En el estado de Carolina del Sur, las autoridades buscan reanudar las ejecuciones penales adoptando métodos controvertidos, como la silla eléctrica y el pelotón de fusilamiento, en medio de un debate sobre la crueldad de estas prácticas. Este intento se produce después de una pausa de casi 13 años sin ejecuciones, periodo durante el cual los fármacos utilizados para la inyección letal caducaron y las compañías se negaron a suministrar más al sistema penitenciario sin garantías de anonimato.
Durante una audiencia de 90 minutos, cargada de interrogantes jurídicos y técnicos, en la Corte Suprema del estado los magistrados se centraron en analizar la relevancia de los métodos propuestos por Carolina del Sur, cuestionando la efectividad y humanidad del pelotón de fusilamiento, utilizado únicamente tres veces en los últimos 50 años en Utah, y la silla eléctrica, en uso desde 1912, según lo publicado por FOX News.
La batalla legal presenta un futuro incierto para los 33 reos actualmente en el corredor de la muerte en Carolina del Sur. Aunque el estado sostiene que ambas formas de ejecución se alinean con la ley, testimonios de expertos durante un juicio en 2022 confirmaron el potencial sufrimiento extremo que estos métodos podrían causar.
Los abogados de cuatro de estos presos, que han agotado sus apelaciones, aseguran que la ejecución constituyen castigos crueles e inhumanos. Según publicó CBS News, el argumento de los demandantes reside en el sufrimiento atroz que podrían experimentar los condenados, sea por una silla que “cocina” el cuerpo con 2.000 voltios de electricidad, o por balas que deben acertar en el corazón para ser efectivas. “Quiero asegurar que sea lo más humano posible”, afirmó John Blume, abogado de los reclusos.
A este escenario se suma la preocupación sobre la transparencia en el proceso de ejecución, especialmente con la introducción del sedante pentobarbital como método único para inyecciones letales, reemplazando el anterior esquema de tres drogas en este tipo de pena de muerte.
El Gobierno de Carolina del Sur, representado por Grayson Lambert, defiende que ninguno de los métodos propuestos viola las normas existentes sobre ejecuciones, subrayando que “los tribunales nunca han establecido que la muerte deba ser instantánea o indolora”, publicó The Associated Press.
Además de las disputas sobre los métodos de ejecución, hay una polémica en torno a la ley “escudo” de Carolina del Sur, que permite mantener en anonimato la identidad de las compañías farmacéuticas y los detalles específicos sobre las ejecuciones. Lindsey Vann, abogada de Justice 360, una organización que defiende a los reos y aboga por la transparencia, enfatizó en la falta de transparencia en entrevista con CBS News, argumentando que ningún reo en el país ha sido ejecutado con tan poca claridad sobre cómo se realizaría su ejecución.
El estado enfrenta un panorama cambiante en cuanto a la pena de muerte, con una reducción significativa de condenas a muerte nuevas y el número de reclusos en el corredor de la muerte, pasando de más de 60 a 33 desde la última ejecución en 2011. Este cambio se atribuye a apelaciones con éxito, el agotamiento de los fármacos para inyecciones letales y la negativa de las compañías a vender más sin garantías de anonimato, además de un enfoque creciente en acuerdos de culpabilidad a cambio de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Pero Carolina del Sur no es el único. Otros estados han buscado alternativas ante la escasez nacional de fármacos para la inyección letal. Alabama, por ejemplo, recientemente ejecutó a un reo mediante hipoxia por nitrógeno, un método que ha sido cuestionado por su falta de pruebas previas. Si la Corte permite reanudar las ejecuciones y no hay más apelaciones exitosas, Carolina del Sur podría volver a utilizar su cámara de la muerte, inactiva desde mayo de 2011.
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