California aprobó una ley que impide a la mayoría de los agentes del orden utilizar máscaras, bufandas o pasamontañas durante procedimientos públicos, incluidas las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La ley, promulgada por el gobernador Gavin Newsom tras recientes redadas migratorias en Los Ángeles, marca un precedente nacional y limita esta práctica. En una conferencia de prensa en esa ciudad, el funcionario demócrata subrayó que el estado de California es único en el sentido de que el 27% de sus residentes nacieron en el extranjero.
“Celebramos esa diversidad. Es lo que hace grande a California. Es lo que hace grande a Estados Unidos. Está bajo asalto (...) Esto es Estados Unidos”, afirmó.
El gobernador indicó que el estado está resistiendo la práctica de agentes enmascarados sin identificación o números de placa deteniendo personas en las calles: “El impacto de estas políticas en toda esta ciudad, nuestro estado y nación es aterrador”, sostuvo. Y agregó: “Es como una película de ciencia ficción distópica. Autos sin insignias, personas enmascaradas, personas literalmente desapareciendo. Sin debido proceso, sin derechos, sin derecho en una democracia donde tenemos derechos. Los inmigrantes tienen derechos, y tenemos el derecho de alzarnos y resistir, y eso es lo que estamos haciendo aquí hoy”.
El propósito central es asegurar la identificación de las autoridades y fortalecer la confianza ciudadana tras el impacto político y social generado por incidentes recientes.
Se establecen excepciones únicamente para agentes encubiertos, mascarillas médicas como los respiradores N95 o equipamiento táctico. La regulación no aplica a la policía estatales.
Las autoridades estatales sostienen que la falta de identificación visible favorece la intimidación y obstaculiza que la población exija sus derechos durante detenciones o allanamientos.
Por parte del gobierno federal, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) criticó la ley. Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, señaló: “La norma colocará en peligro a los agentes”, y argumentó que cubrirse el rostro protege la identidad de los funcionarios y la seguridad de sus familias. Además, el DHS anticipó que exigirá a California y otros estados cooperación en detenciones federales y advirtió que implementará todas las medidas apropiadas ante potenciales interferencias.
Desde la gobernación, Newsom desestimó las acusaciones federales con el argumento de que no hay pruebas de un aumento en ataques o filtraciones de datos personales contra agentes.
Organizaciones civiles y expertos legales como Erwin Chemerinsky de la Universidad de California en Berkeley respaldaron la ley al señalar que los empleados federales deben cumplir las normativas estatales a menos que estas les impidan ejercer funciones esenciales.
Junto a esta prohibición, durante la misma jornada legislativa se aprobaron medidas que blindaron escuelas y centros de salud contra agentes migratorios sin orden judicial válida y establecieron el deber de informar a las comunidades educativas si personal federal ingresa en campus escolares.
El alcance de la ley californiana ya inspira a otros estados: legisladores de Tennessee, Michigan, Illinois, Nueva York, Massachusetts y Pensilvania presentaron iniciativas equivalentes. El debate continúa, especialmente en torno a la aplicabilidad de la norma sobre agentes federales, quienes, según el propio DHS, portan chalecos identificatorios, aunque la eficacia de las reglas estatales sobre funcionarios federales sigue siendo discutida.
A pesar de los desafíos, la regulación se encuentra en vigor. California asignó USD 50 millones a la defensa legal de migrantes y mantiene más de cuarenta demandas contra el gobierno federal, reforzando el pulso entre políticas estatales y federales.
Antes de firmar la ley, Newsom citó una reflexión del presentador Jon Stewart para ilustrar el trasfondo de la medida: “Creo que Jon Stewart lo expresó mejor: ‘Esto no se trata de la policía del pronombre, se trata de la policía secreta’”.
(Con información de AP)
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