“Si obtuviste la ciudadanía con fraude, deberías estar preocupado”: Todd Blanche y la advertencia en el giro de la política migratoria estadounidense

La administración de Donald Trump intensificó la revocación de ciudadanía para inmigrantes naturalizados en Estados Unidos, aplicando un enfoque que puso en alerta a quienes, según las autoridades migratorias, obtuvieron su nacionalidad mediante fraude y, conforme detallaron funcionarios del área, deben estar preocupados.

Según reportó CBS News, la ofensiva representa un cambio respecto al promedio histórico de solo 11 casos anuales, y se traduce en la priorización de cientos de expedientes de desnaturalización bajo la gestión del fiscal general interino Todd Blanche.

En una entrevista con CBS News, Blanche declaró que el actual gobierno persigue activamente los casos de desnaturalización y considera que “muchos” ciudadanos naturalizados “no deberían ser ciudadanos”.

Entre 1990 y 2017, el sistema judicial federal tramitó poco más de 300 casos de este tipo, lo que equivale a un promedio anual de 11 procedimientos sobre una población naturalizada que, según estimaciones, alcanzó los 24.000.000 en 2023, indicó CBS News.

Este contraste revela la magnitud de la nueva campaña, que se diferencia de periodos previos, cuando la revocación de ciudadanía se reservaba a situaciones extremas, como delitos de derechos humanos, crímenes violentos o riesgos para la seguridad nacional.

Expansión de los motivos y reacción social

En 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) emitió un memorando para orientar a los funcionarios a priorizar la apertura de expedientes de desnaturalización contra personas acusadas también de fraude financiero, ampliando el espectro que había sido históricamente limitado.

De acuerdo con CBS News, la campaña fue difundida públicamente por integrantes del gabinete de Trump, quienes manifestaron la necesidad de endurecer la vigilancia sobre la legalidad de los procesos migratorios e impulsaron la ampliación de las categorías de persecución más allá de los delitos violentos o amenazas a la seguridad.

Nicole Melaku, directora ejecutiva de la Alianza Nacional para Nuevos Americanos (NPNA), advirtió que la administración busca elevar la cifra de procesos de desnaturalización a entre 100 y 200 casos mensuales, una escalada que, según la organización, afecta de manera directa a ciudadanos latinos y afroamericanos.

“La ampliación de la revocación de la ciudadanía es un ataque directo contra los estadounidenses negros y latinos y contra nuestro sistema de inmigración legal”, aseguró Melaku.

Diversas organizaciones de derechos civiles señalaron que el endurecimiento de la política alimenta un clima de temor y criminalización en las comunidades inmigrantes, especialmente entre los latinos, quienes representan una parte sustancial de los naturalizados en el país.

El portavoz del Departamento de Justicia, Matthew Tragesser, aseguró que la institución está enfocada en erradicar a quienes defraudaron el proceso de naturalización.

La profesora Amanda Frost, de la Universidad de Virginia, sostuvo que la ampliación de estos procesos transmite un mensaje de inestabilidad y desigualdad: “El mensaje que se transmite es que los ciudadanos naturalizados no tienen los mismos derechos ni la misma estabilidad que los ciudadanos nativos”.

Proceso judicial, consecuencias y percepción en la comunidad latina

Blanche explicó que la labor del Departamento de Justicia se centra en identificar y perseguir los casos en los que la ciudadanía fue conseguida gracias a información falsa en las aplicaciones u otras formas de fraude.

El funcionario remarcó que las acciones “no se limitan a ningún grupo en particular” y que se conocerán más detalles en las próximas semanas sobre la cantidad de individuos implicados.

“No creo que los 24 millones de ciudadanos estén preocupados. Creo que es un porcentaje muy pequeño. Y sí, ellos deberían estarlo”, declaró Blanche a CBS News. El funcionario también sostuvo que “no sabe por qué esto resulta siquiera controversial”, y argumentó que todo sistema debe velar por la veracidad y legalidad en el proceso de nacionalización.

El proceso de revocación de la ciudadanía estadounidense implica una acción judicial compleja y poco habitual: el Departamento de Justicia debe demostrar en un tribunal federal, por la vía civil o penal, que la nacionalidad se obtuvo en forma fraudulenta. Blanche enfatizó: “No deberíamos tolerar el fraude. No deberíamos tolerar mentiras”, en diálogo con CBS News.

Para quienes son objeto de procedimientos de desnaturalización existe un proceso legal para impugnar la decisión ante la justicia, aunque no se conocen estimaciones sobre cuántas personas se enfrentarán a esta medida bajo la nueva política.

Según un estudio del Pew Research Center publicado en noviembre de 2025, el 65% de los latinos en Estados Unidos desaprueba el enfoque de la administración Trump respecto a inmigración, y siete de cada diez consideran que las medidas de deportación y control migratorio son excesivas.

Organizaciones civiles instaron a garantizar que las personas objeto de procedimientos de desnaturalización cuenten con asesoría legal calificada, ya que el proceso puede afectar a familias enteras, muchas de ellas latinas.