En el año 2020, agentes de la policía de Greenwich en Connecticut recuperaron residuos domésticos de la vivienda de Janita Phillips en Lake Mary, Florida. Pruebas de ADN realizadas a partir de aquellos objetos permitieron identificar, décadas después, que tanto Phillips como su esposo eran los padres biológicos de un bebé hallado muerto en 1986 en un camión de basura.
A partir de esa revelación, las autoridades reabrieron un caso que había permanecido sin resolver durante más de treinta años y detuvieron a la mujer bajo cargos de homicidio.
Según reportó CBS News, la investigación policial había quedado estancada durante décadas, hasta que en 2019 se anunció la utilización de técnicas forenses avanzadas de ADN para intentar arrojar luz sobre la muerte del infante, conocido públicamente como “Baby John”.
El crimen que marcó a toda una comunidad
Adicionalmente, el departamento policial ofreció una recompensa de 20.000 dólares a quienes pudieran proporcionar información relevante que condujera a la detención del responsable. Un año después, el avance de la tecnología permitió realizar nuevas pruebas que, finalmente, enlazaron la evidencia biológica en la escena del crimen con la mujer que entonces residía en Florida.
El martes, después de declararse culpable en abril de un cargo reducido de homicidio imprudente, Janita Phillips, de 65 años, fue sentenciada a cinco años de libertad condicional por un tribunal en Stamford, Connecticut. Esta condena resulta poco común en casos de homicidio infantil.
Tanto la fiscalía como la defensa coincidieron en que Phillips actuó bajo una “angustia emocional extrema” en el momento de los hechos, según un análisis psicológico revisado por pares. El juez Gary White consideró que era un caso donde “la misericordia” resultaba apropiada.
Los hechos se remontan al 16 de mayo de 1986. Trabajadores que vaciaban un contenedor en el edificio de apartamentos donde vivía Phillips en Greenwich descubrieron el cadáver de un recién nacido al inspeccionar el camión de basura.
El informe de la oficina del médico forense de Connecticut determinó que la muerte se debió a estrangulamiento poco después del nacimiento y la catalogó como homicidio.
De acuerdo con el abogado defensor Stephen DeLeo, ella atravesaba una situación de vulnerabilidad aquel año. Hacía poco que la familia había conseguido mudarse a un apartamento tras un periodo de indigencia y afrontaba dificultades económicas severas.
Una pista que condujo al hallazgo de la culpable
Phillips, su esposo y su hijo mayor se habían instalado en la localidad mientras lidiaban con la incertidumbre sobre la manutención familiar. El marido —quien desconocía y no estuvo involucrado en el hecho, señalaron las autoridades— le había manifestado que no deseaba tener más hijos.
El propio DeLeo relató que la imputada ocultó el embarazo tanto a su esposo como al resto de los familiares. Phillips y su marido, quienes permanecen casados después de cuarenta y dos años de matrimonio, tienen otros tres hijos que actualmente son adultos. Uno de ellos, con discapacidad, reside en una institución de vida asistida.
El esposo de Phillips también enfrenta problemas de salud, por lo que ella se encarga de sus cuidados. Respecto a su comportamiento tras los sucesos de 1986, DeLeo afirmó que encarcelarla ahora no tendría ningún propósito. Además, señaló que la imputada perdió su empleo en el sector asegurador como consecuencia del proceso penal.
Durante la vista de sentencia, Phillips rompió en llanto y expresó un profundo sentimiento de arrepentimiento. Asumió por completo la responsabilidad por sus actos, según indicó DeLeo. Si incumple condiciones de la libertad condicional, podría enfrentar hasta veinte años de prisión. La fiscalía sostuvo que la condena respondía excepcionalmente al informe de evaluación psicológica independiente, que concluyó que la acusada padecía un estado de perturbación emocional extrema la noche de los hechos.
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