El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) confirmó este jueves 26 de junio que tiene la intención de enjuiciar a Kilmar Ábrego García en Tennessee por cargos federales de tráfico humano, antes de proceder con su deportación a un tercer país que no ha sido identificado públicamente y que no sería su natal El Salvador.
“Este acusado ha sido imputado por crímenes horrendos, incluido el tráfico de niños, y no volverá a quedar en libertad en nuestro país”, declaró el portavoz del DOJ, Chad Gilmartin, a la agencia The Associated Press.
La declaración se produjo horas después de que un fiscal federal informara a una jueza en Maryland sobre los planes del gobierno para remover a Ábrego García sin fecha definida.
Piden frenar deportación inmediata
Durante una audiencia telefónica no programada, la jueza federal Paula Xinis fue informada por el abogado del DOJ, Jonathan Guynn, que si bien existe la intención de cumplir con las órdenes judiciales, “no hay un calendario definido” para los procedimientos de deportación.
Los abogados defensores alertaron que el gobierno podría intentar expulsar rápidamente a Ábrego García, posiblemente durante el fin de semana, antes de que se resuelvan los procesos judiciales pendientes. En respuesta, solicitaron que sea trasladado a Maryland, donde su esposa —ciudadana estadounidense— mantiene una demanda contra la administración Trump por su deportación previa en marzo.
“Si esta corte no actúa con rapidez, el gobierno probablemente lo enviará a un lugar lejano a Maryland”, advirtieron los defensores en una moción judicial.
De Maryland a una prisión en El Salvador
Ábrego García vivió por más de una década en los suburbios de Washington D.C. junto a su familia estadounidense. En marzo, fue deportado a El Salvador, en violación de una orden judicial de 2019 que prohibía su expulsión debido a amenazas creíbles de pandillas en su país.
Poco después, fue repatriado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales por contrabando de personas, vinculados a un incidente de 2022 en Tennessee, cuando fue detenido por exceso de velocidad mientras transportaba a nueve pasajeros sin equipaje.
El caso fue usado por funcionarios del gobierno para sugerir —sin pruebas públicas— que tenía vínculos con la pandilla MS-13, acusación que Abrego García niega rotundamente. El 13 de junio, el acusado se declaró inocente de los cargos, los cuales sus abogados consideran parte de una maniobra para justificar su expulsión previa a una prisión salvadoreña.
Liberación suspendida
En Nashville, la jueza magistrada Barbara Holmes determinó que Ábrego García tiene derecho a libertad bajo fianza mientras espera el juicio, y estableció que debería vivir con su hermano —ciudadano estadounidense— en Maryland.
Sin embargo, retrasó la liberación ante la preocupación de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intente deportarlo antes del juicio, lo que supondría una reversión de la política previamente anunciada por el gobierno.
Holmes pidió a las partes presentar escritos antes del viernes para definir si es viable garantizar que el acusado permanezca en el país mientras se desarrolla el juicio penal.
El experto en derecho migratorio César Cuauhtémoc García Hernández, profesor en la Universidad Estatal de Ohio, explicó a la AP que la administración tiene autoridad legal para intentar deportarlo a un tercer país, aunque eso requeriría mover influencias diplomáticas. “Es poco común, pero no sin precedentes”, afirmó.
Ábrego García aún podría contestar tanto las acusaciones penales como la orden de deportación en una corte de inmigración, presentando evidencia de sus lazos con Estados Unidos. El proceso incluye múltiples niveles de apelación, desde la Junta de Apelaciones de Inmigración hasta tribunales federales.
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