Polémica en Texas por propuesta de ley que exige que los Diez Mandamientos sean visibles en las aula de clase

La Cámara de Representantes de Texas aprobó de manera preliminar una propuesta de ley que obligaría a las escuelas públicas del estado a mostrar los Diez Mandamientos en todas las aulas.

Con 88 votos a favor y 49 en contra, el proyecto de ley SB10 avanza en un contexto de amplio debate sobre la separación entre iglesia y estado y el impacto de las decisiones recientes del Tribunal Supremo.

Según reportó Newsweek, la iniciativa ha sido respaldada por legisladores republicanos y enfrenta oposición de los demócratas, que intentaron en vano incluir enmiendas para ampliar el alcance a otros textos religiosos o traducciones de los mandamientos.

Texas cuenta con más de 9.100 escuelas públicas que educan a casi seis millones de estudiantes, posicionándolo como el segundo sistema educativo más grande de Estados Unidos. Las implicaciones de la aprobación de esta medida no son menores.

Según la agencia de noticias The Associated Press, podrían desencadenarse desafíos legales inmediatos y potencialmente influenciar acciones similares en otros estados. En la actualidad, leyes equivalentes existen en Louisiana y Arkansas, aunque en el caso de Louisiana fue bloqueada por un juez federal al declararla “inconstitucional en su esencia”.

El proyecto de ley establece que cada aula deberá contar con una copia enmarcada o un póster de 41 por 51 centímetros con una versión específica en inglés de los Diez Mandamientos, un formato estandarizado incluido en la legislación.

Además, la propuesta coincide con el avance de otra medida religiosa que permitiría a los distritos escolares ofrecer tiempo voluntario de oración diaria o lectura de textos religiosos durante las horas de clase. Según Newsweek, los promotores sostienen que estas medidas tienen un propósito educativo, legal y espiritual.

La propuesta ha encontrado respaldo de figuras clave dentro del Partido Republicano. La representante Candy Noble, copatrocinadora del proyecto, afirmó que “el enfoque de esta ley es observar aquello que históricamente es importante para nuestra nación en los ámbitos educativo y judicial”.

Por su parte, el representante republicano Brent Money señaló que los estudiantes necesitan cada vez más conexiones espirituales: “Deberíamos estar alentando a nuestros estudiantes a leer y estudiar su Biblia todos los días. Nuestros niños en las escuelas públicas necesitan oración, necesitan leer la Biblia, ahora más que nunca”.

El contexto no es ajeno a un historial de sentencias relevantes del Tribunal Supremo que han moldeado el delicado equilibrio entre religión y la esfera pública.

En 2005, el entonces fiscal general y actual gobernador de Texas, Greg Abbott, defendió exitosamente ante el Tribunal Supremo la permanencia de un monumento de los Diez Mandamientos en los terrenos del Capitolio estatal. Este precedente subraya el apoyo continuo de Abbott a displays religiosos, una postura que resuena con la medida actual.

Sin embargo, la aprobación del SB10 no ha estado exenta de escepticismo por parte de algunos legisladores y activistas. El representante demócrata James Talarico criticó que la votación se realizara durante un fin de semana y argumentó que el propio texto bíblico señala la importancia de “recordar el día de reposo y santificarlo”, en lo que consideró una contradicción implícita en la legislación.

Además, expertos legales han advertido que la ley podría enfrentarse a desafíos constitucionales, dado que otros intentos similares han sido desestimados en el pasado en tribunales federales.

Decisiones recientes del Tribunal Supremo han permitido que fondos públicos se destinen a entidades religiosas, generando un marco jurídico que algunos interpretan como favorable a iniciativas como el SB10.

No obstante, la postura del Tribunal no siempre ha sido uniforme: esta misma semana, un voto empatado frenó la aprobación de una escuela charter católica financiada públicamente en Oklahoma, lo que implica que la aprobación de esta legislación podría entrar en un terreno legal incierto.

Las próximas semanas serán cruciales para determinar si este proyecto de ley avanza a implementación total o si enfrenta los desafíos legales y sociales ya anticipados.