Disputa legal en Alaska por la incautación de un avión valorado en USD 95,000 por transportar seis cervezas

La Corte Suprema de Estados Unidos podría sentar un precedente sobre los límites de la incautación de bienes vinculados a delitos tras el caso de Ken Jouppi, un piloto de 82 años y veterano de la Fuerza Aérea, cuyo avión fue decomisado por transportar alcohol a una comunidad en la que está prohibido.

El hecho ocurrió en abril de 2012, cuando policías estatales sorprendieron a Jouppi cargando combustible en su Cessna en Fairbanks, Alaska, antes de volar hacia Beaver, una villa remota a 177 kilómetros al norte donde el consumo y transporte de alcohol se encuentra vetado.

Jouppi relató a The New York Times que aquella mañana el día parecía avanzar con normalidad. “Era un día que prometía”, afirmó el piloto octogenario. Sin embargo, todo cambió tras la irrupción de los agentes, quienes hallaron varias latas de cerveza en el equipaje de su pasajera. Finalmente, Jouppi fue condenado por transportar alcohol con conocimiento del hecho hacia Beaver, recibiendo una sentencia de tres días de cárcel y una multa de 1,500 dólares.

El Estado reclama la aeronave como parte de la sanción

El proceso legal no terminó con la sanción penal ni la multa. La fiscalía reclamó la incautación del avión —valorado en aproximadamente 95,000 dólares—, sosteniendo que fue el medio usado para cometer el delito.

El máximo tribunal de Alaska falló a favor del estado. “Transportó intencionadamente un paquete de alcohol a la vista de todos, actuando en su calidad de operador de una compañía aérea de taxis y piloto”, señaló el juez Jude Pate en una resolución unánime. “Este factor indica que la confiscación de su aeronave no resulta desproporcionada”.

Jouppi, asistido legalmente por el Institute for Justice —organización legal de corte libertario— llevó su apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que ha mostrado interés en el caso. Aunque el estado de Alaska había decidido inicialmente no responder, una petición de la Corte forzó a las autoridades locales a preparar un informe. Los abogados del estado solicitaron una prórroga y esperan presentar su respuesta el mes de noviembre.

Debate sobre las incautaciones y los excesos

El caso reaviva un debate sobre los alcances del forfeit o decomiso de bienes por parte de las autoridades en Estados Unidos. La práctica, extendida y lucrativa para muchos cuerpos de seguridad, ha generado suspicacias incluso dentro del máximo tribunal nacional.

El juez Clarence Thomas manifestó en 2017 que “la confiscación en las últimas décadas se convirtió en una práctica generalizada y muy rentable. Como la entidad policial suele quedarse con los bienes confiscados, existe un fuerte incentivo para perseguir este mecanismo”.

Jouppi sostiene que esta tendencia es notoria en su estado. “En Alaska les gusta incautar cosas”, aseguró. “Tienen toda una flota aérea de aviones confiscados por distintas infracciones”.

Por parte del Estado, la posición es intransigente, sobre todo en relación al impacto social del alcohol en zonas apartadas. El abogado Donald Soderstrom argumentó ante la Corte de Alaska que la medida es proporcional al daño provocado en localidades rurales. “Durante años, el alcohol causó un daño devastador en Alaska, especialmente en la Alaska rural”, señaló.

“Muchas comunidades que decidieron prohibir el alcohol carecen de fuerzas de seguridad y recursos médicos. Muchas están fuera del sistema de carreteras y son accesibles mayormente por aire. Por eso la confiscación de una aeronave usada para importar alcohol resulta razonable”.

Antecedentes en la Corte Suprema

La incautación de bienes por delitos no es una discusión nueva. En 2019, la Corte Suprema de Estados Unidos analizó el caso de Tyson Timbs, condenado por vender 225 dólares de heroína en Indiana. Las autoridades del Estado, además de las sanciones penales y administrativas, le confiscaron un Land Rover de 42,000 dólares.

El Tribunal Supremo, en un fallo unánime firmado por la jueza Ruth Bader Ginsburg, estableció que la Octava Enmienda de la Constitución, que prohíbe multas excesivas, aplica tanto al gobierno federal como a los estados. “Las multas excesivas pueden usarse, por ejemplo, para perseguir o sofocar la voz de enemigos políticos”, advirtió Ginsburg en su escrito. Tras una nueva revisión, Indiana restituyó finalmente el vehículo al dueño.

A diferencia de ese precedente, en el fallo de Alaska se consideró válida una relación de 9,5 a 1 entre el máximo posible de sanción —10,000 dólares— y el valor del bien confiscado —95,000 dólares—, considerada aceptable por el tribunal local.