El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció este miércoles la imposición de sanciones contra cuatro jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI), tras acusarlos de participar directamente en las iniciativas del tribunal para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel sin el consentimiento de ambos países. Entre los sancionados se encuentran Kimberly Prost de Canadá, Nicolas Guillou de Francia, Nazhat Shameem Khan de Fiyi y Mame Mandiaye Niang de Senegal, según un comunicado oficial.
El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó las medidas en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 14203, firmada en febrero por el presidente Donald Trump para “imponer sanciones a la Corte Penal Internacional”. Según Rubio, estas sanciones responden a lo que calificó como “la politización, el abuso de poder y la extralimitación judicial ilegítima” de la CPI, al considerar que el tribunal representa “una amenaza para la seguridad nacional” y ha actuado “como instrumento de guerra jurídica contra Estados Unidos y su estrecho aliado, Israel”.
Rubio detalló que Nicolas Guillou fue sancionado por “autorizar la emisión de órdenes de arresto por parte de la CPI contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ex ministro de Defensa, Yoav Gallant“. Asimismo, los adjuntos a la fiscalía, Nazhat Shameem Khan y Mame Mandiaye Niang, quienes asumieron funciones tras la suspensión del fiscal principal Karim Khan por presunta agresión sexual, fueron sancionadas por “seguir apoyando acciones de la CPI contra Israel, incluyendo el cumplimiento de las órdenes de arresto emitidas”.
Tras el anuncio, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, felicitó públicamente a Rubio por la decisión. “Felicito a Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, por decidir imponer sanciones a los jueces de la Corte Penal Internacional de La Haya”, declaró Netanyahu en un comunicado. “Este es un acto decisivo contra la falsa campaña de desprestigio contra el Estado de Israel y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), y a favor de la verdad y la justicia", añadió.
Con estas designaciones, el Gobierno de Trump ha sancionado a un total de ocho funcionarios de la CPI desde febrero, en respuesta a las investigaciones del organismo contra ciudadanos estadounidenses e israelíes. La Corte Penal Internacional, establecida por el Estatuto de Roma, es un tribunal con sede en La Haya encargado de procesar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. No obstante, Estados Unidos, China, Rusia e Israel no son miembros del organismo y no reconocen su jurisdicción.
El Departamento de Estado instó asimismo a los países que mantienen su apoyo a la CPI a “resistir las pretensiones de esta institución”, argumentando que muchos de ellos deben su libertad a “grandes sacrificios estadounidenses”.
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