Comunidad de Nueva York se movilizó pacíficamente y desafió a ICE para proteger a obreros en un techo

Un grupo de trabajadores permaneció en el techo de una vivienda multifamiliar privada en Rochester, Nueva York, durante una intervención de agentes federales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la mañana del martes 9 de septiembre, evento que encendió la movilización instantánea de más de un centenar de manifestantes convocados por redes de respuesta ciudadana. El episodio, registrado esta semana, expuso la tensión entre la comunidad local, los defensores de los derechos de inmigrantes y las autoridades federales, en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias y la creciente organización social en defensa de los trabajadores indocumentados.

De acuerdo con el relato de Jen Lunsford, asambleísta demócrata que presenció los hechos tras recibir la alerta, los agentes federales llegaron en medio de la mañana al lugar donde los trabajadores realizaban tareas de techado. Una residente de la zona presenció el arribo de las autoridades y solicitó el auxilio de una red de respuesta rápida, lo que facilitó la llegada de activistas, líderes religiosos, funcionarios y miembros de la comunidad, según declaró la funcionaria a NBC News. La actuación coordinada permitió que más de 100 personas se dieran cita en cuestión de minutos y manifestaran su apoyo a los trabajadores en el sitio.

Manifestación pacífica y presencia comunitaria diversa en defensa de los trabajadores

El primero en describir la escena fue Rachel Barnhart, legisladora del condado de Monroe, quien destacó a NBC News la rapidez con la que se congregó la multitud y el ambiente predominantemente pacífico que imperó en todo momento. Barnhart indicó que en el frente de la casa se reunieron vecinos, funcionarios electos, líderes religiosos y representantes comunitarios, todos enfocados en mostrar apoyo a los trabajadores y enviarles palabras de ánimo. Según la legisladora, la multitud mantuvo una actitud “muy contenida” y “pacífica”, utilizando gestos de mano para comunicarse con los hombres en el techo y alentarlos a mantener la calma.

Por su parte, María García, directora de la Western New York Coalition of Farmworker Serving Agencies, relató a NBC News que tras obtener permiso del propietario pudo acercarse a los dos trabajadores que optaron por permanecer en el tejado, ofreciéndoles agua, alimentos y asesoría. García resaltó que, en el diálogo con los oficiales federales, le informaron que no contaban con órdenes de registro para la propiedad ni para los individuos presentes. A pesar del clima tenso, la participación de organizaciones de apoyo fue central para garantizar la seguridad y el respaldo a los afectados durante las horas que duró el incidente.

Arrestos, negociaciones legales y versiones contrapuestas sobre la intervención federal

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó a NBC News el arresto de Jacinto Mayancela Guallpa, ciudadano ecuatoriano que, según la agencia, se encontraba de manera irregular en el país. Mientras se realizaba la captura, dos personas permanecieron en el techo y se rehusaron a descender, según afirmó la subsecretaria Tricia McLaughlin en un comunicado dirigido a NBC News. McLaughlin sostuvo que ambos trabajadores reconocieron su estatus migratorio irregular y que un abogado, en calidad de representante, había pactado conducirlos posteriormente al centro de detención de ICE. No obstante, los registros oficiales señalan que este acuerdo nunca se concretó, ya que el abogado no acudió con los trabajadores a las instalaciones federales.

La versión del DHS, difundida por McLaughlin, calificó a la multitud congregada como “manifestantes violentos” y aseguró que quienes acudieron “intentaron impedir que las fuerzas del orden cumplieran con su deber”. En el parte oficial, la dependencia denunció actos de vandalismo, entre ellos la ponchadura de llantas de un vehículo de la patrulla fronteriza, lo que motivó el retiro de los agentes federales del área.

Testimonios de activistas y funcionarios desmienten violencia y enfatizan el derecho a la protesta

Varios de los presentes, como Barnhart y García, ofrecieron versiones discordantes a las del DHS. Consultados por NBC News, aseguraron que la protesta se mantuvo en todo momento pacífica y manifestaron su rechazo a cualquier acto de vandalismo, aunque reconocieron el hallazgo de un vehículo oficial con las llantas ponchadas tras la retirada de las autoridades.

García, puntualizó en declaraciones a NBC News que la multitud acudía con la intención de ejercer su derecho constitucional a la protesta, manifestando el dolor y la indignación generados por la separación de familias y la presión migratoria sobre las comunidades trabajadoras. “La gente está dolida. Está furiosa. Se están separando familias, destruyendo comunidades. Es algo personal”, afirmó. García insistió en que la movilización fue “hermosa de ver” por la diversidad y unidad demostradas en la defensa colectiva.

Barnhart enfatizó que el clima fue de autocontrol y solidaridad entre los ahí presentes y explicó que “la gente sentía júbilo porque ICE se fue, pero persisten el horror y la preocupación por las deportaciones masivas y la falta de debido proceso”, acorde a sus declaraciones recogidas por NBC News.

Cuestionamientos sobre los procedimientos y denuncias de vulneraciones a derechos civiles

En información proporcionada a NBC News, Lunsford subrayó la preocupación sobre la legalidad de los procedimientos federales. La asambleísta indicó que fue advertida de que la persona arrestada poseía un permiso de trabajo vigente, no contaba con antecedentes penales y llevaba más de dos décadas residiendo en los Estados Unidos. “Cuando los derechos civiles son vulnerados sin discriminación, la amenaza se extiende a todos, en cualquier lugar”, advirtió en su declaración.

El conflicto pone en evidencia la tensión entre las políticas federales y las decisiones locales de protección a migrantes. NBC News recuerda que la ciudad de Rochester mantiene desde 1986 resoluciones que limitan la cooperación con agentes migratorios federales y que este año ha reforzado su política de ciudad santuario, sumando disposiciones específicas para colectivos vulnerables como la comunidad LGBTQ. El gobierno federal demandó a Rochester a raíz de estas políticas, acentuando el diferendo entre autoridades nacionales y locales.

La jornada terminó con el retiro de las autoridades federales y la sensación de alivio temporal para los presentes, a la par que se mantuvo la inquietud por las consecuencias futuras, tanto para los trabajadores en cuestión como para la comunidad migrante en la región.