Florida ha reforzado su colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener y deportar a inmigrantes indocumentados con historial criminal. Los sheriffs de los 67 condados del estado han firmado acuerdos con las autoridades federales para aplicar el programa 287(g), que permite a los agentes locales actuar en coordinación con ICE para la identificación y detención de personas en situación migratoria irregular. Este esfuerzo responde a la política de la administración del presidente Donald Trump para acelerar las deportaciones y reforzar el control migratorio.
El acuerdo permite a los sheriffs de cada condado participar en el Warrant Service Officer (WSO), un programa que autoriza a agentes capacitados a ejecutar órdenes de detención migratoria dentro de las cárceles locales. Como explicó el sheriff de Pinellas County, Bob Gualtieri, en una conferencia de prensa en Winter Haven: “El objetivo es detener y deportar lo más rápido posible a los criminales ilegales, las amenazas a la seguridad pública y nacional, así como aquellos que han sido deportados y regresaron ilegalmente”.
Funcionamiento del programa y detención de inmigrantes
La iniciativa permite que los inmigrantes detenidos en cárceles locales sean retenidos por hasta 48 horas antes de ser entregados a ICE, evitando su liberación. Como explicó el sheriff de Charlotte County, Bill Prummell, los agentes locales podrán emitir órdenes de detención cuando un inmigrante indocumentado sea arrestado por otro delito. “Si tienen una detención de ICE, nuestra gente puede ejecutar esa orden y mantenerlos en custodia hasta que ICE los recoja”, declaró Prummell en conferencia de prensa.
El programa WSO se espera que esté completamente implementado en 15 a 30 días, con un entrenamiento acelerado para los agentes. Las autoridades de Florida afirman que este sistema evitará que personas con antecedentes penales sean liberadas y reincidan en delitos. “Es mejor deportarlos directamente desde la cárcel en lugar de dejarlos salir a la calle”, enfatizó Gualtieri.
Sin embargo, aunque el estado está implementando el programa de detención y deportación, enfrenta una gran limitación: la falta de espacio en las cárceles. El sheriff de Polk County, Grady Judd, advirtió que el sistema penitenciario estatal no tiene suficientes camas para sostener el incremento de detenciones. Según Judd, las autoridades federales solo cuentan con 2,000 camas en Florida, las cuales ya están ocupadas.
“No hay capacidad en las cárceles para marcar una diferencia significativa. Si no se crean más espacios, el sistema se colapsará en días”, declaró Judd. La Asociación de Sheriffs de Florida está realizando un inventario de camas disponibles para evaluar soluciones. Según Fox News, las reuniones con ICE, cada viernes a las 2 p.m. incluyen discusiones sobre ampliar la capacidad de detención en el estado.
Nuevas leyes estatales endurecen las sanciones
El gobierno de Ron DeSantis ha respaldado la iniciativa con leyes más estrictas contra la inmigración irregular. Durante una sesión especial de la legislatura de Florida, se aprobó el proyecto SB 4-C, que establece como delito estatal el ingreso o intento de ingreso ilegal a Florida. Quienes violen esta norma enfrentarán una sentencia obligatoria de nueve meses de cárcel.
Además, se creó la Junta Estatal de Cumplimiento de la Inmigración, integrada por el propio DeSantis, el comisionado de Agricultura Wilton Simpson, el procurador general James Uthmeier y el director financiero Jimmy Patronis. Esta junta, que debe tomar decisiones por unanimidad, nombró a Larry Keefe, exfiscal federal, como su director ejecutivo.
Organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por el impacto de las nuevas medidas. La American Civil Liberties Union (ACLU) de Florida advirtió que estas políticas podrían derivar en perfiles raciales y discriminación. “Esta ley y la retórica que la rodea fomentarán la discriminación racial y el miedo en comunidades inmigrantes”, afirmó Kara Gross, directora legislativa de la organización, según WLRN.
Sin embargo, los sheriffs han rechazado estas acusaciones. Judd, de Polk County, calificó estas preocupaciones como infundadas: “Estamos cansados de escuchar esas tonterías. No hay lugar para esa clase de argumentos. Solo estamos siguiendo la ley y asegurándonos de que los criminales sean deportados”, señaló.
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