El superpetrolero Skipper, interceptado esta semana por fuerzas estadounidenses cerca de la costa de Venezuela, se dirige actualmente hacia las inmediaciones del puerto de Houston, donde el crudo que transporta será retenido y sometido a un proceso legal de decomiso, según confirmaron fuentes oficiales a la agencia Reuters y medios especializados en logística marítima.
La nave transporta un estimado de 1,85 millones de barriles de crudo pesado Merey, de acuerdo con el rastreo satelital realizado por TankerTrackers.com.
Dadas sus dimensiones, el Skipper no podrá ingresar al puerto de Houston y tendrá que anclar cerca de la costa para descargar su cargamento en buques de menor tamaño, señalaron a la prensa dos fuentes con acceso a la operación.
Consultadas sobre el episodio, ni las autoridades portuarias estadounidenses ni la petrolera estatal venezolana PDVSA ofrecieron comentarios.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, declaró que el Skipper fue interceptado y retenido bajo una orden judicial de incautación. El barco navegaba con bandera de Guyana, pero la autoridad marítima de ese país denunció que se trató de una falsificación y calificó el uso del pabellón como “no autorizado”.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, detalló en rueda de prensa que el buque está pasando por un proceso de decomiso y que un equipo federal se encarga de interrogar a la tripulación.
Leavitt explicó que la operación se llevó a cabo mediante la cooperación entre el Departamento de Justicia, el Departamento de Defensa y la Guardia Costera de Estados Unidos.
La vocera estadounidense apuntó que el Skipper es un “buque fantasma”, sancionado previamente por Washington por haber transportado petróleo iraní en el mercado clandestino internacional, y que la interceptación esta vez se fundamenta en su historial de contrabando de hidrocarburos sancionados.
El abordaje de la embarcación implicó el despliegue de medios armados, incluyendo helicópteros y lanchas rápidas, en una acción que el régimen de Venezuela calificó de “asalto” y “robo”, mientras prepara acciones legales y ha multiplicado sus reclamos ante foros internacionales.
El episodio intensifica la presión sobre el dictador Nicolás Maduro tras meses de despliegue militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico, cuyo fin oficial es combatir el narcotráfico y frenar el flujo de drogas hacia territorio estadounidense.
Desde hace semanas, la administración Trump atribuye al régimen de Caracas y las fuerzas armadas venezolanas la responsabilidad de operar y proteger rutas de tráfico ilícito hacia Estados Unidos.
Consultado sobre los objetivos del operativo y la estrategia intensificada contra Venezuela, el presidente Donald Trump declaró en la Casa Blanca que la campaña “trata sobre muchas cosas”, evitando responder directamente si el petróleo es el eje central de la presión.
“Han permitido que millones de personas entren a nuestro país, incluyendo presos y narcotraficantes. [...] Los ataques en tierra sobre grupos de tráfico de drogas se están poniendo en marcha”, añadió Trump, quien insistió en que Washington seguirá aplicando una combinación de sanciones, acciones militares y medidas judiciales en el Caribe.
En el plano operativo, la Casa Blanca advirtió que el proceso legal para la incautación del petróleo será absoluto y, una vez realizado, reforzará la política general de Washington que busca restringir los ingresos de PDVSA y cortar los recursos internacionales del régimen venezolano.
El caso del Skipper, que involucra además la utilización fraudulenta de la bandera de Guyana, deja ver el entramado global en el que se desenvuelve el comercio de hidrocarburos bajo sanciones y el impacto geopolítico de las medidas estadounidenses sobre el Caribe y Sudamérica.
(Con información de Reuters, EFE y AFP)
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