El ex presidente estadounidense Donald Trump enfrenta nuevos cargos en la investigación del Departamento de Justicia sobre documentos confidenciales. El ex mandatario republicano fue imputado porque él y sus asesores le pidieron a un miembro del personal que borrara una grabación de las cámaras de vigilancia de su finca de Florida para obstruir las investigaciones sobre documentos confidenciales.
Las acusaciones adicionales de obstrucción a la justicia y retención deliberada de información de defensa nacional fueron añadidas el jueves al acta de acusación por el equipo del fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith.
Un nuevo acusado, Carlos De Oliveira, también fue incorporado al caso.
Trump y su ayudante, Waltine Nauta, fueron acusados el mes pasado y ambos se han declarado inocentes de todos los cargos en su contra.
De acuerdo al escrito judicial, Oliveira era el empleado de mantenimiento que ayudó a Nauta a mover cajas de documentos clasificados en la citada residencia floridana después de que el Departamento de Justicia de EEUU citara por primera vez a Trump por el caso de los documentos clasificados en mayo pasado.
Las imágenes de vigilancia en el complejo Mar-a-Lago han sido durante mucho tiempo fundamentales para la investigación porque, según los fiscales, mostraban a Nauta moviendo cajas de documentos dentro y fuera de un almacén, incluso un día antes de una visita de funcionarios del FBI y del Departamento de Justicia.
Un portavoz de Trump desestimó las nuevas acusaciones como “nada más que un continuo intento desesperado y vacilante” de la administración Biden “de acosar al presidente Trump y a quienes le rodean” y de influir en la carrera presidencial de 2024.
Las nuevas acusaciones se centran en imágenes de vigilancia en la finca de Trump en Mar-a-Lago, Palm Beach. Se alega que Trump pidió que se borraran las imágenes después de que investigadores del FBI y del Departamento de Justicia le visitaran en junio de 2022 para recoger documentos clasificados que se llevó consigo tras abandonar la Casa Blanca un año antes. Los agentes de la ley emitieron una citación para las imágenes después de percatarse de la presencia de cámaras de vigilancia mientras estaban allí.
La acusación cita a un administrador de Mar-a-Lago, Carlos De Oliveira, que dijo a un colega que el “jefe” quería que se borrara un servidor que albergaba las imágenes. De Oliveira acudió a la oficina de informática el pasado mes de junio, llevó a un empleado a una pequeña sala conocida como “armario de audio” y le preguntó cuántos días conservaba el servidor las grabaciones.
Cuando el empleado dijo que no creía que pudiera borrar las grabaciones, De Oliveira insistió en que el “jefe” quería que se hiciera, preguntando: “¿Qué vamos a hacer?”.
De Oliveira fue añadido a la acusación, acusado de obstrucción y declaraciones falsas relacionadas con una entrevista que concedió al FBI a principios de este año.
La acusación sustitutiva imputa a Trump un cargo adicional de retención intencionada de información de defensa nacional, relacionado con una entrevista en julio de 2021 en su club de golf de Bedminster, Nueva Jersey, en la que el ex presidente habló de planes militares estadounidenses para atacar a otro país. La entrevista era para unas memorias que estaba escribiendo su antiguo jefe de gabinete, Mark Meadows, quien en su posterior libro nombró a ese país como Irán.
Según la acusación, Trump devolvió ese documento, marcado como alto secreto y no aprobado para mostrar a ciudadanos extranjeros, al gobierno federal el 17 de enero de 2022.
Esto marca un cambio notable en el enfoque de la fiscalía en el caso de Trump, acusándolo de retener un documento que, según alega, el ex presidente sabía que era altamente sensible después de dejar el cargo, y no sólo por no devolverlo al gobierno cuando se le pidió.
Tanto Trump como Nauta se han declarado inocentes.
(Con información de AP y EFE)
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