El estado de Texas ha ordenado a sus universidades públicas identificar a los estudiantes indocumentados que hasta ahora se beneficiaban de matrículas reducidas para residentes, con el objetivo de exigirles el pago completo a partir del semestre de otoño de 2025.
Esta medida, que afecta a miles de jóvenes, surge tras un reciente fallo judicial que ha modificado el acceso a la educación superior para quienes carecen de estatus legal en el país.
La instrucción proviene de Wynn Rosser, comisionado de la Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas, quien ha solicitado formalmente a las instituciones universitarias que “reclasifiquen” como no residentes a los estudiantes sin documentación migratoria.
La orden fue emitida tras un fallo judicial que invalida una ley estatal de 2001
En una carta citada por The Texas Tribune, Rosser especifica que “se les cobrará la matrícula de no residente para el semestre de otoño de 2025”. Esta decisión representa un cambio drástico en la política educativa del estado, que durante más de dos décadas permitió a ciertos jóvenes indocumentados acceder a la universidad en igualdad de condiciones económicas que los residentes legales.
El origen de esta orden se encuentra en un fallo de un juez federal que invalidó la ley estatal conocida como Texas Dream Act, aprobada en 2001.
Esta normativa permitía que jóvenes que no son ciudadanos estadounidenses, pero que residían en Texas y se graduaron de secundaria en el estado, pudieran pagar la misma matrícula universitaria que los residentes legales.
El fallo judicial responde a un recurso presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que argumentó que el estado estaba “discriminando de manera inconstitucional” a los ciudadanos estadounidenses en “beneficio” de los extranjeros. Esta interpretación legal ha tenido consecuencias inmediatas para la vida de miles de estudiantes y sus familias.
Según datos de la organización Higher Ed Immigration Portal, se estima que unos 73.000 estudiantes de las universidades públicas de Texas serán afectados por la nueva medida, lo que representa casi una quinta parte de los 408.000 estudiantes con este estatus a nivel nacional.
Esta cifra ilustra la magnitud del impacto en el acceso a la educación superior para la población indocumentada en el estado. La política de matrículas diferenciadas ha sido, durante años, una vía de integración y movilidad social para jóvenes que crecieron y se formaron en Texas, pero que carecen de documentos migratorios.
La diferencia entre las matrículas de estudiantes residentes y no residentes
En el sistema universitario de Estados Unidos, la diferencia entre la matrícula para residentes y no residentes es considerable.
Los estudiantes que provienen de otros estados deben pagar tarifas mucho más elevadas cuando asisten a universidades fuera de su región de residencia. La ley estatal de Texas, ahora invalidada, ofrecía a los jóvenes indocumentados la posibilidad de acceder a la educación superior con la tarifa local, considerablemente más baja que la de no residentes.
Esta política, implementada en 2001, fue pionera en el país y sirvió de modelo para otras jurisdicciones que buscaban ampliar el acceso a la universidad para estudiantes sin estatus legal.
La decisión de reclasificar a los estudiantes indocumentados como no residentes implica que, a partir del semestre de otoño de 2025, deberán abonar la matrícula completa, que en muchos casos puede duplicar o triplicar el costo actual.
Esta carga económica adicional podría resultar prohibitiva para numerosos jóvenes y sus familias, quienes ya enfrentan barreras significativas para acceder a la educación superior. La medida no solo afecta a los estudiantes actualmente matriculados, sino también a quienes aspiraban a ingresar a la universidad bajo las condiciones previas.
La carta de Wynn Rosser, citada por The Texas Tribune, deja claro que las universidades públicas de Texas deberán implementar la reclasificación de inmediato, de modo que los cambios en la matrícula se apliquen sin excepciones a partir del próximo ciclo académico.
Esta directriz administrativa responde a la obligación legal impuesta por el fallo federal, pero también refleja un cambio en la postura del estado con respecto a la integración de los jóvenes indocumentados en el sistema educativo.
El debate sobre el acceso a la educación superior para estudiantes indocumentados ha sido recurrente en Texas y en el resto de Estados Unidos. La aprobación de la Texas Dream Act en 2001 representó un avance significativo para quienes, pese a haber crecido y estudiado en el estado, no podían regularizar su situación migratoria.
La ley permitió que miles de jóvenes accedieran a la universidad con las mismas condiciones económicas que sus compañeros residentes, facilitando su desarrollo académico y profesional. Ahora, con la invalidación de esta normativa, muchos de estos estudiantes ven amenazada su continuidad educativa.
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