esposa de un militar estadounidense detenida en El Paso. Homan afirmó que los agentes tienen margen de decisión, pero se debe respetar el debido proceso y las órdenes judiciales: “Somos una nación de leyes. No podemos ignorar una orden judicial”.

Por qué se mantiene la política y qué perspectivas existen

Homan sostuvo que la administración no retrocede en la política de deportaciones masivas y que los números lo demuestran: “Los datos de arrestos y remociones en el último año nunca se habían visto”.

Añadió que la falta de reformas legislativas obliga a depender de órdenes ejecutivas, que pueden revertirse con cada cambio de presidente. También expresó escepticismo sobre la posibilidad de acuerdos en el Congreso y responsabilizó a los legisladores de no resolver el sistema migratorio.