Un hombre fue acusado de intento de asesinato capital y manipulación de pruebas físicas tras ser señalado por presuntamente administrar un medicamento abortivo en la bebida de su exnovia, lo que resultó en la pérdida de su embarazo.
Los hechos habrían ocurrido en octubre del año pasado en una cafetería del condado de Tarrant, Texas, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Parker.
Según los reportes policiales, Justin Anthony Banta, de 38 años, inició una relación con la víctima en septiembre de 2024, cuando ella quedó embarazada.
En ese momento, Banta, quien trabaja como técnico en el área de informática para el Departamento de Justicia, habría propuesto cubrir los gastos de un aborto y sugirió adquirir en línea un fármaco conocido como “Plan C”, utilizado para interrumpir embarazos. “La víctima informó a Banta de su deseo de quedarse con el bebé”, declaró la oficina del sheriff en un comunicado de prensa.
El 17 de octubre, mientras la víctima se encontraba en la sexta semana de su embarazo, acudió a una ecografía en la cual le informaron que el feto estaba sano, con “un fuerte latido” y estables signos vitales, según detalló el informe de las autoridades.
Más tarde ese mismo día, la mujer habría aceptado reunirse con Banta en un café. Allí, él le entregó una bebida comprada antes de su llegada, la cual consumió por completo, según imágenes de seguridad revisadas por los investigadores, de acuerdo con la BBC.
Al día siguiente, la mujer comenzó a experimentar una grave fatiga y fuertes hemorragias, razón por la cual acudió a urgencias. Finalmente, el 19 de octubre, según explicó a la policía, perdió al bebé y aseguró que creía que la causa había sido el medicamento abortivo que Banta presuntamente había colocado en su bebida sin su consentimiento, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Parker.
La investigación llevó a las autoridades a confiscar el teléfono móvil de Banta, en el que posteriormente identificaron intentos deliberados de borrar información clave relacionada con el caso.
El acusado, utilizando sus habilidades técnicas como empleado del Departamento de Justicia, habría accedido de forma remota al dispositivo mientras estaba bajo custodia policial y forzado un “restablecimiento” para eliminar evidencia, explicó la Oficina del Sheriff en declaraciones recogidas por People.
“Los investigadores del sheriff creen que Banta realizó un ‘reinicio’, borrando así pruebas cruciales relacionadas con el caso”, indicó el comunicado.
El pasado viernes 6 de junio, las autoridades emitieron una orden de arresto contra Banta y lo detuvieron por los cargos de intento de asesinato capital y manipulación de pruebas.
Según registros de la cárcel del Condado de Parker revisados por People, Banta fue liberado el mismo día después de pagar una fianza de 500.000 dólares por el cargo de intento de asesinato capital y una de 20.000 dólares por la manipulación de pruebas.
El caso sigue siendo investigado, y las autoridades locales han señalado que aún se están recopilando evidencias adicionales para ser presentadas en futuras audiencias judiciales, donde se decidirá finalmente la resolución de las imputaciones. “Las investigaciones aún están activas y el caso está en espera de ser procesado”, afirmó la Oficina del Sheriff del Condado de Parker a la BBC.
Texas, donde sucedieron los hechos, tiene leyes extremadamente restrictivas en cuanto al aborto, permitiendo la interrupción del embarazo solo en circunstancias médicas severas. Desde 2021, el estado prohíbe los procedimientos de terminación del embarazo después de detectar latidos fetales, alrededor de la sexta semana de gestación.
Sin embargo, los expertos advierten que situaciones como esta subrayan los riesgos adicionales que enfrentan las mujeres al navegar en un contexto legal cada vez más restrictivo en este ámbito.
Este caso ha generado un amplio interés, tanto por las acusaciones graves contra Banta, como por las implicaciones legales y políticas que podrían derivarse de este tipo de delitos relacionados con sustancias controladas que afectan a embarazos sin el consentimiento de las mujeres.
Las próximas semanas serán cruciales para determinar las posibles consecuencias penales y sociales de los hechos imputados.
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