Especialistas en derecho migratorio presentan demandas por los traslados de indocumentados a Guantánamo

El traslado de más de 150 migrantes venezolanos a la base militar estadounidense en Guantánamo Bay, Cuba, ha desatado una ola de cuestionamientos legales y éticos sobre la autoridad del gobierno de los Estados Unidos para llevar a cabo esta medida. Esta decisión, impulsada por la administración de Donald Trump, ha generado al menos tres demandas judiciales y ha movilizado a organizaciones de derechos humanos para desafiar la política en los tribunales.

La base de Guantánamo, conocida por su uso como centro de detención para sospechosos de terrorismo, se encuentra en un territorio peculiar desde el punto de vista legal. Aunque está ubicada en suelo cubano, Estados Unidos ejerce control exclusivo sobre ella debido a un contrato de arrendamiento perpetuo. Sin embargo, el traslado de migrantes plantea interrogantes sobre si existe una base legal clara para detener a personas en este lugar por motivos migratorios.

Especialistas en derecho migratorio han señalado que no existe una base legal clara en las leyes federales para detener a no ciudadanos fuera del territorio estadounidense por razones migratorias. Aunque Guantánamo ha sido utilizado previamente para albergar a sospechosos de terrorismo bajo la autorización del Congreso tras los ataques del 11 de septiembre, los migrantes venezolanos no están vinculados a Al Qaeda ni a actividades terroristas.

¿Es legal el traslado de migrantes a Guantánamo?

De acuerdo con The New York Times, la legalidad de esta medida es incierta. La Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos permite al gobierno detener a migrantes con órdenes finales de deportación y trasladarlos entre instalaciones dentro del territorio estadounidense, definido como los 50 estados, Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes y las Islas Marianas del Norte. Sin embargo, esta definición no incluye a Guantánamo.

Además, la ley permite transferir migrantes a otros países, pero solo si el país receptor acepta recibirlos y si los migrantes no tienen vínculos personales con dicho lugar. En este caso, Cuba no ha otorgado permiso para que los venezolanos sean llevados a su territorio.

Ante la falta de una autorización legal explícita, expertos como Ahilan T. Arulanantham, profesor de derecho migratorio en la Universidad de California, Los Ángeles, han señalado que la administración podría intentar justificar la medida apelando a poderes presidenciales inherentes bajo la Constitución. Sin embargo, Arulanantham expresó dudas sobre la viabilidad de este argumento, destacando que la regulación de la inmigración ha sido históricamente una competencia del Congreso.

En el pasado, la base también ha servido como punto de procesamiento para migrantes cubanos y haitianos interceptados en alta mar. En estos casos, el gobierno ha argumentado que estas personas no tienen derechos constitucionales ni de inmigración porque nunca han pisado suelo estadounidense. Sin embargo, incluso en esas circunstancias, las autoridades han evitado clasificar su estancia como detención, alegando que los migrantes siempre tienen la opción de regresar a sus países de origen.

Acceso a representación legal

Otro punto de controversia es el acceso de los migrantes a abogados. Según reportó el diario neoyorquino, organizaciones de asistencia legal han presentado demandas para garantizar que los migrantes puedan comunicarse con representantes legales. En Estados Unidos, toda persona en su territorio, independientemente de su estatus migratorio, tiene derechos constitucionales, incluyendo el debido proceso y el acceso a un abogado.

Los demandantes argumentan que estos derechos acompañan a los migrantes en la base naval, pero en la práctica, la mayoría de ellos no tiene medios para comunicarse con abogados. Hasta ahora, el Departamento de Justicia ha permitido que tres migrantes, cuyos familiares se unieron a la demanda, hablen con abogados por teléfono. Sin embargo, el manejo de los casos restantes por parte de la administración Trump sigue siendo incierto.

El Pentágono ha descrito el traslado como una medida temporal, destinada a mantener a los migrantes en Guantánamo hasta que puedan ser enviados a su país de origen o a otro destino adecuado. Sin embargo, la repatriación de venezolanos enfrenta obstáculos debido a la ruptura de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y el gobierno autoritario de Venezuela.

La ley de inmigración estadounidense establece que un no ciudadano debe ser deportado en un plazo de 90 días tras recibir una orden de expulsión. Si no es posible deportarlo dentro de ese periodo, el gobierno debe liberarlo bajo supervisión, salvo que se considere una amenaza para la seguridad pública.

En este contexto, la administración Trump ha calificado a los migrantes como criminales y miembros de la peligrosa banda Tren de Aragua, aunque no está claro si esta acusación aplica a todos los detenidos. Según The New York Times, en un informe al Congreso se indicó que el único criterio para ser trasladado a Guantánamo es ser ciudadano venezolano con una orden final de deportación.

Aunque los migrantes están oficialmente bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la mayoría de ellos son vigilados por personal militar en Guantánamo. Algunos están alojados en instalaciones de menor seguridad gestionadas por la Guardia Costera, mientras que otros se encuentran en prisiones de alta seguridad utilizadas previamente para sospechosos de terrorismo.

Esto plantea preocupaciones sobre las condiciones de detención y el cumplimiento de las normas del ICE, que incluyen requisitos específicos como el tiempo de recreación para los detenidos. Además, el uso de tropas para tareas de aplicación de la ley podría entrar en conflicto con la Ley Posse Comitatus, que prohíbe el uso de militares en funciones policiales, salvo excepciones como la Ley de Insurrección, que no ha sido invocada en este caso.