Líbano insiste en la expulsión del embajador de Irán, a pesar de la oposición de Hezbollah

La determinación del Gobierno de Líbano de retirar la acreditación al embajador designado de Irán en Beirut, Mohammad Reza Sheibani, ha desatado una crisis política que desafía la cohesión interna del país. En medio de la guerra entre Hezbollah e Israel, la administración libanesa mantiene su resolución de declarar persona non grata al diplomático del régimen iraní y lo ha conminado a abandonar el territorio nacional antes del próximo domingo, lo que intensifica las tensiones entre el Ejecutivo y las facciones chiitas.

Según el medio The National, la decisión responde al rechazo de las autoridades a continuar tolerando interferencias extranjeras en el conflicto actual con Israel, al tiempo que marca una clara confrontación con sectores que tradicionalmente han ostentado influencia decisiva en el sistema político libanés.

Uno de los elementos que distingue este momento interno radica en que ninguno de los cuatro ministros nombrados por Hezbollah y el Movimiento Amal —bajo la dirección del presidente del Parlamento, Nabih Berri y tradicionales aliados del gobierno de Irán— asistió a la reunión de gabinete del jueves, convocada para analizar el impacto de la guerra sobre Líbano. Solo el ministro chiita Fadi Makki, sin vínculo de nominación ni con Hezbollah ni con Amal, estuvo presente, defendiendo su asistencia como una “necesidad nacional para asegurar el funcionamiento de los asuntos públicos y enfrentar el agravamiento de los retos”, pese a manifestar su desacuerdo con la medida tomada sobre el embajador.

El ausentismo coordinado de los representantes de las facciones chiitas es interpretado no únicamente como protesta por la expulsión del embajador, sino como un síntoma de una insatisfacción más amplia con la gestión actual.

Un alto funcionario del grupo terrorista Hezbollah declaró que la decisión “no se basa en ninguna evidencia, es puramente política”. El vocero enfatizó que el distanciamiento del gabinete tiene raíces más profundas: “El Gobierno ha estado en desacuerdo con la resistencia desde hace mucho tiempo, antes incluso del estallido de la guerra”. Para Hezbollah, la medida incrementa la división política y social justamente cuando Líbano enfrenta los efectos de una escalada bélica impuesta desde el exterior.

La intervención de Irán agrava la crisis interna

Líbano se inmiscuyó abiertamente en el conflicto regional el 2 de marzo, cuando Hezbollah lanzó cohetes hacia Israel en respuesta a bombardeos que causaron la muerte del líder supremo iraní, Ayatollah Ali Khamenei. El Gobierno liderado por el primer ministro Nawaf Salam condenó tanto los ataques israelíes como la apertura de un nuevo frente por parte de la milicia chiita, acusando a Hezbollah de empujar al país a una guerra ajena y dictada externamente.

En palabras del primer ministro reproducidas por The National, “las operaciones militares de Hezbollah en la guerra actual con Israel están siendo dirigidas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC)”.

El ministro de Relaciones Exteriores, Yousef Raggi, responsable de formalizar la expulsión de Sheibani, fue nominado por las Fuerzas Libanesas —bloque liderado por cristianos y tradicional adversario de Hezbollah—.

Voceros cercanos a Raggi aseguraron que el canciller consultó al presidente Joseph Aoun y al primer ministro Salam antes de ejecutar la decisión, pero no al presidente del Parlamento, Nabih Berri, lo que fue confirmado también por fuentes opuestas a la medida: “Definitivamente Raggi no consultó con Berri. Y nadie lo hizo”, reconoció un portavoz contrario a la expulsión, reiterando que “la separación de poderes según la Constitución otorga total jurisdicción al ministro de Exteriores para actuar en este sentido”.

El Movimiento Amal, aliado de Hezbollah y dirigido por Berri, ha exigido que el Gobierno revierta la medida, argumentando la necesidad de reforzar la unidad nacional en un momento de continuos ataques de Israel, que mantiene su ofensiva terrestre sobre el sur del país.

El ministro de Información Paul Morcos informó que, durante la última sesión del gabinete, no se abordó la situación del embajador debido a la ausencia de los principales ministros. El temario se centró en el desplazamiento de personas y el impacto de las hostilidades en las distintas áreas de la vida libanesa.

El Gobierno de Líbano también ha solicitado que los oficiales del IRGC abandonen el país bajo amenaza de arresto, ampliando la ofensiva diplomática contra la injerencia de Teherán.

Denuncias ante la ONU y reconfiguración fronteriza

En paralelo a la crisis política interna, la administración libanesa prepara una queja formal ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por las acciones israelíes que, según el Gobierno, amenazan su soberanía. The National informó que Israel impulsa una “nueva zona de seguridad” al sur del río Litani, como declaró el ministro de Defensa israelí Israel Katz el martes, en un contexto de enfrentamientos armados permanentes con Hezbollah en la frontera.

La continuidad de los ataques y las presiones sobre la administración liderada por Salam ponen a prueba la viabilidad política del Estado libanés. En palabras del funcionario del grupo chiita, la exclusión del embajador iraní y la reacción oficial equivalen a “provocar una disputa política e interna en pleno tiempo de guerra”.