El gobernador Ron DeSantis impulsa una reforma para acabar el impuesto a la propiedad en Florida

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció en Tampa que trabaja en una propuesta concreta para reducir drásticamente o eliminar el impuesto a la propiedad, una medida que planea someter a votación pública en 2026.

DeSantis señaló que este tipo de gravámenes “han puesto en aprietos a muchas personas”, y adelantó que la ciudadanía podrá decidir en las urnas si el estado avanza hacia la eliminación del tributo.

El gobernador informó que su equipo se encuentra afinando los detalles de la iniciativa junto con legisladores y especialistas financieros. “Estoy colaborando con diferentes actores, realizando cálculos y evaluaciones. Pero van a tener la oportunidad de concretar esto en noviembre de 2026”, declaró el gobernador en conferencia de prensa. En la misma intervención, DeSantis expresó que los propietarios de vivienda principal en Florida “deberían poseer sus hogares libres del gobierno”.

DeSantis expuso que, durante los últimos cinco años, Florida experimentó un crecimiento notable del mercado inmobiliario, situación que afectó a los residentes cuyos inmuebles duplicaron y hasta triplicaron su valor catastral.

“Alguien que adquirió una casa por 300.000 dólares hace una década ahora se entera de que su valor asciende a 750.000 dólares. Es una ganancia no realizada, pero su factura fiscal aumenta igual”, explicó DeSantis.

“Quien haya comprado recientemente está pagando mucho más en impuestos de lo que hubiera hecho hace apenas unos años”. Con estas palabras, el gobernador expuso el reclamo de muchos propietarios: “si eres residente de Florida y tienes tu vivienda principal aquí, creo que deberías poseerla sin la carga permanente del Estado”.

DeSantis también aseguró que eliminar el impuesto a la propiedad incentivaría la adquisición de viviendas por parte de los residentes, desplazando la tendencia que privilegia a inversores que compran inmuebles como activos financieros. La medida, según el mandatario, serviría para “inclinar la balanza a favor de la propiedad tradicional”.

Contexto nacional

La propuesta de eliminación del impuesto a la propiedad surge en un contexto nacional donde varios estados liderados por el Partido Republicano, como Illinois, Kansas, Montana, Pensilvania y Texas, exploran alternativas similares. Analistas atribuyen este fenómeno a la escalada de precios inmobiliarios que siguió al auge de la demanda habitacional postpandemia en los suburbios y áreas periféricas.

Según David Schleicher, profesor de legislación urbana en la Facultad de Derecho de Yale, “el incremento de precios impulsado por mudanzas y la expansión del trabajo remoto elevó los impuestos sobre la propiedad en muchas zonas, no por el aumento de tasas, sino de los importes a pagar”.

En estados como Ohio y Michigan, líderes ciudadanos y políticos exploran alternativas de financiamiento para compensar la posible desaparición del impuesto, como la implementación de tarifas para servicios públicos o la venta de pases anuales para parques y bibliotecas.

Aunque la ola de reformas avanza, algunos intentos resultaron fallidos en el pasado reciente. Un referéndum en Dakota del Norte, que planteaba la abolición del gravamen, fue derrotado por el doble de votos negativos frente a la proporción de los partidarios del ex presidente Donald Trump en esa jurisdicción, según informó CNN. Representantes de la oposición reconocieron la insatisfacción social frente a este impuesto, advirtiendo que la presión sobre los gobiernos estatales continuará creciendo.

La tendencia se evidenció en la proliferación de referendos sobre limitación fiscal. El año anterior, en nueve estados de Estados Unidos, los ciudadanos votaron medidas para congelar o restringir la subida de las valoraciones catastrales y, por ende, los importes fiscales.

En esa línea, legisladores de Texas o Michigan impulsan reformas constitucionales y recolección de firmas para abolir el gravamen en las viviendas. El representante texano Brian Harrison sostuvo ante CNN que los impuestos “son incompatibles con el derecho a la propiedad privada”.

La abolición de este tributo requeriría una reforma constitucional aprobada por el 60% de los votantes en 2026. DeSantis afirmó haber conversado tanto con la Cámara de Representantes como con el Senado estatales, quienes estarían receptivos a la propuesta.

Al mismo tiempo, mencionó que la Departamento de Eficiencia Gubernamental prevé difundir auditorías acerca del manejo del gasto público local. “Los presupuestos de los gobiernos locales aumentaron 60 %. ¿Por qué? Porque la compra masiva de casas trae consigo una lluvia de ingresos. En lugar de devolver ese dinero a los contribuyentes, lo gastan”, sostuvo el gobernador de Florida.

Una movilización política

El debate sobre el impuesto a la propiedad se volvió eje de una movilización política más amplia en Estados Unidos. CNN reportó que figuras conservadoras de perfil nacional, como la representante Marjorie Taylor Greene y el empresario Elon Musk, abrieron discusiones públicas sobre la viabilidad de erradicar este tributo a escala federal.

Musk llegó a calificar el impuesto como “un alquiler de facto pagado al gobierno”, una crítica replicada entre militantes del Tea Party y colectivos antitributarios.

Diversos expertos advierten sobre los riesgos presupuestarios de la eliminación del impuesto a la propiedad, que representa cerca del 70% de la recaudación local en todo Estados Unidos, según datos de la Tax Foundation.

En 2023, ese gravamen aportó aproximadamente 60.000 millones de dólares solo en el estado de Florida. Para Jared Walczak, vicepresidente de proyectos estatales de la Tax Foundation, “es difícil que la supresión de esos ingresos pueda compensarse en territorios rurales o residenciales sin recurrir a impuestos sobre las ventas o a una redistribución estatal”. Walczak añadió: “eso quitaría autonomía financiera a las autoridades locales”.

El propio DeSantis admitió que solo Florida parece tener condiciones fiscales para llevar adelante la reforma, debido a los ingresos generados por el turismo y la tributación sobre viviendas no habitadas.

El gobernador reconoció que aún no existe un plan detallado sobre cómo reemplazar la recaudación, aunque insistió en la voluntad política existente para avanzar hacia este objetivo: “somos el único estado que probablemente podría lograrlo”, aseguró.