Estados Unidos ha intensificado su enfrentamiento con la Corte Penal Internacional (CPI) al imponer sanciones a cuatro de sus jueces debido a su participación en investigaciones y acciones legales que han provocado fricciones diplomáticas significativas.
El anuncio fue realizado por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien explicó que estas sanciones son una respuesta directa a lo que las autoridades estadounidenses consideran “acciones ilegítimas” de la CPI en su jurisdicción sobre ciudadanos tanto estadounidenses como israelíes.
Las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump forman parte de una estrategia más amplia para contrarrestar las acciones del tribunal, especialmente tras la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el ministro de defensa Yoav Gallant por su presunta implicación en crímenes de guerra durante el conflicto contra el grupo terrorista Hamas en Gaza.
Los jueces afectados por las sanciones son Solomy Balungi Bossa de Uganda, Luz del Carmen Ibáñez Carranza de Perú, Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou de Benín, y Beti Hohler de Eslovenia. Estos jueces han desempeñado un papel clave no solo en la aprobación de las órdenes de arresto mencionadas, sino también en la autorización de investigaciones sobre abusos cometidos por estadounidenses en Afganistán. Esto ha motivado una fuerte reacción de Washington, que defiende la soberanía de sus ciudadanos y su sistema judicial nacional.
Rubio destacó que la CPI ha politizado sus operaciones, adjudicándose una autoridad ilimitada para investigar, procesar y acusar a nacionales de Estados Unidos y de sus aliados, sin la aprobación de estos países. Según Rubio, esta es una manifestación peligrosa de un abuso de poder que vulnera la soberanía y la seguridad nacional de Estados Unidos y de naciones aliadas como Israel.
En respuesta a estas acciones, la CPI emitió un comunicado desde su sede en La Haya, denunciando las sanciones de EEUU como un “claro intento” de socavar la independencia de la corte. La declaración enfatizó que la CPI opera bajo el mandato de 125 Estados Partes, y reiteró su compromiso de respaldar a su personal en el cumplimiento de sus funciones judiciales internacionales, a pesar de las presiones externas. La CPI se mantiene firme en su misión de perseguir crímenes graves, como crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluso cuando enfrenta oposición de potencias mundiales que no reconocen su autoridad en casos específicos.
Este desencuentro refleja una lucha más amplia en el ámbito del derecho internacional. La CPI fue instituida para asegurar que los crímenes más atroces sean castigados y no queden impunes. Sin embargo, la falta de reconocimiento por parte de naciones influyentes como Estados Unidos, China, Rusia e Israel, pone de relieve las dificultades a las que enfrenta el tribunal en el cumplimiento de su mandato cuando los casos involucran a los ciudadanos de estos países.
(Con información de AFP y EFE)
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