El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado una nueva expansión de despliegues militares en grandes ciudades del país, ordenando el envío de tropas a Portland, Oregon, ante los recientes disturbios y ataques a instalaciones federales.
Mediante un mensaje en su plataforma Truth Social, Trump indicó que la medida responde a una solicitud de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y que dio la orden al secretario de Guerra, Pete Hegseth, para “proporcionar todas las tropas necesarias” para proteger la ciudad “devastada por la guerra” y las instalaciones del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) bajo ataque.
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Y añadió que se autoriza “toda la fuerza, si es necesario”.
La decisión llega en el contexto de la ofensiva de Trump contra grupos a los que culpa de violencia política, en particular el movimiento conocido como Antifa —abreviatura de “antifascistas”—. El lunes pasado, Trump firmó un decreto presidencial en el que designa a Antifa como una organización terrorista nacional, aunque existen dudas legales sobre la aplicación de esa designación.
Antifa es un término amplio que describe a colectivos de extrema izquierda que se oponen a neonazis y supremacistas blancos, y no una sola organización estructurada, lo que complejiza su inclusión en listas oficiales del Departamento de Estado, como sucede con grupos extranjeros.
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El mandatario republicano ha denunciado que hay instalaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) “asediadas” por “antifas y otros terroristas domésticos”. Trump ya ordenó intervenciones en otras grandes ciudades estadounidenses, pero es la primera vez que se refiere al uso de la “fuerza total”.
El viernes, Trump advirtió de la situación de “anarquía” en Portland por la presencia de “locos” que intentan quemar edificios, incluidas sedes de organismos federales en referencia a las protestas contra la sede del ICE en Portland Sur.
En redes sociales y declaraciones públicas, Trump aseguró que el movimiento Antifa utiliza “medios ilegales para organizar y ejecutar una campaña de violencia y terrorismo a nivel nacional”, y pidió investigar a sus presuntos financiadores.
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Trump y miembros de su administración han atribuido en distintas ocasiones el aumento de la violencia en protestas a grupos asociados con Antifa, especialmente tras el asesinato de George Floyd en 2020, así como en los disturbios registrados en Portland durante su primer mandato.
El decreto firmado por Trump el lunes instruyó a las agencias federales a utilizar todas las herramientas a su disposición para investigar, interrumpir y desmantelar operaciones ilegales atribuidas a simpatizantes de Antifa. Según informes del Servicio de Investigación del Congreso, la literatura de Antifa promociona tanto protestas legales como acciones más beligerantes, incluyendo la vigilancia de grupos supremacistas blancos y la difusión en línea de información personal de personas consideradas enemigas.
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Durante los disturbios posteriores a la muerte de George Floyd, Trump dirigió sus críticas contra este movimiento y otras “turbas violentas”, atribuyéndoles la responsabilidad de los incidentes registrados en varias ciudades. El entonces secretario de Justicia, William Barr, también vinculó esos acontecimientos con tácticas de Antifa y advirtió sobre su participación en lo que calificó como “terrorismo nacional”.
Trump reiteró su postura luego del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, quien era un firme partidario suyo, sosteniendo que los ataques recientes justifican intervenciones federales con todos los recursos necesarios para restablecer el orden en ciudades como Portland.
Las recientes tensiones en Portland y otros centros urbanos, como Washington DC, Los Angeles, Chicago y Memphis, han alimentado el debate sobre el despliegue de fuerzas federales. En respuesta a episodios de violencia en Chicago, Trump anunció la posible inminencia de nuevas operaciones similares a las ya vistas en la capital federal, destacando su “obligación de proteger el país”. Estas iniciativas han suscitado críticas de gobernadores demócratas como JB Pritzker (Illinois) y Gavin Newsom (California), quienes han calificado el despliegue como una muestra de poder y han cuestionado su legalidad. Pritzker, en particular, denunció la presencia de agentes federales no identificables y la realización de redadas en comunidades latinas.
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El conflicto con autoridades locales se intensificó en Washington DC, después de que la alcaldesa Muriel Bowser manifestara su negativa a cooperar con ICE. Trump dijo el lunes que declararía allí una emergencia nacional tras una oleada de manifestaciones por el despliegue de tropas de la Guardia Nacional y fuerzas federales en la capital, a las que atribuyó una fuerte reducción de la delincuencia.
Ante la falta de claridad sobre los límites y duración de las operaciones militares y policiales, líderes estatales y locales han manifestado su intención de recurrir a los tribunales para impedir lo que consideran una extralimitación federal.
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Una ley federal de 1878, la Ley Posse Comitatus, prohíbe salvo excepciones muy concretas que un presidente autorice el uso de fuerzas militares para como fuerzas de seguridad internas dentro del país. Hasta ahora se había empleado a la Guardia Nacional, que cuenta con equipo y medios militares, pero que actúa generalmente como reserva y apoyo de las unidades militares convencionales.
(Con información de AFP, AP, EP y Reuters)
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