El impacto económico de las deportaciones masivas: ¿Cuánto perdería EEUU sin los inmigrantes indocumentados?

Durante una reciente entrevista televisada en el programa “Meet the Press”, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, detalló una serie de políticas que pretende implementar desde el primer día de su próximo mandato, entre las cuales figura un plan de deportaciones masivas dirigido a millones de inmigrantes indocumentados.

En la entrevista, conducida por Kristen Welker, Trump reiteró su promesa de deportar a millones de inmigrantes que viven ilegalmente en el país. Según explicó, el enfoque inicial estará en los inmigrantes indocumentados con antecedentes penales, aunque reconoció que el objetivo se ampliará a otros grupos.

Trump también sugirió que es necesario implementar “reglas, regulaciones y leyes” más estrictas para evitar la entrada ilegal al país y mencionó su intención de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento, un principio consagrado en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. Para lograrlo, indicó que podría buscar enmendar la Constitución o recurrir a otras medidas legales.

“En primer lugar, nos están costando una fortuna”, declaró Trump al justificar el costo económico que, según él, generan los inmigrantes indocumentados. Sin embargo, estas afirmaciones han sido objeto de intensos debates en círculos económicos y académicos, donde numerosos estudios demuestran que los migrantes sin documentación aportan significativamente a la economía del país.

A pesar de la retórica de Trump, los inmigrantes indocumentados son una pieza clave en diversos sectores de la economía estadounidense. Según estimaciones del Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP), los inmigrantes sin documentación contribuyen anualmente con cerca de 12.000 millones de dólares en impuestos estatales y locales.

Este monto incluye pagos por impuestos sobre la renta, impuestos a las ventas y otras contribuciones indirectas, muchas veces realizadas a través de números de identificación fiscal individuales (ITIN), aun cuando no tienen un estatus migratorio regularizado, según Telemundo.

Además, el informe del ITEP señala que si estos inmigrantes obtuvieran un camino hacia la legalización, las contribuciones fiscales podrían aumentar en al menos 2.000 millones de dólares adicionales por año, ya que más trabajadores estarían formalmente incorporados al sistema fiscal. Por su parte, Pew Research Center estima que aproximadamente 8 millones de inmigrantes indocumentados forman parte de la fuerza laboral, representando casi el 5% del total de trabajadores en el país.

Sectores como la agricultura, la construcción, los servicios de limpieza y la hostelería dependen particularmente de la mano de obra de estos trabajadores. Según la Federación Americana de Oficinas Agrícolas (AFBF), los inmigrantes indocumentados constituyen al menos el 50% de la fuerza laboral agrícola. La ausencia de estos trabajadores podría provocar aumentos significativos en los costos de producción y, en consecuencia, en los precios de los alimentos, afectando a los consumidores estadounidenses.

El plan de deportaciones masivas planteado por Trump no solo tendría implicaciones sociales, sino también efectos económicos potencialmente negativos. Un estudio del Center for American Progress (CAP) calcula que la expulsión de los aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados que residen en Estados Unidos podría reducir el producto interno bruto (PIB) en 1,6 mil millones de dólares durante un período de 10 años. Esto se debe, en parte, a la disminución de la mano de obra en sectores clave y al impacto en la demanda de bienes y servicios.

Además, las deportaciones podrían generar importantes costos logísticos y administrativos para el gobierno federal. Un informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), elaborado durante la primera administración de Trump, estimó que ejecutar un programa de deportaciones masivas podría costar alrededor de 114.000 millones de dólares, incluyendo gastos de detención, transporte y procesamiento judicial. Estos costos contrastan con los ingresos fiscales y el impulso económico que generan los inmigrantes indocumentados al participar en la economía.

Por otro lado, expertos señalan que la deportación de trabajadores indocumentados también podría llevar al cierre de pequeñas empresas, ya que muchos empleadores dependen de esta mano de obra. Esto tendría un efecto cascada en las comunidades locales, especialmente en estados con alta población inmigrante como California, Texas, Nueva York y Florida, donde la actividad económica está profundamente entrelazada con la fuerza laboral inmigrante.

Entre las pocas excepciones al enfoque rígido de Trump hacia la inmigración se encuentran los Dreamers, jóvenes inmigrantes traídos ilegalmente al país cuando eran niños y que han crecido en Estados Unidos. Trump expresó su disposición a trabajar con los demócratas en una solución legislativa que permita a este grupo permanecer en el país legalmente.

Muchos Dreamers han completado estudios universitarios, han iniciado negocios y desempeñan un papel activo en la economía. “Vamos a tener que hacer algo con ellos”, dijo Trump, reconociendo las contribuciones de este grupo al tejido social y económico del país.

No obstante, Trump no ofreció detalles sobre cómo lograría un acuerdo bipartidista en un Congreso profundamente polarizado. Durante su primer mandato, su administración intentó finalizar el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), pero fue bloqueada por los tribunales. Ahora, los Dreamers permanecen en una situación legal incierta.