
La deportación de tres niños ciudadanos estadounidenses junto a sus madres indocumentadas ha generado un nuevo debate sobre las políticas migratorias de la administración de Donald Trump. Según publicó NBC News, los niños, todos menores de 10 años, fueron enviados en vuelos de deportación a solicitud de sus madres, según explicó el funcionario Tom Homan en una conferencia de prensa reciente. Uno de los niños afectados se encontraba en tratamiento por cáncer y fue deportado sin su medicación.
Durante la rueda de prensa, Homan defendió las acciones del gobierno, argumentando que los padres pusieron a sus familias en esa situación al ingresar y permanecer ilegalmente en el país. “Si entras ilegalmente, sabes que te expones a consecuencias,” declaró Homan, quien actualmente se desempeña como zar de la frontera de la Casa Blanca. Además, aseguró que la deportación fue una decisión parental, ya que las madres solicitaron que sus hijos viajaran con ellas.
La situación fue puesta en cuestión por el juez federal Terry Doughty, quien expresó dudas sobre si las madres dieron su consentimiento de manera válida. Según documentó NBC News, el juez señaló que “el Gobierno sostiene que todo está bien porque las madres querían que sus hijos fueran deportados con ellas, pero la Corte no sabe eso con certeza.”
Declaraciones oficiales sobre la deportación

Tom Homan enfatizó que la administración estaba “manteniendo juntas a las familias” al permitir que los niños acompañaran a sus madres en el proceso de deportación. Aseguró que uno de los casos involucraba a una madre que firmó documentos para que su hijo de dos años saliera del país con ella. “Esto es una decisión parental. Parenting 101 (refiriéndose a conceptos básicos de crianza en Estados Unidos)”, sostuvo el funcionario durante su comparecencia.
Además, Homan reiteró que el hecho de que los menores fueran ciudadanos estadounidenses no alteraría el curso de las deportaciones. Según sus propias declaraciones, advirtió a los inmigrantes indocumentados: “Pongan sus asuntos en orden y váyanse por su cuenta“.
Uno de los menores deportados se encontraba recibiendo tratamiento para cáncer en etapa 4 y, según reportó NBC News, fue enviado fuera del país sin su medicación. Aunque el gobierno argumentó que las madres solicitaron la deportación conjunta, el juez federal Terry Doughty advirtió que no existía certeza sobre si ese consentimiento fue libre y plenamente informado.
Críticas legales y de defensores de inmigración

Abogados especializados en inmigración cuestionaron el proceso de deportación, señalando que los procedimientos fueron apresurados y no ofrecieron a las familias opciones alternativas. Gracie Willis, abogada del National Immigration Project, expresó en declaraciones a The Independent que las madres deportadas “no tuvieron oportunidad de comunicarse con otras personas para tomar decisiones familiares importantes.”
También se destacó que en uno de los casos, el padre de un menor intentó transferir la custodia legal del niño a un pariente residente en Estados Unidos, pero la acción fue impedida por la rapidez del procedimiento, informó The Independent. Según estos informes, la falta de comunicación impidió evaluar si existían otras soluciones que evitaran la salida forzada del país de los menores ciudadanos.
Por su parte, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió las acciones realizadas y declaró a The New York Times que es habitual que los padres solicitantes de asilo o en procesos de deportación prefieran ser removidos junto con sus hijos. Tricia McLaughlin, funcionaria del DHS, aseguró que el gobierno “se toma muy en serio la responsabilidad de proteger a los niños” y continuará trabajando con las autoridades federales para garantizar su seguridad durante el proceso migratorio para asegurar su bienestar.
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