El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, anunció este lunes la imposición de un nuevo arancel del 25% sobre el comercio con terceros países que compren petróleo o gas de Venezuela. La medida, denominada “arancel secundario”, entraría en vigor el 2 de abril de 2025, fecha que calificó como “Día de la Liberación en Estados Unidos”.
Los principales operadores internacionales en el sector petrolero venezolano, además de Chevron, cuya salida del país está prevista para el 5 de abril, incluyen a Repsol, de España, y a ENI, de Italia. También mantienen presencia en el país las compañías estatales de China, India y Gazprom, de Rusia, que han sostenido vínculos energéticos con el gobierno de Nicolás Maduro en los últimos años.
La medida adoptada por Donald Trump también es leída por algunos analistas en Washington como un mensaje velado a Rusia y las consecuencias que podrían derivarse si el Kremlin decide postergar indefinidamente su invasión a Ucrania y se niega recurrentemente a firmar un cese el fuego con Kiev.
Según la publicación en Truth Social, la decisión responde a “numerosas razones”, entre ellas, la acusación de que el régimen venezolano ha enviado “de forma intencional y engañosa” a decenas de miles de presuntos criminales a territorio estadounidense. Trump aseguró que entre los grupos criminales involucrados se encuentra el Tren de Aragua, al que atribuyó la designación de “Organización Terrorista Extranjera”.
“Estamos en proceso de devolverlos a Venezuela. ¡Es una tarea enorme!”, escribió Trump.
Trump dijo que el régimen de Venezuela ha mostrado una actitud “muy hostil” hacia Estados Unidos y hacia las libertades que Washington defiende. En consecuencia, advirtió que cualquier nación que adquiera energía fósil venezolana deberá pagar un arancel del 25% sobre “cualquier comercio” que mantenga con Estados Unidos.
Trump aseguró que la medida será registrada y oficializada, e indicó que agencias como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Patrulla Fronteriza y demás organismos policiales han sido notificados.
Reactivación de deportaciones
Un avión de la aerolínea estatal Conviasa, procedente de Honduras, con 199 venezolanos deportados desde Estados Unidos, aterrizó la madrugada de este lunes en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía que sirve a Caracas, reactivando así los vuelos de repatriación que habían estado suspendidos desde febrero, en medio de un tenso cruce de acusaciones entre el dictador, Nicolás Maduro, y Trump.
“Hoy estamos recibiendo 199 compatriotas”, declaró el ministro del Interior y Justicia de la dictadura, Diosdado Cabello, desde la terminal aérea, en una alocución transmitida por la televisión estatal.
Según el funcionario chavista, este es el cuarto vuelo de deportación directa desde Estados Unidos, luego de operativos anteriores, que incluyeron salidas desde El Paso, Texas, y una repatriación de 177 migrantes recluidos en Guantánamo, Cuba, también a través de Honduras.
Las deportaciones fueron suspendidas tras un nuevo deterioro en las relaciones entre ambos países. La dictadura de Nicolás Maduro acusó al Departamento de Estado de “bloquear” los vuelos, mientras que Estados Unidos revocó la licencia que permitía a la petrolera Chevron operar en Venezuela, como represalia, por lo que describió como incumplimientos en materia migratoria por parte del régimen.
El acuerdo para la repatriación de migrantes se alcanzó en enero, tras la visita a Caracas de Richard Grenell, enviado especial del presidente Donald Trump.
Venezuela y Estados Unidos rompieron relaciones diplomáticas en 2019, durante el primer mandato de Trump, tras la fraudulenta reelección de Maduro en 2018.
Washington tampoco reconoció los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024, en las que Maduro se proclamó ganador de un tercer mandato, en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición, que respalda al ex embajador Edmundo González Urrutia, hoy en el exilio.
Desde 2014, cerca de ocho millones de venezolanos han abandonado el país, empujados por la combinación de colapso económico, hiperinflación y deterioro institucional. Aunque el régimen ha atribuido la crisis a las sanciones de EEUU, organismos independientes señalan una década de mala gestión, corrupción y persecución política como causas principales del éxodo.
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