
Las deportaciones en Estados Unidos han llegado a cifras no vistas desde el gobierno anterior, tras un notorio aumento de arrestos migratorios durante el verano. Según los últimos datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en la primera semana de agosto el ritmo llegó a cerca de 1.500 deportaciones diarias, aproximándose a los niveles registrados hace una década.
El Gobierno de Estados Unidos ha intensificado las operaciones después de que, en julio, se aprobara un aumento de 76 mil millones de dólares para el presupuesto del ICE, destinados a reforzar la capacidad operativa del organismo durante los próximos cuatro años. Dichos fondos forman parte de la más reciente ley de política interna.
De acuerdo con el ICE, al menos 180.000 personas han sido expulsadas del país desde la llegada de la nueva administración. Manteniendo el ritmo actual, los funcionarios proyectan que las deportaciones podrían superar las 400.000 en el primer año de gobierno del segundo mandato de Trump, una cantidad considerablemente mayor a los 271.000 casos en el periodo anual anterior, aunque aún distante de la meta oficial planteada de un millón de deportaciones al año.
En contraste, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que el número total de deportaciones bajo la administración actual se encuentra en 332.000 personas. Los datos del departamento incluyen ciudadanos rechazados o removidos de manera expedita en los puertos fronterizos, cifras gestionadas por Aduanas y Protección de Fronteras.
Ampliación de vuelos y centros de detención
El ritmo acelerado de expulsiones ha sido posible gracias al uso diario de alrededor de doce aviones chárter, según el activista migratorio Tom Cartwright, citado por The New York Times, el doble de los recursos aéreos utilizados en enero de este año.
El ICE ha modificado su contrato con la empresa CSI Aviation para incrementar la frecuencia de vuelos semanales y ha retomado, de forma limitada, el empleo de aeronaves militares.
Para responder al aumento de detenciones, el ICE ha incrementado la apertura de nuevos centros de detención. Desde el inicio del actual gobierno, se han incorporado al menos 50 nuevas instalaciones, incluyendo centros privados y carcelarios estatales y locales, así como campamentos temporales en estados fronterizos. A finales de julio, estas instalaciones alojaban a más de 6.000 personas adicionales.

Críticas, protestas y cambios en los criterios de detención
Las políticas actuales han estado bajo cuestionamiento debido a la naturaleza de los arrestos. Bajo la administración anterior, la mayoría de deportaciones correspondían a personas con antecedentes penales o recientes cruces fronterizos. En contraste, desde mayo, el asesor gubernamental en política migratoria, Stephen Miller, instruyó al ICE a escalar arrestos sin limitarse a personas con historial criminal.
“Cerca del 80% del aumento reciente en arrestos corresponde a personas sin antecedentes criminales”, declaró al New York Times, Aaron Reichlin-Melnick, del Consejo Americano de Inmigración.
Mientras que los arrestos por delitos violentos subieron de 1.100 en diciembre a 1.900 en junio, la cantidad total de detenciones ascendió a más de 28.000, principalmente de individuos sin cargos previos.

Este enfoque provocó una ola de protestas en ciudades como Los Ángeles y Nueva York. En ambas urbes, los arrestos incluyeron redadas en operativos callejeros, comparecencias en cortes migratorias y visitas de control a oficinas de ICE, lo que motivó demandas y órdenes judiciales.
Un tribunal federal impuso una orden temporal que impide arrestos basados en raza, etnia o ubicación, disposición cuya apelación ha sido elevada por el Gobierno de Estados Unidos.
“Entre el inicio del operativo y la resolución judicial, el ICE arrestó a más de 2.000 migrantes en el área de Los Ángeles sin historial penal, la mayoría provenientes de México o Guatemala”. Así lo sostiene la investigación del Proyecto de datos sobre deportaciones, que basa sus cifras en informes de la propia agencia y solicitudes públicas de información.

Más fondos, más agentes, más espacios
El aumento de fondos también permitirá al ICE contratar 10.000 nuevos agentes y sumar 80.000 camas al sistema de detención. Según Tricia McLaughlin, portavoz de DHS, se destinarán 45.000 millones de dólares para ampliar la infraestructura de detención y 14.000 millones para operaciones de traslado.
El ICE también anunciará nuevos acuerdos con gobiernos estatales y locales para administrar centros, incluyendo instalaciones como la llamada “Alligator Alcatraz” en Florida.
Blas Nuñez-Neto, exasesor de seguridad interna de la administración Biden, aseguró que el desafío logístico exige nuevas contrataciones y la ampliación de recursos: “el proceso para deportar a quienes están en el país sin autorización requiere sostener detenciones prolongadas y gestionar la logística de traslado con mayor eficiencia”, indicó.
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