El juez federal Theodore Chuang en Maryland ha limitado la capacidad de la administración Trump para realizar arrestos por inmigración en lugares de culto pertenecientes a tres comunidades religiosas: los cuáqueros, la Comunidad Bautista Cooperativa y el Templo Sikh.
La decisión responde a una demanda presentada por estos grupos, quienes argumentaron que la política de inmigración de 2025, implementada por la administración Trump, viola sus derechos constitucionales y obstaculiza el libre ejercicio de su religión.
Según informó el tribunal, la medida cautelar ordena a la administración restablecer las protecciones establecidas en un memorando de 2021 de la era de Joe Biden, que restringía las acciones de control migratorio en lugares protegidos, como escuelas, instalaciones médicas y lugares de culto.
De acuerdo con la medida, la política de 2025 ha generado una disminución significativa en la asistencia a los servicios religiosos de estas comunidades. El juez Chuang concluyó que esta situación afecta de manera adversa el ejercicio religioso de los demandantes, al limitar su capacidad de congregarse con una comunidad diversa y numerosa, como lo exigen sus creencias.
La orden judicial, sin embargo, tiene un alcance limitado y solo aplica a los lugares de culto propiedad de los demandantes o utilizados por ellos.
Impacto en las comunidades religiosas y sus derechos constitucionales
El juez Chuang, designado por el expresidente Barack Obama, determinó que la política de inmigración de 2025 impone una “carga sustancial” sobre el ejercicio religioso de los grupos demandantes. Según detalló el tribunal, la presencia de agentes armados en los lugares de culto y la posibilidad de arrestos han generado temor entre los asistentes, incluyendo inmigrantes con estatus legal, quienes temen ser confundidos con las personas en situación irregular.
Este ambiente de intimidación ha reducido la participación en los servicios religiosos, afectando el núcleo de las prácticas comunitarias de estas religiones.
En su opinión de 59 páginas, Chuang señaló que las acciones de control migratorio en estos espacios “obligan efectivamente” a las comunidades religiosas a modificar su comportamiento, al restringir su capacidad de practicar su fe con una congregación diversa y numerosa. Según el juez, esta situación viola tanto la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos como la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa, que protege el libre ejercicio de la religión frente a interferencias gubernamentales.
El memorando de 2021 y las restricciones a las acciones migratorias
El memorando de 2021, emitido por el entonces secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, establecía que las acciones de control migratorio no debían realizarse en lugares “que requieran protección especial”, como escuelas, hospitales y lugares de culto, “en la mayor medida posible”.
Este documento buscaba garantizar que las actividades religiosas y comunitarias no se vieran interrumpidas por operativos de inmigración. Sin embargo, la administración Trump revocó esta política en su primer día en el cargo, argumentando que no era necesario establecer reglas claras sobre dónde se podían aplicar las leyes de inmigración.
El Departamento de Seguridad Nacional, bajo la administración Trump, justificó la nueva directiva señalando que “los criminales ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar ser arrestados”. Según un comunicado oficial, la administración confía en que las fuerzas del orden utilicen “el sentido común” al decidir dónde realizar arrestos.
Las comunidades religiosas demandantes
Los cuáqueros, compuestos por seis reuniones de la Sociedad Religiosa de los Amigos, argumentaron que el aspecto comunitario de su culto es esencial para su fe. Esta comunidad, que ha practicado la religión cuáquera en Estados Unidos desde el siglo XVII, considera que la reducción en la asistencia a sus reuniones afecta directamente su capacidad de ejercer su religión de manera plena.
Por su parte, la Cooperative Baptist Fellowship, una red de más de 1.400 congregaciones en 37 estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico, destacó que muchas de sus iglesias tienen una alta proporción de inmigrantes entre sus miembros. Algunas de estas congregaciones participan activamente en ministerios centrados en inmigrantes y refugiados, lo que las hace especialmente vulnerables a las políticas de control migratorio en sus lugares de culto.
El Templo Sikh, ubicado cerca de Sacramento, California, también se ha visto afectado. Según documentos judiciales, aproximadamente la mitad de su congregación está compuesta por inmigrantes. La comunidad sikh ha señalado que la diversidad y el tamaño de su congregación son fundamentales para su práctica religiosa, y que las acciones de control migratorio han socavado su capacidad de congregarse libremente.
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