California compartirá datos de licencias de inmigrantes y crece el riesgo de deportación

California enfrenta una controversia que involucra al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) y la ley federal Real ID. El DMV anunció que compartirá información de los titulares de licencias, incluidos inmigrantes indocumentados, con una entidad nacional, en respuesta a la obligación impuesta por la ley federal. De no hacerlo, las licencias estatales dejarían de ser aceptadas como documentos válidos en aeropuertos y oficinas federales de Estados Unidos.

Esta situación expone a más de 1 millón de personas al riesgo de deportación, situación que ha encendido un intenso debate y lleva a organizaciones de defensa de derechos migratorios a denunciar la ruptura de la confidencialidad prometida por el Estado hace una década, según reportaron CalMatters y Los Angeles Times.

La medida implica que, ante la negativa de California a entregar datos, podría verse restringido el uso de licencias estatales como identificación en vuelos y gestiones federales. La información que se compartirá permitirá identificar si una persona carece de número de Seguridad Social, hecho que puede ser utilizado para señalar a quienes residen en el país sin autorización.

Qué datos se compartirán y con quién

El DMV planea transferir información de todos los titulares de licencias al sistema State-to-State Verification, gestionado por la American Association of Motor Vehicle Administrators (AAMVA), la asociación nacional que coordina agencias estatales de tránsito. Este sistema guarda los últimos cinco dígitos del número de Seguridad Social de cada conductor.

Cuando una persona no cuenta con ese número, el sistema registra "99999″ como marcador. Esto permite inferir el estatus migratorio del titular.

Las autoridades explicaron que la inclusión de California en la plataforma es necesaria para cumplir el Real ID Act, que exige estándares más estrictos de verificación de identidad para documentos empleados en vuelos y accesos federales. Según el director ejecutivo de AAMVA, solo empleados estatales autorizados pueden consultar el sistema, sin búsquedas masivas: cada acceso requiere datos específicos como nombre y fecha de nacimiento.

Por qué se generó el debate

El tema provocó un debate público porque la ley estatal AB 60, vigente desde 2013, habilitó a inmigrantes sin autorización federal a tramitar licencias para conducir, bajo el compromiso de no utilizar su información para determinar ciudadanía ni compartirla con agencias externas para otros fines. Más de 1 millón de personas han solicitado licencias bajo este marco legal.

La posibilidad de que la información personal termine en una base de datos nacional, fuera del control de California, disparó preocupaciones entre defensores de la privacidad y organizaciones latinas. Ed Hasbrouck, de The Identity Project, organización de defensa de la privacidad digital, explicó a CalMatters: “Una vez que estos datos se cargan en AAMVA, salen del control de California, sin importar las intenciones o protestas del estado”.

Reacciones de organizaciones y voces críticas

Organizaciones como Oakland Privacy y Western Center on Law and Poverty consideraron la decisión una ruptura del compromiso asumido con los titulares de licencias migrantes. Tracy Rosenberg, referente de Oakland Privacy, planteó: “No sabemos cuán intenso será el peligro que afrontan estas personas, pero es innegable que les prometimos que esto nunca pasaría, y está ocurriendo. Es una traición directa”.

Linda Nguy, del Western Center on Law and Poverty, comparó la medida con antecedentes federales de vulneración de privacidad a millones de no ciudadanos. Pedro Ríos, de American Friends Service Committee, calificó la política como una ruptura de la promesa de protección a los residentes con licencia AB 60.

Por su parte, el portavoz de la oficina del gobernador, Diana Crofts-Pelayo, aseguró a Los Angeles Times que California mantiene el liderazgo en la defensa de las familias inmigrantes y la protección de datos personales ante excesos federales. Subrayó que el estado implementó salvaguardas adicionales para proteger la información en la adopción de Real ID.

Qué consecuencias podría tener la medida

Defensores temen que, a pesar de los límites y salvaguardas, la información termine disponible para autoridades migratorias mediante solicitudes indirectas o el uso de órdenes judiciales. Se han registrado casos donde agencias locales compartieron datos recogidos por lectores automáticos de placas con ICE y la Patrulla Fronteriza, en aparente violación de leyes estatales.

El DMV argumentó que si no se avanza con el traspaso de información, millones de californianos podrían perder el derecho a usar sus licencias como identificación válida en vuelos internos y trámites federales. Legisladores del estado debatieron la entrega de USD 55 millones solicitados por el DMV para costear la integración al sistema nacional y alertaron sobre la urgencia de proteger la privacidad de los residentes.

Alternativas y discusiones legislativas

Algunos activistas propusieron que California considere salirse del sistema Real ID y fomente el uso de pasaportes para vuelos internos, una opción que, según Oakland Privacy, ya utilizan más del 60% de los californianos. Otros cuestionaron la urgencia de cumplir con una ley federal aprobada hace más de 20 años, en un contexto de elevada presión federal sobre las políticas migratorias estatales.

Por ahora, la Legislatura estatal sigue analizando el tema y revisando posibles enmiendas legales para limitar el alcance de la transferencia de datos. El futuro de la medida depende de la aprobación presupuestaria y de eventuales reformas legales.