El presidente Donald Trump anunció este jueves que firmará una orden ejecutiva para pagar de manera inmediata a los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), quienes llevaban más de un mes sin recibir salarios debido a la falta de financiación para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La medida fue comunicada a través de la red Truth Social, en un contexto de negociaciones estancadas en el Congreso para aprobar los fondos necesarios y a pocos días del inicio de un receso legislativo de dos semanas.
Trump explicó que recurrirá a sus facultades bajo la ley para instruir al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, a restablecer el pago de los agentes de TSA, con el objetivo de “afrontar esta situación de emergencia” y detener lo que calificó como “caos demócrata en los aeropuertos”. Según el presidente, la crisis se originó por la negativa de los demócratas a aprobar la financiación completa de DHS, en medio de demandas para reformar las operaciones de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis durante operativos migratorios.
La falta de acuerdo en el Congreso ha tenido un impacto directo en la operación de los aeropuertos estadounidenses. Desde mediados de marzo, los agentes de TSA comenzaron a faltar a sus puestos de trabajo en tasas que superan el 11% a nivel nacional y llegan al 40% en ciertos aeropuertos, provocando filas que pueden superar las cuatro horas y obligando a pasajeros a perder vuelos. La jefa interina de TSA, Ha Nguyen McNeill, indicó al Congreso que casi 500 agentes han renunciado y que, para este viernes, los empleados habrían dejado de percibir en conjunto alrededor de 1.000 millones de dólares en sueldos. Las consecuencias para el personal incluyen pérdida de vivienda, cortes de servicios, empeoramiento del crédito y la necesidad de buscar trabajos adicionales o incluso vender plasma y sangre para subsistir.
La decisión presidencial surge mientras el Senado ha sido incapaz de avanzar una ley ya aprobada en la Cámara de Representantes para financiar DHS por un año completo. Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, señaló que el Ejecutivo ha discutido diversas opciones para mitigar los efectos de la crisis, pero afirmó que la vía más sencilla sería aprobar los fondos para DHS. No obstante, la administración también sopesa medidas administrativas y algunos senadores republicanos han sugerido la posibilidad de declarar una emergencia nacional para habilitar los pagos.
El estancamiento legislativo se debe a que los demócratas condicionan su apoyo a una reforma de ICE, que incluiría la exigencia de órdenes judiciales para entrar en propiedades privadas y la prohibición del uso de máscaras por parte de los agentes. Los republicanos, por su parte, han propuesto financiar el 94% de DHS, excluyendo la división de ejecución y deportaciones de ICE, algo que los demócratas rechazan por no abordar sus preocupaciones de fondo. A pesar de propuestas para financiar solo TSA, como la impulsada por el senador John Kennedy, republicanos como John Thune advierten que eso no resolvería la situación general, ya que otras agencias como la Guardia Costera y FEMA también se ven afectadas por la falta de fondos.
En paralelo, para aliviar la presión en los aeropuertos, Trump ordenó el despliegue de agentes de ICE en más de una docena de terminales para asistir a TSA, y no descartó la posibilidad de movilizar a la Guardia Nacional si la situación empeora. La administración también rechazó una oferta del empresario Elon Musk para cubrir los salarios de TSA, debido a posibles conflictos legales derivados de los contratos federales de Musk.
El enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso mantiene su ritmo con la amenaza de que el receso legislativo se vea interrumpido si no se alcanza un acuerdo. Mientras continúan las ausencias de empleados y las largas filas en los aeropuertos, la incertidumbre sobre la legalidad y viabilidad de la orden ejecutiva de Trump para pagar unilateralmente a los agentes de TSA persiste, en tanto no se detalla el mecanismo legal que se emplearía para concretar estos pagos.
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