El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, formalizó este jueves la imposición de nuevas tarifas portuarias a los buques construidos y operados por China, con el objetivo de reducir la dependencia de la infraestructura marítima del régimen de Beijing, reforzar la industria naval estadounidense y proteger la seguridad nacional, según un plan presentado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).
La medida, que surge de una investigación ordenada durante el gobierno de Joe Biden bajo la Sección 301 del Código de Comercio, impone una serie de recargos a embarcaciones chinas que arriben a puertos estadounidenses. El primer tramo de estas tarifas entrará en vigor dentro de seis meses, y contempla un arancel de 50 dólares por tonelada neta, que aumentará de forma escalonada en los tres años siguientes.
Además, las tarifas se aplicarán también por contenedor, en función del volumen de mercancías transportadas, y no por el número de puertos tocados, sino por cada ingreso al país. Los buques de transporte de automóviles y los portacontenedores tendrán tarifas diferenciadas, mientras que los navíos construidos en China pero que lleguen vacíos a Estados Unidos estarán exentos.
Los fondos recaudados se destinarán directamente a reactivar la producción naval estadounidense, que ha sido desplazada en las últimas décadas hacia la fabricación de buques militares y hoy representa apenas el 0,1 % de la producción global.
La USTR señaló que la iniciativa busca contrarrestar “las amenazas a la cadena de suministro nacional” y enviar una señal clara de demanda para embarcaciones construidas en Estados Unidos.
Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), China domina el sector de la construcción naval mundial, siendo responsable de casi la mitad de los buques lanzados anualmente. Junto a Corea del Sur y Japón, controla más del 95 % de la construcción naval civil. Esta concentración ha sido interpretada por Washington como una forma de influencia estructural en el comercio global.
La segunda fase de las medidas, programada para comenzar en tres años, impondrá restricciones progresivas al uso de buques extranjeros para el transporte de gas natural licuado (GNL), una industria clave en la balanza comercial de Estados Unidos, que actualmente lidera las exportaciones mundiales del combustible.
La iniciativa recibió el respaldo de los sindicatos del acero y la industria naval, que saludaron la decisión como un estímulo necesario para recuperar capacidad industrial y empleo local. “Estas tarifas representan un paso concreto para devolver el liderazgo marítimo a Estados Unidos”, expresó la USTR.
No obstante, la decisión también generó críticas. Empresas estadounidenses importadoras advirtieron que las tarifas equivalen a un arancel encubierto, que incrementará los costos logísticos y afectará el precio de bienes esenciales. Sectores como el agrícola también manifestaron preocupación.
Angie Craig, representante demócrata de Minnesota y líder del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, afirmó que “las tarifas amenazan la competitividad de los agricultores estadounidenses en los mercados internacionales”.
Durante una audiencia pública celebrada en marzo, representantes del sector naviero argumentaron que la política no solo encarecería el transporte, sino que podría disrumpir el flujo comercial, elevar precios al consumidor y afectar la actividad portuaria en Estados Unidos. Varios exponentes señalaron que la posición dominante de China en el sector se ha consolidado durante dos décadas, y que difícilmente podrá ser revertida con tarifas aisladas.
En paralelo, Adam Shaffer, vicepresidente de comercio internacional de la Asociación de Materiales Reciclados (ReMA), celebró la exclusión de tarifas a los buques vacíos, aunque advirtió que la organización seguirá analizando el impacto del resto de las medidas sobre sus miembros.
El anuncio marca un nuevo capítulo en la prolongada guerra comercial entre Estados Unidos y China, reforzando el mensaje de que el gobierno estadounidense considera estratégico reducir su exposición a la infraestructura industrial controlada por Pekín, y fortalecer la producción interna frente a la expansión del poder marítimo del régimen chino.
(Con información de Bloomberg y AFP)
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