El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves una nueva batería de sanciones contra la llamada ‘flota en la sombra’ de Irán, dirigida a entidades y barcos presuntamente relacionados con la exportación de petróleo iraní.
Según un comunicado del Departamento del Tesoro de EEUU, la medida forma parte de la estrategia de “máxima presión” destinada a limitar los ingresos que el régimen iraní obtiene a través de su industria petrolera.
Entre las personas sancionadas figura el empresario griego Antonios Margaritis, así como una red de empresas vinculadas a él y más de una docena de buques. El Tesoro norteamericano sostiene que Margaritis lleva “muchos años” facilitando el transporte de productos petroleros iraníes, presuntamente en violación de las sanciones internacionales establecidas contra Irán.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que esta decisión “busca dificultar que Irán financie su programa armamentístico avanzado, apoye a grupos terroristas y amenace la seguridad de las tropas de Estados Unidos y de países aliados”.
El Tesoro señaló que entre las entidades sancionadas se encuentran empresas con base en Hong Kong, China, los Emiratos Árabes Unidos y las Islas Marshall, así como ocho buques, entre ellos el Adeline G y el Kongm, ambos con bandera de Panamá, y el Lafit bajo bandera de Santo Tomé y Príncipe.
El paquete de sanciones también incluye la designación de empresas como Ares Shipping Limited en Hong Kong, Comford Management en las Islas Marshall y Hong Kong Hangshun Shipping Limited. Por otro lado, el Departamento de Estado de Estados Unidos impuso sanciones a dos operadores con sede en China dedicados a la gestión de terminales y almacenamiento de productos petroleros, señalando que facilitaron la importación de petróleo iraní en buques ya afectados por sanciones previas.
Este endurecimiento en la política de sanciones llega en un contexto de tensiones diplomáticas, tras la suspensión de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear iraní, a raíz de los ataques contra instalaciones nucleares iraníes realizados en junio por fuerzas estadounidenses e israelíes. Irán niega cualquier intento de desarrollar armas atómicas y ha afirmado que aún no ha llegado el momento de avanzar en conversaciones “efectivas” con Washington, aunque no descarta totalmente la cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA).
Simultáneamente, el Reino Unido anunció nuevas sanciones contra el magnate petrolero iraní Mohammad Hossein Shamkhani y cuatro empresas, aludiendo a su papel en actividades iraníes en el exterior, que, según las autoridades británicas, incluyen amenazas a la seguridad en Ucrania e Israel. Las sanciones británicas implican la congelación de activos y la prohibición de viajar a Shamkhani, así como la imposición de restricciones financieras a compañías de los sectores naviero, petroquímico y financiero.
Hamish Falconer, ministro británico para Oriente Medio, afirmó: “La dependencia de Irán en ingresos provenientes de estas redes comerciales permite sus actividades desestabilizadoras y la facilitación de amenazas estatales en suelo británico”.
La embajada iraní en Londres condenó las sanciones británicas, calificándolas de “unilaterales e ilegales” y de basarse en “acusaciones infundadas”. Las autoridades de Irán, tanto frente a las medidas de Washington como a las de Londres, han rechazado reiteradamente las acusaciones, atribuyéndolas a motivos políticos y considerándolas “hostiles”.
Los legisladores británicos, en un informe reciente, señalaron que Irán supone una amenaza en aumento y de carácter diverso para el Reino Unido, que va desde ataques físicos y potenciales asesinatos de disidentes y comunidades judías, hasta operaciones de espionaje, ciberataques ofensivos y el desarrollo de armas nucleares. No obstante, matizaron que, por el momento, la amenaza iraní no alcanza la magnitud que representan otros países como Rusia o China.
Con este nuevo escenario de sanciones coordinadas, tanto Washington como Londres enfatizan la importancia de limitar los flujos financieros relevantes para el aparato estatal iraní y sus actividades internacionales, en medio de una creciente vigilancia sobre las rutas marítimas y las redes empresariales vinculadas a la exportación de petróleo.
(Con información de EP y Reuters)
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