La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó la deportación de varios inmigrantes hacia Sudán del Sur, un país afectado por conflictos armados, pese a que los individuos en cuestión no mantienen vínculos con ese territorio.
El fallo, emitido el jueves 3 de julio por la mayoría conservadora del tribunal, permite culminar el traslado de los inmigrantes, el cual había quedado detenido en una base naval en Yibuti desde mayo.
La decisión judicial revierte así resoluciones de instancias inferiores, particularmente del juez federal Brian Murphy, quien había bloqueado temporalmente la expulsión de los migrantes por considerar que el procedimiento vulneraba sus derechos a impugnar el envío hacia un tercer país donde podrían correr peligro.
Murphy insistió en que su orden continuaba vigente, a pesar de que la Corte Suprema levantó una determinación más amplia que impedía las deportaciones a países distintos al de origen de los afectados.
La Asistente Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, confirmó que las autoridades finalizarán el proceso de traslado a Sudán del Sur en un plazo máximo de 24 horas luego del pronunciamiento de la Corte.
“La intervención de la Corte Suprema es una victoria para el estado de derecho, la seguridad y la protección del pueblo estadounidense”, afirmó McLaughlin en declaraciones citadas por The Associated Press.
El fallo establece que la orden judicial de Murphy queda totalmente suspendida y que cualquier intento de impedir el traslado resulta “inaplicable”. El máximo tribunal, como es habitual para los casos tramitados por la vía de emergencia, no explicó en profundidad la justificación legal de la decisión.
La votación de la Corte Suprema
La votación reflejó la división ideológica del tribunal. Las juezas liberales Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson manifestaron su desacuerdo en un voto disidente, alegando que la decisión confiere privilegios extraordinarios al gobierno federal.
La magistrada Elena Kagan también expresó discrepancias sobre el alcance de la orden, aunque aceptó que el nuevo fallo anula los hallazgos de Murphy sobre el vuelo al país africano.
Deportación a terceros países
Los ocho inmigrantes involucrados, todos con antecedentes penales en Estados Unidos y sujetos a órdenes de deportación definitiva, permanecieron detenidos en condiciones precarias dentro de un contenedor adaptado en la base de Yibuti, tras la interrupción del vuelo previsto con destino a Sudán del Sur.
El gobierno ha firmado acuerdos con terceros países para albergar a inmigrantes en situaciones similares, cuando no resulta posible la deportación directa al país de origen.
Abogados y advierten que los migrantes enfrentan graves riesgos si llegan a Sudán del Sur. Según Trina Realmuto, directora ejecutiva de la National Immigration Litigation Alliance, “sabemos que afrontan condiciones peligrosas y posiblemente la detención inmediata tan pronto lleguen”.
Realmuto subrayó que el escenario sudanés incluye flagrantes violaciones a los derechos humanos y una amenaza constante de guerra civil.
El proceso se inscribe dentro de una amplia ofensiva contra la inmigración irregular impulsada por la administración republicana, que ha intensificado los controles y la ejecución de expulsiones. A criterio del gobierno, la postura de Murphy representa “un acto ilegal de desafío”, en palabras de voceros oficiales.
Por su parte, la fiscal general Pam Bondi calificó a Murphy como un “juez de distrito rebelde” y sostuvo que la Corte Suprema corrigió su conducta, afirmando que “los magistrados llamaron la atención sobre su desacato”.
De acuerdo con los servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), los ocho afectados agotaron todos sus recursos legales antes de recibir la orden de deportación.
Pese a esto, el juez Murphy había dictaminado que los migrantes merecen una oportunidad genuina de argumentar que corren riesgo de tortura si son enviados a un país que no es el suyo, incluso si ya no cuentan con vías formales de apelación.
Durante su detención forzada en Yibuti, los migrantes expresaron a sus abogados el temor de ser enviados a Sudán del Sur, debido al peligro que implica la situación política del país africano.
La directora de la National Immigration Litigation Alliance enfatizó que la vida de los deportados podría estar en riesgo: “Podrían enfrentar prisión, torturas e incluso la muerte”.
La determinación de la Corte Suprema convierte en nula cualquier protección temporal obtenida previamente en tribunales federales y consolida la facultad del gobierno para implementar políticas de deportación con respaldo judicial.
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