Juez falla en contra del despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles

Un juez federal en San Francisco, Charles Breyer, bloqueó el jueves la decisión de la administración de Donald Trump de federalizar a los miembros de la Guardia Nacional de California y desplegarlos en Los Ángeles.

Según la resolución judicial, la medida excedió los límites legales y violó la Décima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, lo que llevó al juez a ordenar que el control de estas fuerzas regresara al gobernador del estado, Gavin Newsom.

La decisión será apelada por el Departamento de Justicia.

La orden presidencial planeaba utilizar a 4.000 miembros de la Guardia Nacional y 700 marines

El fallo se produjo tras una audiencia en la que se discutió la legalidad de la orden presidencial, que buscaba utilizar a más de 4.000 miembros de la Guardia Nacional y 700 marines en servicio activo para apoyar a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ejecución de arrestos migratorios.

Según el juez Breyer, la acción de Trump no solo carecía de fundamento legal, sino que también ignoraba la autoridad del gobernador de California, quien es el comandante en jefe de la Guardia Nacional estatal. En su decisión de 36 páginas, Breyer afirmó: “Sus acciones fueron ilegales, ya que excedieron el alcance de su autoridad legal y violaron la Décima Enmienda”.

El gobernador Newsom celebró la decisión judicial y pidió al presidente que detuviera lo que calificó como una “militarización ilegal” de Los Ángeles. En redes sociales, Newsom expresó: “El tribunal acaba de confirmar lo que todos sabemos: el ejército debe estar en el campo de batalla, no en las calles de nuestra ciudad. Esta victoria no es solo para California, sino para todo el país”.

Por su parte, el Departamento de Justicia calificó la demanda de Newsom como una “maniobra política” y defendió la autoridad del presidente para movilizar tropas en situaciones de emergencia.

La controversia se originó en medio de protestas masivas en Los Ángeles, desencadenadas por la intensificación de las políticas migratorias de la administración Trump.

Continúan las protestas contra los operativos de ICE

En un memorando del 7 de junio, el presidente describió las manifestaciones como “una forma de rebelión contra Estados Unidos”, lo que justificaba, según él, la activación de la Guardia Nacional bajo el Título 10 del Código de los Estados Unidos. Este marco legal permite al presidente movilizar fuerzas militares en casos de invasión, rebelión o cuando las fuerzas regulares no son suficientes para ejecutar las leyes.

Desde el inicio del despliegue, las tensiones han aumentado en la ciudad más grande de California, donde la alcaldesa Karen Bass impuso un toque de queda nocturno y el Departamento de Policía de Los Ángeles reportó al menos 400 arrestos relacionados con las protestas.

Además, la presencia de tropas federales ha generado preocupación entre las autoridades locales, quienes argumentan que la medida podría desestabilizar a la comunidad y agravar la situación.

La presencia de militares en las calles viola las leyes que limitan el uso de fuerzas federales, según Bonta

El fiscal general de California, Rob Bonta, respaldó la posición del gobernador y presentó documentos judiciales en los que calificó el despliegue como una “provocación profundamente incendiaria e innecesaria”.

Según Bonta, la presencia de militares en las calles viola las leyes que limitan el uso de fuerzas federales para la aplicación de la ley civil. En su demanda, Newsom solicitó que las tropas se limitaran a funciones indirectas, como la protección de edificios federales y empleados gubernamentales, y que se les prohibiera participar en arrestos, registros o puestos de control.

Durante la audiencia, el juez Breyer cuestionó la interpretación del Título 10 presentada por el Departamento de Justicia, que argumentó que el presidente tiene total discreción para movilizar a la Guardia Nacional.

Breyer señaló que la Constitución establece límites claros al poder ejecutivo y afirmó: “Este país se fundó en respuesta a una monarquía y la Constitución es un documento de limitaciones”. También rechazó la idea de que el gobernador Newsom sea un mero “conducto” para las órdenes presidenciales, como sugirió el abogado del Departamento de Justicia, Brett Shumate.

Mientras tanto, oficiales militares han aclarado que los marines desplegados en Los Ángeles no tienen autoridad para realizar arrestos y que su misión se limita a proteger la propiedad y el personal federal.

Arrestos masivos en las protestas realizadas de Los Ángeles

Sin embargo, la administración Trump ha defendido la necesidad de su presencia para garantizar la seguridad de los agentes de ICE y otros empleados federales. Según datos proporcionados por el Departamento de Seguridad Nacional, desde el viernes se han arrestado a 330 migrantes en Los Ángeles, de los cuales 113 tenían antecedentes penales.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, evitó comprometerse a acatar la decisión judicial y criticó la intervención de los tribunales en asuntos de seguridad nacional. Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que las autoridades de inmigración tienen “decenas de miles de objetivos”, aunque no especificó cuántos migrantes más podrían ser detenidos.

La situación en Los Ángeles refleja un conflicto más amplio entre el gobierno federal y los estados sobre el uso de fuerzas militares en contextos civiles. La Ley de Insurrección, que data de 1792, permite al presidente desplegar tropas en casos de insurrección, pero su aplicación en este caso ha sido objeto de intenso debate. Hasta el miércoles, aproximadamente 2.800 miembros de la Guardia Nacional y la Infantería de Marina estaban desplegados en Los Ángeles bajo el mando de la Fuerza de Tarea 51, mientras que otros 2.000 miembros permanecían bajo mando federal, según el Departamento de Defensa.