La Corte Suprema de EEUU mantiene el bloqueo al uso de Ley de Enemigos Extranjeros para deportar venezolanos

La Corte Suprema de Estados Unidos determinó que la administración del Gobierno Federal no podrá, por el momento, deportar a un grupo de migrantes venezolanos acusados de pertenecer a una organización criminal, al menos hasta que se resuelva si la ley invocada para tal propósito es aplicable. En una decisión tomada el viernes, los magistrados devolvieron el caso al tribunal de apelaciones del Quinto Circuito, que deberá considerar si la Alien Enemies Act (Ley de Enemigos Extranjeros), una ley de tiempos de guerra promulgada hace más de dos siglos, puede utilizarse para expulsar a migrantes vinculados con el Tren de Aragua, una banda criminal originaria de Venezuela.

La decisión representa un revés significativo para la estrategia de deportación acelerada impulsada por el gobierno federal, quien había intentado aplicar esta legislación poco usada para ejecutar expulsiones sin procedimientos judiciales ordinarios. En su orden, el tribunal también instruyó al tribunal inferior que evalúe qué tipo de aviso debe proporcionar el gobierno a los migrantes para permitirles impugnar su deportación.

Aunque la Corte Suprema ya había autorizado de manera provisional el uso de la ley en abril, condicionó su aplicación a que los migrantes tuvieran la oportunidad de presentar recursos legales. Desde entonces, varios jueces de tribunales inferiores han señalado que la administración ha excedido los límites de la legislación, la cual sólo puede utilizarse en contextos de “invasión” o “incursión predatoria”.

El uso de la Alien Enemies Act en un contexto sin guerra activa, bajo cuestionamiento judicial

La Alien Enemies Act, aprobada en 1798, fue concebida para permitir al gobierno federal la detención o deportación de ciudadanos de países enemigos durante conflictos armados. Sin embargo, no había sido empleada en décadas hasta que la administración de Trump intentó activarla para deportar a migrantes venezolanos.

El argumento de la administración se basa en que la presencia de grupos como el Tren de Aragua constituye una amenaza de seguridad nacional similar a una incursión hostil. Aun así, varios jueces federales han cuestionado si la situación actual califica como un contexto de guerra o invasión, tal como exige el texto de la ley.

De acuerdo con documentos judiciales citados por The New York Times, los magistrados también expresaron inquietudes sobre la legalidad del procedimiento mediante el cual se notificó a los detenidos. En particular, indicaron que deben analizarse las garantías de debido proceso, ya que muchos de los migrantes recibieron notificaciones en inglés sin asistencia legal ni explicaciones sobre su derecho a impugnar la medida.

Acción urgente de la ACLU ante deportaciones inminentes y fallos contradictorios

El caso escaló rápidamente después de que abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) fueran notificados de que varios migrantes venezolanos detenidos en Texas, presuntamente vinculados al Tren de Aragua, estaban siendo trasladados en autobuses hacia el aeropuerto para su deportación inmediata. La organización respondió presentando una demanda de emergencia ante un tribunal federal en Abilene, Texas, en nombre de dos de los detenidos.

El juez James W. Hendrix, designado durante el primer mandato de Trump, se negó a emitir una orden que detuviera temporalmente las expulsiones. Frente a esa negativa, la ACLU solicitó la intervención de la Corte Suprema. Tras la medianoche del 19 de abril, los jueces actuaron con rapidez y emitieron una orden temporal bloqueando las deportaciones hasta nuevo aviso.

“La Corte ordena que el gobierno no remueva a ningún miembro del grupo de detenidos propuesto hasta nueva orden”, decía la notificación, según informó The New York Times. Desde entonces, la solicitud de emergencia permanecía pendiente mientras se evaluaban los argumentos.

Disputa sobre la notificación a los detenidos y el derecho a presentar recursos legales

Uno de los puntos más debatidos en el litigio es si el gobierno cumplió con la orden previa de la Corte Suprema, que exigía notificar adecuadamente a los migrantes para que pudieran ejercer su derecho a impugnar las deportaciones. La administración afirmó haber proporcionado un aviso suficiente, señalando que los afectados tuvieron “tiempo adecuado para presentar” recursos legales.

No obstante, la ACLU argumentó que el procedimiento empleado por el gobierno fue contrario a la orden judicial. En su réplica ante el tribunal, la organización explicó que los migrantes recibieron formularios en inglés, sin traducción, sin ser entregados a sus abogados y sin ninguna mención al derecho a cuestionar su designación como “enemigos”.

“El gobierno entregó a los detenidos un formulario sólo en inglés, que no fue compartido con ningún abogado, y que en ninguna parte mencionaba el derecho a impugnar la designación o la deportación, mucho menos explicar cómo podían hacerlo”, señalaron los abogados de la ACLU en su presentación judicial.

Disidencia de los jueces Alito y Thomas y próximos pasos en el tribunal de apelaciones

No todos los magistrados estuvieron de acuerdo con la decisión. El juez Samuel A. Alito Jr. emitió un voto disidente, al que se unió el juez Clarence Thomas, aunque no se detallaron los fundamentos específicos de su oposición en la orden pública.

La resolución de la Corte establece que la suspensión de las deportaciones se mantendrá hasta que el Quinto Circuito de Apelaciones emita un fallo sobre el fondo del caso. Posteriormente, la Corte Suprema podría volver a intervenir si alguna de las partes presenta una apelación.

Mientras tanto, el uso de una ley de guerra para ejecutar deportaciones masivas seguirá bajo escrutinio. El caso no sólo afecta a los migrantes venezolanos detenidos, sino que podría sentar un precedente importante sobre los límites del poder ejecutivo en materia migratoria y sobre el alcance de los derechos procesales de los no ciudadanos durante situaciones de seguridad nacional.