Diez exguardias penitenciarios son acusados de asesinato por la muerte de Robert Brooks en Nueva York

Diez exoficiales de corrección han sido imputados por la muerte de Robert Brooks, un recluso de 43 años que falleció tras ser golpeado en la Marcy Correctional Facility, en el estado de Nueva York. Según ABC News, el gran jurado presentó cargos por asesinato en segundo grado, homicidio involuntario en primer grado y agresión en pandilla contra los exguardias, quienes presuntamente participaron en el ataque ocurrido en diciembre de 2024.

El incidente quedó registrado en imágenes de cámaras corporales, que muestran a varios oficiales golpeando y pateando a Brooks mientras estaba esposado y restringido en una camilla de la enfermería. Según NBC News, Brooks murió al día siguiente en un hospital debido a múltiples lesiones internas y asfixia causada por la compresión del cuello.

Las investigaciones revelaron que, antes del ataque, Brooks había solicitado asistencia médica por un problema de salud no especificado. Fue trasladado a la enfermería de la prisión, donde se produjo la agresión que terminó con su vida. De acuerdo con fuentes judiciales, varios de los oficiales imputados habrían alegado en sus informes iniciales que el recluso se mostró agresivo y que fue necesario el uso de la fuerza para contenerlo, versión que las imágenes de video contradicen.

Detalles de la acusación y los cargos presentados

El gran jurado identificó a seis de los acusados como Nicholas Anzalone, David Kingsley, Anthony Farina, Christopher Walrath, Mathew Galliher y un sexto oficial cuyo nombre no ha sido revelado. Estos enfrentan los cargos más graves, incluyendo asesinato en segundo grado y homicidio involuntario en primer grado. Además, Walrath y el oficial no identificado también fueron acusados de agresión en pandilla en segundo grado.

Otros cuatro exguardias, Michael Mashaw, Michael Fisher, David Walters y Nicholas Gentile, fueron imputados por homicidio involuntario en segundo grado y manipulación de pruebas. Según el acta de acusación, los oficiales no solo participaron activamente en la agresión, sino que también omitieron detener el ataque o brindar asistencia médica inmediata.

Mashaw, quien tenía el rango más alto dentro de la enfermería, fue señalado por no ordenar el cese de la violencia, mientras que Walters habría instruido a una enfermera para que no ingresara al área donde Brooks estaba siendo atacado. Estas omisiones habrían contribuido directamente a la muerte del recluso.

El traslado de Brooks y los eventos previos a su muerte

Brooks fue transferido desde la Mohawk Correctional Facility a la Marcy Correctional Facility el 9 de diciembre de 2024. Según la acusación, poco después de su llegada, fue llevado a la enfermería, donde comenzaron las agresiones. Aunque estaba esposado y apenas ofrecía resistencia, los oficiales lo golpearon, estrangularon y patearon en reiteradas ocasiones.

El informe de la autopsia reveló que Brooks sufrió fracturas en el cuello, daños en el cartílago tiroideo, lesiones internas en el hígado y el bazo, y contusiones en los genitales. También se determinó que murió por asfixia, ya que su vía respiratoria fue bloqueada, lo que provocó que se ahogara con su propia sangre.

Las grabaciones de las cámaras corporales y su impacto público

El 27 de diciembre de 2024, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, hizo públicos fragmentos de las grabaciones de las cámaras corporales de los oficiales involucrados. En las imágenes se observa a Brooks siendo golpeado repetidamente en la cara, el torso y los genitales mientras se encuentra inmovilizado en una camilla. Su rostro aparece visiblemente ensangrentado y se pueden escuchar sus intentos de pedir ayuda antes de perder la conciencia.

La publicación de los videos provocó una ola de indignación y llevó a la familia de Brooks a presentar una demanda civil contra 17 empleados de la prisión. En la querella, se les acusa de uso excesivo de la fuerza y de violaciones a los derechos humanos.

El hijo de la víctima, Robert Brooks Jr., emitió un comunicado en el que expresó su dolor y exigió justicia: “Nada puede devolvernos a mi padre. Estos hombres lo mataron frente a las cámaras. Esperar estos cargos ha sido increíblemente difícil”.

Reacciones de las autoridades y la postura del sindicato de oficiales

La gobernadora Hochul calificó el ataque como “repugnante” y aseguró que Brooks debería estar vivo hoy. En un comunicado, afirmó que tomó medidas inmediatas para garantizar que los responsables fueran despedidos y enfrentaran la justicia. Además, anunció que la Policía Estatal de Nueva York fue desplegada para realizar los arrestos de los implicados.

Por otro lado, el New York State Correctional Officers and Police Benevolent Association, sindicato que representa a los oficiales de prisiones, condenó el incidente y lo describió como “incomprensible”. No obstante, también advirtieron que este tipo de procesos judiciales podrían aumentar la violencia y la imprevisibilidad dentro del sistema penitenciario.

El proceso judicial y las implicaciones legales

Los diez acusados comparecieron en la corte la semana pasada y se declararon no culpables de los cargos presentados en su contra. Un décimo oficial, cuyo nombre no ha sido revelado, no pudo asistir a la audiencia inicial, pero se espera que comparezca en los próximos días. Según ABC News, este último no es considerado un riesgo de fuga.

Además del proceso penal, la familia de Brooks ha impulsado su demanda civil, con el objetivo de obtener una compensación y establecer precedentes que ayuden a prevenir futuros casos de abuso dentro del sistema penitenciario. Elizabeth Mazur, abogada de la familia, declaró que este caso demuestra un patrón de violencia y encubrimiento dentro de las prisiones de Nueva York.

La muerte de Robert Brooks ha reavivado el debate sobre la supervisión y la rendición de cuentas en el sistema penitenciario del estado. Mientras el proceso judicial avanza, la familia de la víctima y organizaciones de derechos humanos exigen que este caso sirva como un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad y los abusos en las cárceles del país.