El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) informó que solicitará a la Corte Suprema revisar la constitucionalidad de la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump para poner fin a la ciudadanía por nacimiento.
El anuncio se divulgó en un informe conjunto presentado el miércoles 6 de agosto de 2025 ante la Corte de Distrito para el Oeste de Washington.
El caso centra la atención nacional en el debate sobre los derechos constitucionales y la interpretación de la Enmienda 14, la cual, desde su adopción en 1868, garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en suelo estadounidense y bajo su jurisdicción. El tema ha generado divisiones políticas y múltiples desafíos judiciales en distintos estados del país.
El alcance de la orden ejecutiva
La orden ejecutiva, titulada "Protegiendo el significado y valor de la ciudadanía estadounidense“, fue firmada por el presidente Trump el 20 de enero de 2025. Instruye al gobierno federal a negar documentos de ciudadanía a los hijos nacidos en Estados Unidos de padres inmigrantes indocumentados o con estatus temporal.
Este cambio busca modificar una interpretación histórica de la Enmienda 14 y ha sido considerado por expertos y jueces federales como una medida que podría redefinir los límites del poder ejecutivo.
Actualmente, millones de niños nacidos en territorio estadounidense de padres inmigrantes indocumentados o con visas temporales se ven amparados por la política vigente. Un fallo a favor de la orden ejecutiva podría transformar la vida de estas familias y afectar el principio tradicional de jus soli vigente en el país.
Decisión judicial e impugnaciones a nivel nacional
El 6 de febrero de 2025, la corte de distrito en Seattle bloqueó la aplicación de la orden ejecutiva de Trump mediante una orden judicial preliminar con alcance nacional.
Esta resolución se suma a decisiones similares en Maryland (5 de febrero), New Hampshire (10 de febrero) y Massachusetts (13 de febrero), donde tribunales federales han determinado que la medida es incompatible con garantías constitucionales.
El juez Leo Sorokin, nombrado por el expresidente Barack Obama y adscrito a la corte federal de Boston, consideró en un fallo que “la garantía constitucional de ciudadanía se aplica de forma generalizada” y calificó la política de Trump como “inconstitucional y contraria a la ley federal”.
En respuesta, el gobierno federal apeló las decisiones e intentó obtener suspensiones parciales en instancias superiores, incluido el Tribunal Supremo. Sin embargo, tras la negativa de la Corte Suprema al pedido de suspensión y la ratificación de los fallos por parte del Noveno Circuito el 23 de julio, las restricciones a la orden siguen vigentes.
El proceso hacia la Corte Suprema
El informe presentado el 6 de agosto por el DOJ indica que el Procurador General D. John Sauer planea presentar “de manera expedita” una solicitud de certiorari, el trámite que permite a la Corte Suprema decidir si acepta la revisión de un caso. La intención del gobierno es que el asunto llegue ante los magistrados en la próxima legislatura, que inicia en octubre.
Aunque las autoridades aún no han definido cuál de los casos en curso será el elegido como base de la apelación, tanto el Departamento de Justicia como los estados que demandan —incluidos Washington, Arizona, Illinois y Oregón— acordaron mantener informada a la corte sobre los próximos pasos en el proceso judicial.
Posturas y declaraciones
La Fiscal General Pam Bondi anticipó en junio que el tema llegaría a la Corte Suprema en octubre: “la ciudadanía por nacimiento se decidirá en octubre, en la próxima sesión de la Corte Suprema”.
Por su parte, los abogados del DOJ dijeron en su escrito que, “a la luz de la decisión del Noveno Circuito, los demandados representan que el Procurador General planea buscar certiorari de forma expedita para que la Corte Suprema resuelva la legalidad de la orden de ciudadanía en el próximo período”.
Para la profesora de derecho constitucional Jessica Levinson, de la Loyola Law School, la vía legal elegida por el expresidente es inadecuada: “no puedes ‘eliminar’ la Constitución a través de una orden ejecutiva. Si quieres terminar con la ciudadanía por nacimiento, necesitas enmendar la Constitución, no emitir una orden ejecutiva”, dijo al ser consultada por Newseweek.
El DOJ definirá en los próximos días cuál caso seleccionará para elevar la disputa ante la Corte Suprema. Si el tribunal acepta examinar la cuestión, podría escuchar los argumentos en 2026 y pronunciar una resolución antes de junio del mismo año.
Mientras tanto, las sentencias de las cortes inferiores que bloquean la orden de Trump siguen vigentes. Así, la protección actual de la ciudadanía por nacimiento continúa en vigor, al menos hasta que el máximo tribunal del país decida lo contrario y zanje una de las controversias constitucionales más relevantes de la era reciente.
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