180 mil ciudadanos de Nueva York podrían perder sus beneficios de cupones de alimentos bajo las nuevas normas laborales

La entrada en vigor de nuevas normas laborales ha generado alarma entre quienes dependen de los cupones de alimentos en Nueva York. Bajo la amplia ley de política interna impulsada por el presidente Donald Trump, alrededor de 80.000 neoyorquinos están en riesgo de perder sus beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), ya que ahora se exige que más beneficiarios demuestren actividad laboral, voluntariado o capacitación para continuar recibiendo ayuda. Esta medida forma parte de un recorte masivo a la red de seguridad social, diseñado para financiar reducciones de impuestos dirigidas principalmente a los sectores más acomodados. Las nuevas reglas de elegibilidad entraron en vigor este mes y han modificado los criterios bajo los cuales miles de personas podían acceder a la asistencia alimentaria.

El impacto es inmediato: personas que anteriormente estaban exentas de cumplir requisitos laborales, como individuos sin discapacidad, personas sin hogar, veteranos, padres con hijos mayores de 14 años y adultos entre 55 y 64 años, incluidos jubilados, ahora deberán demostrar al menos 80 horas mensuales de trabajo o actividad calificada para mantener sus beneficios. Quienes no logren adaptarse antes de junio podrían ver suspendida su ayuda, lo que ha desencadenado un clima de incertidumbre entre los beneficiarios.

El perfil de los afectados es diverso, pero todos comparten la vulnerabilidad. Un ejemplo es Pat Chisholm, residente del Bronx de 62 años, quien tras perder su empleo como asistente legal durante la pandemia agotó todos sus ahorros y depende de los 292 USD mensuales en cupones de alimentos como único ingreso. Como ella, cerca de 180.000 residentes de la ciudad podrían perder total o parcialmente el acceso a la asistencia alimentaria federal en los próximos meses. En Nueva York, donde un tercio de los hogares reciben cupones de alimentos —lo que equivale a 1,8 millones de personas—, la mayoría de los beneficiarios forman parte de familias con niños y enfrentan una de las ciudades más caras del mundo. La situación se agrava entre los mayores y jubilados, quienes ahora deben cumplir requisitos laborales imposibles para muchos de ellos debido a la edad y las condiciones del mercado laboral.

Las agencias municipales y estatales, junto a grupos comunitarios, han intensificado esfuerzos para alertar y orientar a los beneficiarios. Trabajadores sociales informan sobre los cambios y ayudan a inscribirse en empleos, cursos de formación o puestos de voluntariado, incluso en bancos de alimentos. Sin embargo, existe una preocupación generalizada: muchos no podrán encontrar trabajo o cumplir los requisitos, especialmente en un contexto de desempleo del 5,6 % en la ciudad y del 4,3 % a nivel nacional. El desafío se multiplica para quienes no dominan el inglés o tienen dificultades para reunir la documentación exigida. Administradores de casos temen por jubilados con ingresos fijos y adultos mayores obligados a buscar una ocupación para no perder la ayuda. El propio Scott French, de la Administración de Recursos Humanos de Nueva York, calificó el cambio como “puramente punitivo” y advirtió sobre el riesgo de que el verdadero objetivo sea reducir la cantidad de beneficiarios.

Las consecuencias económicas y sociales anticipadas son graves. Se estima que el 10 % de los hogares que reciben SNAP en la ciudad podrían ver recortados o eliminados sus beneficios, lo que equivaldría a 180 millones de comidas menos al año, según organizaciones que luchan contra el hambre. A nivel estatal, más de 300.000 hogares perderían un promedio de 220 USD al mes en ayudas. El máximo actual es de 292 dólares para una persona sola y 785 USD para una familia de tres. La presión sobre los bancos de alimentos y despensas ya es notoria: esperan un aumento de la demanda similar al de crisis pasadas, como la pandemia o el cierre del gobierno federal, pero advierten que no podrán cubrir todas las necesidades.

El debate político en torno a SNAP se ha intensificado tras la reforma. El presidente Trump y otros dirigentes republicanos sostienen que el programa fomenta la dependencia y el fraude, argumentando que muchos beneficiarios no buscan empleo y que la administración es deficiente. La secretaria de agricultura Brooke Rollins señaló que el fraude es “descontrolado”, aunque grupos de ayuda afirman que, en realidad, los propios beneficiarios suelen ser víctimas de estafas. Trump defendió en su discurso sobre el Estado de la Unión que las nuevas reglas “sacarán” a millones de personas de la pobreza al reducir la cantidad de beneficiarios a 2,4 millones en todo el país. Sin embargo, representantes de organizaciones comunitarias y bancos de alimentos lo consideran una “catástrofe provocada por el hombre” basada en creencias erróneas.

El Bronx concentra algunos de los efectos más severos de la reforma. Allí, el 37 % de los hogares dependen de cupones de alimentos, una de las tasas más altas del país. Por las características socioeconómicas y la alta tasa de desempleo local —7,4 %, la más elevada del estado—, muchos estaban exentos de los requisitos laborales previos. Ahora, organizaciones como Life Together Works NYC atienden a 600 familias por semana, frente a solo 150 hace menos de cuatro años. En las filas de las despensas hay tanto desempleados como trabajadores, incluidos conductores de autobuses escolares que acuden en su hora de almuerzo.

El impacto llega también a los comercios locales. Luis Tirado, propietario de una carnicería en el sur del Bronx, teme no poder pagar su préstamo de 500.000 USD si sus clientes pierden la asistencia alimentaria. Alrededor del 80 % de las ventas en su supermercado se realizan mediante cupones de alimentos, y el temor a una caída en las compras lo desvela cada noche.