La creciente contaminación del agua potable en Nueva York ha generado alarma entre científicos y organizaciones ambientales tras la publicación de un estudio que documenta la persistencia de plomo, arsénico, benceno y nitrato en los suministros públicos.
El análisis de Afina, basado en datos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), ubica a Nueva York en el puesto dieciocho en calidad de agua en Estados Unidos, con una puntuación de 38,9 sobre 100. Esta calificación refleja el deterioro del recurso hídrico y la falta de avances en su protección. Erin Brockovich exigió sanciones más severas y transparencia, informó The Brockovich Report.
En el estado de Nueva York, la calidad del agua potable enfrenta desafíos estructurales. De acuerdo con los datos presentados por Afina, el sistema público de abastecimiento ha registrado, entre 2019 y febrero de 2025, un promedio de 5,84 infracciones y 2,15 contaminantes detectados por cada 100 habitantes conectados.
Este periodo de estudio, cruzado con información de la EPA, revela que de las 8.107 infraestructuras en funcionamiento, 2.764 —cerca de un tercio— han sido objeto de medidas coercitivas por parte de las autoridades federales en los últimos cinco años.
Además, a principios de 2024, 470 sistemas mantenían infracciones sin resolver, de los cuales 65 fueron clasificadas como “infracción significativa”, lo que implica fallos graves en la supervisión, el cumplimiento normativo o los procesos de tratamiento.
Estos datos muestran que el acceso al agua potable segura en Nueva York está comprometido por la presencia de más de dos contaminantes por cada cien habitantes abastecidos, además de múltiples infracciones sin resolver en los sistemas públicos, según la evaluación de la EPA y Afina.
La persistencia de estos problemas afecta especialmente a niños y adultos mayores, considerados grupos de riesgo por su mayor vulnerabilidad ante compuestos tóxicos. Por ejemplo, el sistema Scotia Village Water Works, en Schenectady, abastece a 12.800 personas, de las cuales una proporción significativa son menores de edad.
En este y otros puntos críticos, la última inspección reportó rastros de plomo, nitratos, benceno y, en algunas localidades, arsénico —como en Fleischmanns Village, en el condado de Delaware—, lo que subraya la falta de soluciones efectivas para eliminar contaminantes de alto riesgo.
Disparidad regional y deficiencias en la supervisión
El sistema de control y monitoreo implementado en Nueva York presenta importantes brechas, como lo demuestra la disparidad en la calidad del agua entre diferentes condados y sistemas públicos. El caso de Scotia Village Water Works ejemplifica las consecuencias de la falta de cumplimiento normativo: desde 2018, acumula 5 violaciones pendientes, principalmente por incumplimientos en los protocolos de monitoreo de plomo y cobre.
En otros condados, como Hudson (Ulster), Taconic Shores (Columbia) y Otisville (Orange), las autoridades detectaron asbesto en el suministro en 2021. Aunque este contaminante fue eliminado de las redes domiciliarias, su hallazgo expone fallos estructurales y pone en duda la efectividad del sistema estatal de vigilancia.
A nivel nacional, el CEO de Afina, Ramon van Meer, señaló que la calidad del agua varía profundamente entre los estados de Estados Unidos, con algunas regiones registrando tasas de infracción hasta setenta veces mayores que otras.
Esta desigualdad impulsa la demanda de filtros domésticos y soluciones individuales, en medio de la percepción de ineficiencia institucional y ausencia de políticas correctivas de alcance federal.
El estudio de Afina también destaca la detección de PFAS —sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas conocidas como “químicos eternos”—, que se acumulan tanto en el organismo humano como en el ambiente y presentan alta resistencia a los procesos convencionales de potabilización.
Estos compuestos, según la EPA, están relacionados con daños en el sistema inmunológico, enfermedades hepáticas y diferentes tipos de cáncer, y su presencia en el agua potable se reconoce como un desafío emergente para la salud pública.
“La exposición a sustancias como el plomo y el arsénico está asociada a un aumento en la incidencia de cáncer, trastornos del desarrollo y enfermedades endocrinas”, afirmaron especialistas consultados por The Brockovich Report.
Brockovich sostuvo: “Los niños están bebiendo agua adulterada con arsénico. Las familias se bañan en agua contaminada con PFAS, compuestos vinculados al cáncer, enfermedades tiroideas y problemas de desarrollo”. Este testimonio ilustra la magnitud de la crisis y la urgencia de adoptar mecanismos de fiscalización más rigurosos.
Millones de personas expuestas y presión para garantizar el derecho al agua limpia
El informe difundido por Brockovich y la periodista Suzanne Boothby estima que millones de estadounidenses consumen agua contaminada, obligando a muchas familias a elegir entre destinar recursos a agua embotellada o cubrir necesidades básicas.
Esta situación impacta de manera particular en hogares de adultos mayores y personas con ingresos fijos, para quienes el costo adicional representa una carga significativa.
El documento concluye que las empresas de servicios públicos deben asumir la responsabilidad por los daños causados y enfrentar sanciones proporcionales al riesgo sanitario que generan.
La responsabilidad de informar sobre estos riesgos debería recaer en las autoridades públicas y no en empresas privadas, criticó Brockovich, quien cuestionó la demora en la difusión de alertas sanitarias.
Las organizaciones y activistas demandan que el acceso a agua potable libre de contaminantes se reconozca como un derecho humano esencial y no negociable, y que cualquier violación de este principio implique consecuencias legales y económicas acordes con la gravedad del daño.
El desafío, advierten, es asegurar que la protección de la salud pública no dependa de la capacidad de pago de cada familia, sino de la responsabilidad efectiva de las autoridades y las empresas involucradas.
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