Un tribunal de apelaciones declaró inconstitucional el intento de Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento en EEUU

Una corte federal de apelaciones en San Francisco ratificó este miércoles la invalidez de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump que intentaba restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. El fallo, emitido por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, confirma la decisión de un tribunal de distrito que había bloqueado la aplicación nacional de la medida por considerarla contraria a la Constitución.

El caso fue impulsado por los estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregón, que demandaron al gobierno federal tras la emisión de la orden. Estos estados argumentaron que la eliminación del derecho a la ciudadanía por nacimiento afectaría directamente sus sistemas de salud, educación y servicios sociales, además de generar consecuencias legales y administrativas de amplio alcance.

La orden ejecutiva establece que un niño nacido en Estados Unidos no puede ser ciudadano si su madre se encuentra en el país sin estatus migratorio legal o de manera temporal, y si el padre tampoco es ciudadano ni residente permanente. Esta disposición buscaba reinterpretar la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda, que establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos”.

El tribunal de apelaciones resolvió la cuestión con una votación de 2-1. La mayoría, compuesta por los jueces Michael Hawkins y Ronald Gould —ambos designados por el ex presidente Bill Clinton— coincidió con la interpretación del tribunal de distrito de que la orden ejecutiva vulneraba la Constitución. “El tribunal de distrito concluyó correctamente que la interpretación propuesta en la Orden Ejecutiva, que niega la ciudadanía a muchas personas nacidas en los Estados Unidos, es inconstitucional. Estamos completamente de acuerdo”, escribieron los jueces.

El juez disidente, Patrick Bumatay —nombrado por Trump— cuestionó el derecho legal de los estados para demandar. En su opinión, los estados no demostraron legitimación para impugnar la medida, y consideró que la emisión de una orden cautelar de alcance nacional excedía el ámbito judicial. “Debemos abordar cualquier solicitud de alivio universal con escepticismo de buena fe, conscientes de que la invocación de ‘alivio completo’ no es una puerta trasera a las medidas cautelares universales”, escribió Bumatay, aunque evitó pronunciarse sobre la constitucionalidad de la orden de Trump.

La decisión del Noveno Circuito se produce en un contexto en que la Corte Suprema ha restringido recientemente la capacidad de los tribunales inferiores para emitir medidas cautelares de aplicación nacional. Sin embargo, el tribunal consideró que este caso encajaba dentro de una de las excepciones permitidas, ya que afectaba directamente a los estados demandantes. “Concluimos que el tribunal de distrito no abusó de su discreción al emitir una medida cautelar universal para dar a los estados un alivio completo”, explicaron Hawkins y Gould.

La demanda se basó también en precedentes históricos. Los estados citados recordaron el caso United States v. Wong Kim Ark (1898), en el que la Corte Suprema afirmó que un niño nacido en San Francisco de padres chinos —que no eran ciudadanos estadounidenses— tenía derecho a la ciudadanía por nacimiento. La interpretación actual de la Cláusula de Ciudadanía se apoya en ese fallo, que ha sido considerado determinante para la doctrina constitucional vigente.

El Departamento de Justicia defendió la orden ejecutiva alegando que la frase “sujeto a la jurisdicción de Estados Unidos”, presente en la Decimocuarta Enmienda, permite limitar la ciudadanía por nacimiento.

Según sus abogados, esa cláusula excluye a hijos de personas que no están plenamente sujetas a las leyes del país, como los inmigrantes sin estatus legal o los que permanecen bajo visados temporales. Los tribunales rechazaron esta interpretación.

Entre los efectos potenciales señalados por los estados demandantes, se incluyen la pérdida de reembolsos federales por servicios prestados a niños que dejarían de ser considerados ciudadanos, y un aumento en los costos administrativos para cumplir con los requisitos de la orden. “Se les negarán los reembolsos federales por la atención médica y los servicios sociales prestados a niños que ya no serían considerados ciudadanos según la Orden Ejecutiva”, detalló el fallo.

La Casa Blanca y el Departamento de Justicia no emitieron declaraciones públicas tras la decisión judicial. Con este fallo, el asunto queda ahora en una posición que podría llevarlo a revisión por parte de la Corte Suprema. Hasta el momento, al menos nueve demandas en todo el país han impugnado la orden de Trump, que no llegó a entrar en vigor debido a los bloqueos judiciales sucesivos.

(Con información de Bloomberg, AP y EFE)