Un juez federal podría decidir próximamente si amplía una orden judicial preliminar que bloqueó parcialmente una política que prohíbe el uso del marcador de género “X” en pasaportes, utilizado por muchas personas no binarias.
Según informó Newsweek, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) ha solicitado al tribunal que extienda esta medida cautelar, inicialmente limitada a seis demandantes, para que también beneficie a otras personas transgénero y no binarias afectadas por la normativa.
Esta disputa legal se relaciona con el regreso de Trump a la presidencia en enero, cuando emitió una orden ejecutiva que instruía al gobierno federal a definir el sexo únicamente como masculino o femenino en documentos oficiales, como pasaportes, visas y tarjetas de Global Entry.
De acuerdo con Newsweek, el Departamento de Estado dejó de emitir documentos de viaje con el marcador de género “X”, una opción disponible para ciudadanos estadounidenses desde 2022, y también suspendió la posibilidad de que las personas cambiaran el género registrado en sus pasaportes para reflejar su identidad de género en lugar del sexo asignado al nacer.
En respuesta, la ACLU presentó una demanda en febrero ante el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Massachusetts en representación de un grupo de demandantes transgénero.
El 18 de abril, la jueza federal Julia Kobick falló a favor de la solicitud de una orden judicial preliminar presentada por la ACLU, argumentando que los demandantes probablemente prevalecerían en su reclamo de que la política constituye una forma de discriminación sexual inconstitucional bajo la Quinta Enmienda. Además, la jueza concluyó que el Departamento de Estado probablemente había violado la Ley de Procedimientos Administrativos.
En su fallo, Kobick señaló que la política de pasaportes “impone una desventaja especial a los demandantes debido a su sexo” y, por lo tanto, discrimina en función de este.
La orden judicial obligó al Departamento de Estado a permitir que seis personas transgénero y no binarias, quienes son demandantes en el caso, obtuvieran pasaportes con designaciones de sexo acordes con su identidad de género. Sin embargo, no extendió esta protección a otras personas transgénero afectadas por la normativa.
Posteriormente, en abril, la ACLU presentó una moción para que el tribunal certificara dos clases de personas perjudicadas por la política de pasaportes y ampliara la orden judicial preliminar para incluirlas.
Según los abogados de la organización, estas clases abarcarían a todas las personas que deseen, ahora o en el futuro, un pasaporte estadounidense con una designación de sexo “F” o “M” diferente al sexo asignado al nacer, o con una designación de sexo “X”.
En un memorando de apoyo a la moción, los abogados argumentaron que todos los miembros de estas clases enfrentan el mismo daño irreparable que los seis demandantes originales si no pueden obtener un pasaporte con la designación de sexo que desean. Esto los obligaría a utilizar documentos que contradicen su identidad de género o a renunciar por completo al uso de un pasaporte.
Por su parte, los abogados del gobierno se opusieron a la moción en un documento presentado el miércoles, argumentando que los demandantes no han presentado pruebas suficientes para demostrar que los miembros de las clases propuestas sufrirían un daño irreparable.
Según el gobierno, extender la orden judicial a miles de personas, además de cualquier posible cambio en la política, generaría confusión e incertidumbre en las políticas gubernamentales.
Jessie Rossman, directora legal de la ACLU de Massachusetts, expresó en abril que la política de la administración actual ataca los fundamentos del derecho a la privacidad y la libertad de ser uno mismo al obligar a las personas a portar documentos que contradicen directamente sus identidades.
Rossman afirmó que es esencial garantizar que todas las personas puedan vivir y viajar de manera segura y que la organización continuará luchando para rescindir esta política que considera ilegal.
El Departamento de Estado, por su parte, ha defendido la política en su sitio web, citando la orden ejecutiva emitida por la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, titulada “Defendiendo a las Mujeres del Extremismo de la Ideología de Género y Restaurando la Verdad Biológica en el Gobierno Federal”.
Según esta orden, ya no se emitirán pasaportes ni informes consulares de nacimiento en el extranjero con el marcador “X”. Solo se emitirán documentos con los marcadores “M” o “F” que coincidan con el sexo biológico asignado al nacer.
El próximo paso en este caso será una audiencia programada para el 27 de mayo, en la que se evaluará la moción de certificación de clases y la posible ampliación de la orden judicial preliminar para incluir a las personas afectadas por la política de pasaportes.
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