La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes 7 de enero la Ley Laken Riley, una legislación que refuerza las políticas migratorias y endurece la detención de inmigrantes en situación irregular que cometan delitos relacionados con el robo. La propuesta, impulsada por los republicanos, se aprobó con 264 votos a favor y 159 en contra, con el respaldo de 48 demócratas y la totalidad de los republicanos presentes.
El proyecto de ley, que lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante de enfermería de 22 años asesinada en noviembre de 2024, pasará ahora al Senado, donde los republicanos, que recientemente obtuvieron el control de la cámara alta, planean someterlo a votación este viernes. La fecha coincide con lo que habría sido el cumpleaños número 23 de Riley, según confirmó NBC News.
La muerte de Riley se convirtió en un punto clave en el debate sobre seguridad fronteriza durante la campaña electoral de 2024. José Ibarra, un ciudadano venezolano en situación irregular en el país, fue condenado por el asesinato de Riley mientras ella hacía ejercicio cerca del campus de la Universidad de Georgia en Atenas. Un tribunal halló a Ibarra culpable de secuestro, agresión y asesinato, sentenciándolo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Donald Trump, durante su campaña, destacó el caso de Riley como un ejemplo de las fallas en el sistema migratorio y atribuyó la responsabilidad a las políticas de inmigración de la administración de Joe Biden. Trump sostuvo que Ibarra, quien había sido previamente arrestado por robo en tiendas (shoplifting) en Georgia, no fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debido a que no se emitió una orden de detención.
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, celebró la aprobación de la legislación, calificándola como una respuesta necesaria a la crisis migratoria. “Vamos a detener y deportar a los inmigrantes ilegales que cometan robos, hurtos y crímenes violentos. No puedo entender cómo alguien podría oponerse a esto”, declaró Johnson a CBS News.
La legislación fue presentada por el representante Mike Collins, republicano de Georgia, quien argumentó que el asesinato de Riley evidenció vacíos en el sistema de inmigración. El proyecto de ley exige que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y ICE detengan y tomen custodia de inmigrantes indocumentados que sean acusados de delitos de hurto, robo o asalto, independientemente de su nivel de violencia.
El contexto político
De acuerdo con The New York Times, el voto reflejó una creciente división dentro del Partido Demócrata respecto a la política migratoria. Los 48 demócratas que apoyaron el proyecto de ley representan, en su mayoría, distritos en disputa o están en campaña para cargos estatales. Entre ellos se encuentran los senadores electos Ruben Gallego de Arizona y Elissa Slotkin de Michigan, quienes votaron a favor de la legislación cuando aún eran miembros de la Cámara de Representantes.
La rápida aprobación de la Ley Laken Riley refleja la estrategia de los republicanos de impulsar políticas migratorias estrictas tras obtener el control del Congreso y la Casa Blanca. La administración de Trump ha prometido priorizar medidas de seguridad fronteriza, deportaciones y cambios radicales en las políticas de asilo.
El representante Tom Emmer, republicano de Minnesota, calificó la legislación como “un regreso a los valores estadounidenses de sentido común”. Emmer afirmó que la ley es solo el inicio de una serie de propuestas para reforzar la seguridad fronteriza.
Si el Senado aprueba la Ley Laken Riley, representará un cambio significativo en las políticas migratorias de Estados Unidos, ampliando el alcance de los delitos que pueden llevar a la deportación de inmigrantes indocumentados. Actualmente, las leyes permiten la deportación de no ciudadanos que hayan sido condenados por al menos dos delitos menores, pero la nueva legislación podría incluir a aquellos que simplemente hayan sido acusados de delitos relacionados con el robo.
La legislación también permitiría que los fiscales generales estatales demanden al gobierno federal si consideran que las políticas de inmigración han perjudicado a sus estados. Este punto ha sido particularmente controvertido, ya que podría permitir que los estados conservadores influyan directamente en la aplicación de la ley migratoria a nivel nacional.
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