Baños para personas transgénero quedan restringidos tras firma de ley en Montana

Las personas transgénero en Montana ya no podrán utilizar baños, vestuarios ni áreas de descanso en edificios públicos que no coincidan con su sexo asignado al nacer. La medida entró en vigor luego de que el gobernador republicano Greg Gianforte firmó una nueva ley el jueves 27 de marzo, en un contexto de creciente debate sobre los derechos de las personas trans en Estados Unidos.

La normativa afecta a edificios financiados por el Estado como el Capitolio estatal, escuelas públicas, prisiones, bibliotecas, cárceles y refugios para víctimas de violencia doméstica. Según el nuevo texto legal, estos espacios deberán ofrecer instalaciones diferenciadas para hombres y mujeres, y se prohibirá que personas transgénero accedan a aquellas que no coincidan con el sexo que se les asignó al nacer.

Además, la ley redefine el concepto de sexo dentro de la legislación estatal, basándose en la biología reproductiva y los cromosomas de una persona. Esta definición fue previamente invalidada por un tribunal estatal en una resolución emitida en 2024, que la consideró inconstitucional, pero el nuevo texto legal la restituye como criterio oficial. La normativa no establece procedimientos para que el personal de los edificios públicos verifique el sexo de los usuarios.

La ley establece una distinción binaria del sexo basada en criterios biológicos

La nueva legislación establece expresamente que solo existen dos sexos: masculino y femenino. Este enfoque va en contra de lo dictado por un juez estatal a principios de 2024, quien había anulado una definición similar por considerarla incompatible con la Constitución estatal. A pesar del precedente judicial, la ley se promulgó sin modificaciones en este aspecto, lo que podría dar pie a nuevas impugnaciones legales.

En cuanto al uso de instalaciones, la normativa indica que los espacios deben estar separados según esta definición binaria. Como resultado, un hombre transgénero que haya realizado una transición médica —desarrollando características como vello facial, mayor masa muscular y voz grave— deberá, según la ley, hacer uso del baño de mujeres. La medida no contempla exenciones ni mecanismos para situaciones particulares, lo que ha generado inquietudes sobre su aplicación práctica.

La Associated Press informó que la ley no especifica cómo las autoridades deberán comprobar el sexo de una persona en los espacios públicos regulados, lo que podría provocar interpretaciones variables y dificultades en su implementación. Esta omisión también ha sido señalada como un posible punto de conflicto en futuras acciones legales.

Argumentos a favor y en contra: el debate entre seguridad y derechos individuales

La representante republicana Kerri Seekins-Crowe, promotora de la ley, defendió su contenido afirmando que no busca excluir a nadie, sino garantizar “espacios seguros para las mujeres”. La legisladora insistió en que el objetivo es proteger la privacidad en baños, vestuarios y áreas para dormir dentro de las instalaciones estatales, especialmente en lugares como escuelas y refugios.

No obstante, legisladores demócratas manifestaron su oposición frontal a la medida. Advirtieron que esta complicaría la vida cotidiana de miembros del Legislativo que son personas transgénero o no binarias. En particular, señalaron el impacto sobre la representante demócrata Zooey Zephyr, de Missoula, quien ha sido una de las voces más visibles en defensa de los derechos trans en el estado.

Zephyr fue sancionada por sus colegas republicanos en 2023 tras intervenir en el pleno con declaraciones que cuestionaban una ley previa sobre atención médica a menores trans. En esta ocasión, criticó el nuevo texto legal afirmando que podría fomentar un clima de hostilidad en los espacios públicos. Según recogió AP, Zephyr advirtió que la norma podría “dar luz verde” a que algunas personas se sientan con derecho a controlar o vigilar el género de otras en lugares como baños o vestuarios, lo cual incrementaría las tensiones sociales.

El texto legal contempla acciones judiciales contra quienes no impidan el acceso

Uno de los elementos más controvertidos de la ley es la posibilidad que otorga a particulares para demandar a instituciones públicas si estas no cumplen con las nuevas restricciones. Cualquier persona podrá iniciar una acción legal contra un edificio estatal que permita a una persona transgénero usar instalaciones que no coincidan con su sexo asignado al nacer.

Si el demandante obtiene un fallo favorable, podrá recibir una indemnización simbólica —por lo general de 1 dólar— pero la entidad pública deberá cubrir todos los costos legales del proceso. Este mecanismo introduce un incentivo económico para litigar, que ha sido criticado por organizaciones defensoras de los derechos civiles al considerar que podría utilizarse para hostigar a las personas trans y a las entidades que no apliquen de forma estricta la normativa.

AP señala que, aunque el texto legal está redactado en términos generales, su aplicación puede generar conflictos jurídicos si se enfrentan interpretaciones divergentes entre demandantes y responsables de las instituciones afectadas. Esta ambigüedad normativa, unida a su contradicción con fallos judiciales previos, podría desencadenar una nueva ola de litigios en tribunales estatales y federales.

Una ley que se suma a un patrón nacional de legislación restrictiva

La legislación firmada en Montana se inscribe en una serie de medidas similares impulsadas en varios estados con gobiernos republicanos. Estas iniciativas suelen centrarse en el acceso a espacios públicos, el reconocimiento legal del género y las intervenciones médicas relacionadas con la transición de género, especialmente en menores de edad.

Aunque la ley ya está en vigor, sus consecuencias jurídicas y sociales aún están por verse. Diversos grupos de derechos civiles y defensores de las personas trans han advertido que evaluarán la posibilidad de recurrirla ante los tribunales, apoyándose en precedentes como el fallo de 2024 que declaró inconstitucional una definición similar del sexo.

La entrada en vigor de esta ley en Montana vuelve a situar en el centro del debate nacional la tensión entre las políticas de identidad de género y la legislación estatal, en un momento en que los tribunales federales también comienzan a pronunciarse sobre la constitucionalidad de este tipo de restricciones.