Estados Unidos ampliará un año más la declaración de emergencia nacional relacionada con Cuba, vigente desde 1996, que impide a embarcaciones estadounidenses ingresar a aguas territoriales cubanas.
“Estoy extendiendo la emergencia nacional con respecto a Cuba” relativa a “la regulación del anclaje y movimiento de embarcaciones”, indica el documento firmado por el presidente estadounidense, Joe Biden, difundido por la Casa Blanca.
La declaración señala que “la entrada no autorizada de cualquier embarcación registrada en Estados Unidos en aguas territoriales cubanas sigue siendo perjudicial para la política exterior estadounidense” y “podría facilitar una migración masiva desde Cuba”
“El gobierno cubano no ha demostrado que se abstendrá del uso excesivo de la fuerza contra embarcaciones o aeronaves estadounidenses que puedan participar en actividades conmemorativas o protestas pacíficas al norte de Cuba”, indica la proclamación firmada por Biden.
“Sigue siendo política de los Estados Unidos que una migración masiva desde Cuba pondría en peligro la seguridad nacional al plantear una perturbación o amenaza de perturbación de las relaciones internacionales”, continúa el documento.
La declaración de emergencia fue impuesta por el ex presidente Bill Clinton en marzo de 1996, después de que cazas cubanos Mig derribaran dos avionetas de los Hermanos al Rescate el 24 de febrero de ese año, con un saldo de cuatro muertos.
Este grupo solía llevar a cabo búsquedas de balseros que huían de la isla en embarcaciones precarias.
Cuba enfrenta un embargo estadounidense desde 1962, flexibilizado tras el restablecimiento de relaciones en 2015.
En 2016, Washington autorizó que pasajeros de cruceros pudieran hacer escala en Cuba, una decisión que fue revertida por el ex presidente Donald Trump (2017-2021).
La administración del republicano recrudeció en gran medida las sanciones contra La Habana, en una política que ha variado muy poco con su sucesor.
El pasado martes, los fiscales generales de 20 estados de EEUU pidieron a una corte federal que emita una medida cautelar que congele un programa humanitario que concede un permiso migratorio a ciudadanos de Haití, Nicaragua, Venezuela y Cuba.
En un documento judicial, los estados demandantes piden a un juez en Texas que pause el programa como medida cautelar mientras la corte decide sobre el caso.
A finales de enero, los fiscales generales presentaron una demanda solicitando a la corte que se de fin al programa, que permite a los migrantes de cuatro países de Latinoamérica solicitar un permiso para vivir y trabajar legalmente en EEUU.
Los demandantes argumentan que la decisión del gobierno de Joe Biden de dar luz verde al programa humanitario fue “arbitraria y caprichosa”.
A su vez, aseguran que el programa, que tiene un límite máximo de 30.000 permisos humanitarios al mes, supone un gasto de millones de dólares para los estados que tiene que proveer de “servicios a los migrantes”.
La demanda está suscrita por los fiscales de estados como Florida, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas y Kentucky, entre otros, y está dirigida contra el Departamento de Seguridad Nacional y su titular, Alejandro Mayorkas, así como contra las agencias federales encargadas de velar por la seguridad fronteriza y de regular la migración hacia EEUU.
Paralelo a los beneficios migratorios, el gobierno de Biden ha implementado una política de devoluciones en caliente, por medio de una normativa sanitaria conocida como Título 42, que permite a las autoridades migratorias expulsar a México a los ciudadanos de estos países sin darles oportunidad de pedir asilo.
El Título 42, una norma heredada del mandato del ex presidente Donald Trump (2017-2021), ha permitido más de 2,5 millones de expulsiones de migrantes desde que entró en vigor en 2020, según datos del International Rescue Committee.
(Con información de AFP y EFE)
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