El FBI registró varias casas tras el atentado contra dos miembros de la guardia nacional cerca de la Casa Blanca

El FBI registró varias propiedades en el estado de Washington y San Diego el jueves, en lo que las autoridades describieron como una investigación antiterrorista contra un ciudadano afgano sospechoso de disparar a dos miembros de la Guardia Nacional, quienes permanecían en estado crítico.

Los investigadores incautaron numerosos dispositivos electrónicos de la casa del sospechoso en el estado de Washington, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles y iPads, y entrevistaron a sus familiares, según informó el director del FBI, Kash Patel, en una conferencia de prensa en Washington, D.C.

La fiscal federal para Washington, D.C., Jeanine Pirro, identificó a los dos miembros de la Guardia Nacional heridos como Sarah Beckstrom, de 20 años, y Andrew Wolfe, de 24.

Pirro afirmó que el sospechoso tendió una emboscada a los miembros de la Guardia Nacional mientras patrullaban cerca de la Casa Blanca el miércoles por la tarde. Armado con un potente revólver, un Magnum .357, disparó a uno de los miembros, quien cayó al suelo, y luego volvió a disparar antes de disparar varias veces contra el segundo.

El sospechoso trabajó con el Ejército de EEUU

La fiscal general Pam Bondi declaró a Fox News que el gobierno estadounidense planeaba presentar cargos de terrorismo contra el pistolero y solicitar una pena mínima de cadena perpetua.

En su comparecencia, Pirro indicó que el pistolero enfrenta tres cargos de agresión con intención de matar mientras estaba armado y un cargo de posesión de arma de fuego durante un delito violento.

Podría ser acusado de asesinato en primer grado si alguno de los miembros de la Guardia no sobrevive a sus heridas, afirmó.

El padre de Beckstrom, uno de los miembros heridos, declaró al New York Times que era improbable que su hija sobreviviera. “La estoy sujetando de la mano ahora mismo”, declaró Gary Beckstrom al periódico.

Patel describió el tiroteo como un “atroz acto de terrorismo”, pero ni él ni Pirro ofrecieron un posible motivo.

El agresor parecía haber actuado solo, según Jeff Carroll, subdirector ejecutivo del Departamento de Policía Metropolitana de Washington.

Las autoridades han identificado al sospechoso como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, quien vivía en el estado de Washington con su esposa y sus cinco hijos.

“Condujo su vehículo a través del país desde el estado de Washington con el objetivo de llegar a la capital de nuestra nación”, declaró Pirro.

Lakanwal, quien resultó herido en un tiroteo antes de ser arrestado, había estado involucrado con las fuerzas aliadas de Estados Unidos durante la guerra en Afganistán, afirmó Patel. El director de la CIA, John Ratcliffe, afirmó que Lakanwal había trabajado con unidades locales respaldadas por la CIA en Afganistán.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, Lakanwal ingresó a Estados Unidos en 2021 en el marco de la Operación “Aliados Bienvenidos”, un programa de la era Biden para reasentar a miles de afganos que ayudaron a Estados Unidos durante la guerra de Afganistán y temían represalias de las fuerzas talibanes que tomaron el control tras la retirada estadounidense.

El presidente Donald Trump, quien se encontraba en su resort de Florida en el momento del ataque, publicó un comunicado en video a última hora del miércoles en el que calificó el tiroteo como “un acto de maldad, un acto de odio y un acto de terrorismo”.

No estaba claro si el tiroteo provocaría cambios en el funcionamiento de la Guardia Nacional en las ciudades. Sus miembros suelen patrullar en grupos pequeños, incluso a pie, en su mayoría armados con pistolas.

Lakanwal aprobado para asilo en EEUU

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que la administración Trump revisaría todos los casos de asilo aprobados durante la presidencia de Joe Biden. Pirro y Patel culparon al gobierno de Biden de investigar indebidamente a Lakanwal, aunque no presentaron ninguna prueba que respaldara esta afirmación.

“El gobierno de Biden justificó la llegada del presunto tirador a Estados Unidos en septiembre de 2021 debido a su trabajo previo con el gobierno estadounidense”, declaró Ratcliffe en un comunicado. “A este individuo, y a tantos otros, nunca se les debería haber permitido venir aquí”.

Un funcionario del gobierno de Trump, que habló bajo condición de anonimato, afirmó que Lakanwal solicitó asilo en diciembre de 2024 y que su solicitud fue aprobada el 23 de abril de este año, tres meses después de que Trump asumiera el cargo. Lakanwal, quien residía en el estado de Washington, no tenía antecedentes penales conocidos, añadió el funcionario.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció el miércoles la suspensión indefinida de la tramitación de todas las solicitudes de inmigración relacionadas con ciudadanos afganos, “a la espera de una revisión adicional de los protocolos de seguridad y verificación de antecedentes”.

Vance defiende la política de inmigración

El vicepresidente J.D. Vance, quien se encontraba en Kentucky el miércoles, declaró en redes sociales que el tiroteo demostró que la política de inmigración del gobierno de Trump estaba justificada.

“Debemos redoblar nuestros esfuerzos para deportar a personas sin derecho a estar en nuestro país”, declaró.

Quienes critican la política de inmigración del gobierno afirman que ha empleado tácticas duras e ilegales y ha detenido a inmigrantes indiscriminadamente, incluyendo a muchos sin antecedentes penales y otros con residencia legal en Estados Unidos.

Los dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental formaban parte de una misión policial militarizada ordenada por Trump en agosto y cuestionada en los tribunales por funcionarios de Washington, D.C. Trump ordenó el despliegue de 500 soldados más en la capital tras el tiroteo, que se unirían a los cerca de 2200 que ya se encontraban en la ciudad como parte de la ofensiva presidencial contra la inmigración y la delincuencia dirigida a ciudades lideradas por los demócratas.

Trump ha sugerido repetidamente que el crimen ha desaparecido de la capital como resultado del despliegue, una afirmación que contradice las estadísticas oficiales sobre delincuencia del departamento de policía.