Polémica en Boyle Heights: comerciantes y vecinos latinos enfrentados por un impuesto para limpiar el barrio

Los propietarios comerciales de Boyle Heights impulsan un impuesto para financiar seguridad, limpieza y paisajismo privados en una zona junto al río de Los Ángeles.

La propuesta avanzará esta semana en el Ayuntamiento, abarcaría más de 160 parcelas durante cinco años y reavivó el conflicto por la gentrificación en el barrio.

El plan, citado por Los Angeles Times, alcanzaría a más de 70 propietarios y prevé recaudar USD 6,9 millones entre enero de 2027 y diciembre de 2031, con cerca de USD 1,2 millones en su primer año.

La propuesta adoptaría la forma de un Business Improvement District, una asociación autofinanciada que obtiene recursos mediante gravámenes a la propiedad dentro de un perímetro definido.

En este caso, el cobro se aplicaría solo a dueños de inmuebles comerciales del distrito industrial y no a residentes de departamentos o casas cercanas.

La zona incluida y el alcance del gravamen

El área incluida se extiende de las calles 1st a 7th y entre Mission Road, Clarence y Anderson. Allí conviven estudios de filmación, depósitos y escenarios con el complejo de vivienda pública de Pico Gardens y un sector residencial próximo a la iglesia Dolores Mission.

Los propietarios sostienen que la ciudad no presta servicios suficientes para mantener limpias las calles ni para proteger a sus trabajadores. También afirman que el distrito permitiría financiar tareas regulares que, según ellos, hoy no reciben en la zona.

Qué financiaría el distrito

Según el proyecto, los fondos pagarían tareas de paisajismo, incluida la remoción de maleza, y personal de saneamiento para barrer basura y residuos de veredas y cunetas los siete días de la semana.

También podría contratarse seguridad para “garantizar que se reduzcan los delitos menores y el vandalismo” dentro del área.

La iniciativa agrega que sus promotores buscarán “minimizar el impacto de las personas sin hogar” mediante trabajo conjunto con servicios sociales.

El dinero también se usaría en acciones de marketing, desarrollo de un sitio web y campañas de relaciones públicas para promover negocios y actividades dentro del distrito.

Para David DaCosta, vinculado al estudio Ace Mission Studios, el esquema sería una asociación entre sector privado y público.

En una reunión realizada en mayo en Dolores Mission afirmó: “Hay una relación natural entre todos nosotros, un camino natural para que todos queramos trabajar juntos”.

El abogado Alfred Fraijo Jr., del estudio Somos Group, que colabora en el proceso de creación del distrito, señaló en ese encuentro que los impulsores analizan “modos alternativos” de construir seguridad pública. Fraijo, oriundo de Boyle Heights, reconoció que comunidades como esa han padecido vigilancia policial excesiva.

Su planteo fue que una mejor iluminación puede volver la zona más transitable. “Tener ojos en la calle es una manera de hacerlo”, dijo.

“Queremos asociarnos con organizaciones que ya están haciendo un buen trabajo en Boyle Heights, creando seguridad en las intersecciones para los niños que cruzan la calle”.

La oposición y las dudas de los residentes

La resistencia surgió porque el proyecto aparece en un momento en que Boyle Heights sigue discutiendo quién se beneficia del desarrollo urbano.

Para Elizabeth Blaney, de Union De Vecinos, rama local de Los Angeles Tenants Union, el distrito pondría “el control del espacio público en manos de los negocios” que formen parte de él.

Blaney también cuestionó el alcance de ese poder: “Ellos pueden decidir qué ocurre ahí”, dijo. “Pueden decidir la estética del vecindario. Pueden decidir quién puede estar en la calle y a qué horas. Pueden contratar seguridad en bicicletas y autos que patrulle, haga cumplir reglas y hostigue”.

Union De Vecinos organizó una petición contra la iniciativa que, según sus organizadores, reunió más de 300 firmas. El texto sostiene que el distrito podría contribuir al aumento de los alquileres y a una mayor congestión de estacionamiento.

Entre los vecinos hay posiciones divididas. Margarita Amador, residente de Boyle Heights, consideró positivo que alguien de la comunidad quiera invertir para mejorar la calidad de vida y recordó que creció allí cuando la violencia de pandillas estaba en su punto más alto.

“Antes nadie quería venir a ese lado de la ciudad”, dijo Amador. A su juicio, la renovación urbana y las inversiones mejoraron el barrio, y agregó: “No estamos en condiciones de rechazar dinero”.

Ana Hernandez, residente de Pico Gardens, desconfió de los actores que promueven el proyecto. Sostuvo que empresas del área industrial organizan eventos nocturnos, incluidas fiestas electrónicas, que alteran la vida cotidiana de quienes viven cerca por el ruido hasta la madrugada.

“No traen negocio para la comunidad. Lo que quieren son ganancias”, dijo. “Quienes dominan las calles son personas que no son de la comunidad”.

Sylvia Sifuentes, propietaria de una vivienda cercana, no se declaró en contra del distrito, pero reclamó información más clara para los residentes sobre su funcionamiento y sus efectos. Sifuentes, de 67 años, vive cerca de Dolores Mission desde que nació y solo hace poco se enteró de la propuesta.

La reunión de mayo fue, para ella, la primera explicación formal del plan. Al principio entendió por error que propietarios como ella también pagarían el impuesto y se preguntó por qué hacía falta un nuevo cargo si la ciudad ya presta servicios de remoción de grafitis y recolección de basura.

El argumento de los promotores y los próximos pasos

Mark Borman, de Bridge & Corner, empresa que alberga producciones audiovisuales en la zona, sostuvo que el distrito podría atender problemas ambientales que afectan el bienestar de sus inquilinos. “Sufrimos vertidos ilegales, muchas veces de materiales tóxicos”, dijo en la reunión de mayo.

Borman afirmó que no reciben servicios en la calle, que las vías no son barridas, que los edificios aparecen pintados “a diario” y que los autos son forzados con regularidad.

A su vez, añadió que los propietarios llaman al sistema municipal 311 sin resultados y que algunos inquilinos le dicen que no se sienten seguros al volver a sus autos después del trabajo.

DaCosta planteó el mismo problema desde la contratación laboral: “Si empleas personas y manejan temprano por la mañana o trabajan hasta tarde, y el área no es segura, es difícil reclutarlas y es difícil retenerlas”, afirmó. “¿Por qué alguien querría venir a trabajar a un área que no es segura?”.

El medio indicó que la próxima etapa del proyecto será el martes en el comité de Desarrollo Económico y Empleo de la ciudad.

Si obtiene aprobación, pasará al pleno del Concejo Municipal antes de que se envíen boletas a los propietarios del distrito y, tras unos 45 días, el Ayuntamiento contabilizará esos votos para decidir si crea formalmente el nuevo distrito.