El presidente Donald Trump ha pedido USD 152 millones al Congreso de Estados Unidos para iniciar la reconstrucción y reapertura de Alcatraz como prisión de máxima seguridad, según la propuesta presupuestaria presentada por la Casa Blanca para el año fiscal 2027. El gobierno planea destinar estos fondos, que forman parte de un presupuesto más amplio de USD 1.700 millones orientados a la modernización del sistema penitenciario federal, en un esfuerzo por fortalecer los salarios y las condiciones laborales de los funcionarios y resolver la escasez de personal en las cárceles federales, informó CNN.
La solicitud de USD 152 millones representa únicamente el costo estimado para el primer año de restauración de la histórica prisión, situada en una isla de la bahía de San Francisco. Según datos de la Oficina Federal de Prisiones (BOP) citados por USA Today, en 1963, cuando la prisión fue cerrada, los trabajos de mantenimiento necesarios para evitar su clausura ascendían a entre USD 3 y 5 millones, sin contar los gastos diarios de operación.
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En la actualidad, la falta de servicios básicos como agua, electricidad, gas y sistema de alcantarillado, junto con el valor patrimonial del sitio y su carácter turístico, elevan los desafíos técnicos y financieros del proyecto. De acuerdo con KQED, el despacho del senador de California Scott Wiener estima que la restauración completa de la isla podría superar los USD 2.000 millones.
El objetivo del presidente estadounidense
El plan de Trump implica transformar Alcatraz en una unidad penitenciaria de “última generación” capaz de albergar a los delincuentes más peligrosos del país, retomando así uno de los símbolos más notorios del sistema penal estadounidense. La prisión, conocida como “la Roca”, funcionó como penitenciaría federal entre 1934 y 1963, albergando a figuras como Al Capone, George “Machine Gun” Kelly y James “Whitey” Bulger. Su ubicación insular, a 1,5 millas (2,4 km) de la costa, dificultaba la fuga pero encarecía severamente la operación, llegando a ser “casi tres veces más costosa que cualquier otra prisión federal”, según el sitio web oficial de la BOP.
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La Casa Blanca ha defendido la reapertura como un símbolo de ley, orden y justicia. En mayo de 2025, tras visitar la antigua prisión, Trump escribió en Truth Social: “La reapertura de ALCATRAZ será un símbolo de ley, orden y justicia. ¡Haremos que Estados Unidos vuelva a ser grande!”. La orden presidencial incluyó una directiva para que la Oficina Federal de Prisiones, el Departamento de Justicia, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional elaboraran un plan de reconstrucción a gran escala.
En el marco del pedido presupuestario, la administración informó que retiraría fondos de la Ley de Recortes Fiscales para Familias Trabajadoras del presidente, también conocida como la “Gran Ley”, de acuerdo con USA Today. Hasta el momento, no se ha definido un calendario específico para las obras ni el costo total de la restauración y la operación de la nueva prisión. Por su parte, Las autoridades federales han evitado brindar declaraciones públicas sobre la viabilidad del proyecto.
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Críticas políticas y desafíos operativos al proyecto de reconstrucción
El anuncio provocó un intenso debate en el ámbito político y social de California. Funcionarios como la ex presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, rechazaron categóricamente la iniciativa. Pelosi afirmó en una nota de prensa recogida por The Guardian: “Reconstruir Alcatraz para convertirla en una prisión moderna es una idea estúpida que no sería más que un despilfarro del dinero de los contribuyentes y un insulto a la inteligencia del pueblo estadounidense”. Asimismo, en 2025, el gobernador estatal Gavin Newsom declaró en una entrevista con CBS Sacramento que “nada de esto tiene sentido” y calificó la propuesta como una “idea fiscal tremendamente mala”.
La experiencia histórica respalda estos cuestionamientos. Alcatraz cerró en 1963 debido a que “resultaba demasiado costosa para seguir operando”, según la Oficina Federal de Prisiones. En ese entonces, la isla carecía de fuentes de agua potable, lo que obligaba a trasladar semanalmente cerca de un millón de galones en barcazas, y todos los suministros y víveres debían ser enviados por medio marítimo, encareciendo su funcionamiento. Tal como reportó USA Today, la capacidad máxima de la antigua prisión era de 336 reclusos, una cifra considerablemente menor en comparación con otras penitenciarías federales modernas.
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A su vez, desde hace más de medio siglo, Alcatraz cumple una función distinta en la vida pública de Estados Unidos. Tras su cierre, la isla fue ocupada entre 1969 y 1971 por activistas nativos americanos, y en 1973 se incorporó a la red de parques nacionales bajo la administración del National Park Service (NPS). En la actualidad, Alcatraz recibe anualmente a más de 1,2 millones de turistas, informó CNN y la organización Golden Gate National Parks Conservancy, lo que la posiciona como uno de los destinos patrimoniales más visitados de la costa oeste.
Por otro lado, el proyecto impulsado por Trump no constituye el primer intento de evaluar la reactivación penitenciaria de Alcatraz a nivel nacional. En 1981, la administración de Ronald Reagan consideró reabrir el complejo, pero descartó la propuesta debido a los mismos obstáculos que persisten actualmente: la falta de servicios públicos, la relevancia cultural de la isla y el espacio limitado. La iniciativa fue rechazada tras analizar un informe sobre las restricciones logísticas y la saturación de Alcatraz como destino turístico, de acuerdo con USA Today.
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